Los abogados del expresidente Donald Trump han pedido a un juez de la Corte Suprema de Nueva York que desbloquee los documentos judiciales y la correspondencia relacionados con el próximo juicio penal, el primer juicio penal contra un expresidente o un presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos.
Hasta ahora, el expediente público ha permanecido vacío desde que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó al expresidente Trump el pasado mes de abril. Los expedientes se hacen públicos días después de su presentación para permitir a las partes solicitar supresiones.
La defensa pide ahora al juez Juan Merchan que desprecinte todos los sumarios, órdenes y comunicaciones escritas en las que intervengan el tribunal y las partes, y que permita el acceso público simultáneo de todos los futuros expedientes a menos que «las expurgaciones sean requeridas por la orden de protección o la ley».
La defensa argumentó que un registro público será necesario para cualquier revisión que puedan solicitar a un tribunal de apelaciones, y «críticamente importante a la luz de los importantes fallos del Tribunal relacionados, entre otros, con la inminente fecha del juicio y las cuestiones de mala conducta del fiscal que el presidente Trump ha planteado en base a los recientes acontecimientos».
Los abogados revelaron que el juez había emitido en múltiples ocasiones «resoluciones sustantivas» que no se han hecho públicas, y que los expedientes que se hacen públicos suelen retrasarse «mucho más allá del momento» en que se presentaron.
Por ejemplo, la carta en la que se solicitaba permiso al tribunal para desprecintar el expediente se envió el 10 de marzo y se hizo pública el 19 de marzo.
Acusaciones de mala conducta del fiscal
La defensa también señaló específicamente un correo electrónico del 8 de marzo que el juez Merchan envió prohibiendo a las partes presentar nuevas mociones sin el permiso del tribunal.
La carta había sido enviada en respuesta a varias solicitudes clave hechas por la defensa, incluidas las acusaciones de mala conducta por parte del fiscal del distrito y la próxima audiencia de inmunidad presidencial en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Todd Blanche, abogado del presidente Trump, envió al juez una carta previa a la moción, una petición, una notificación de moción y una moción de 48 páginas. El juez dijo que la carta de petición previa fue aceptada, pero no la moción.
«No se debe presentar nada ante el Tribunal, redactado o no», aclaró el juez por correo electrónico.
En otro ejemplo reciente, los abogados de la defensa habían acusado a los fiscales de infracciones en la presentación de pruebas, y la correspondencia relacionada se hizo pública días después de que ocurriera, e inicialmente a través de una presentación judicial de la fiscalía que la defensa argumentó que había «caracterizado erróneamente» la situación.
«La mala conducta de la fiscalía y las violaciones de descubrimiento descritas en la carta previa a la moción del presidente Trump y la moción adjunta, que han salido a la luz recientemente, no deben ser protegidas de la vista pública o sumariamente, e injustamente, rechazadas por el Tribunal sin consideración», dice la moción propuesta.
Citaban dictámenes anteriores del tribunal según los cuales la mayoría de los procesos penales se celebran antes del juicio y no deben tener lugar únicamente a puerta cerrada.
Juicio público
La defensa argumentó que el presidente Trump tiene fundamentos de la Primera Enmienda, la Sexta Enmienda, el debido proceso y los estatutos para exigir un juicio público.
«Los documentos judiciales son registros públicos», argumentó la defensa, citando las normas judiciales estatales.
Añadieron que la fiscalía ha dicho prácticamente lo mismo. Durante una rueda de prensa en abril de 2023, Bragg declaró que el caso se litigaría «en una sala pública».
«Desde entonces, sin embargo, el público ha sido protegido de importantes comunicaciones y resoluciones relacionadas con la conducción de este caso», dice la moción propuesta. En casos anteriores se ha dictaminado que el escrutinio público e incluso la «intensa» cobertura de los medios de comunicación no son razones para mantener el secreto de las actuaciones.
La defensa señaló que el juez no ha especificado si todos los expedientes, incluida la correspondencia judicial, se harán públicos más adelante. Pidieron que todos se hagan públicos «con prontitud».
El presidente Trump fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir el » soborno» pagado a dos mujeres acusadoras. Los fiscales argumentan que se trató de un plan para influir en las elecciones de 2016. El presidente Trump se declaró inocente de todos los cargos.
La investigación surgió a raíz de las denuncias públicas de Michael Cohen, que fue abogado personal del presidente Trump y más tarde se convirtió en un crítico declarado de su antiguo empleador.
En la sentencia del 18 de marzo, hecha pública el 19 de marzo, el juez permitió que el testimonio de Cohen se utilizara durante el juicio, al tiempo que permitía a la defensa interrogarle e intentar recusarle como testigo.
El juez también permitió el testimonio de expertos para explicar las reglas de la FEC a un jurado, y prohibió al presidente Trump argumentar en el juicio varios puntos relacionados con las acusaciones de que el caso es parte de la serie de casos de «interferencia electoral» que el expresidente dice que se ha librado contra él en una «caza de brujas».
Se le prohibirá argumentar que su caso fue «novedoso, inusual o sin precedentes», «argumentar sobre el retraso previo a la acusación», introducir pruebas sobre las «supuestas motivaciones» de los fiscales, argumentar que se enfrenta a «castigos u otras consecuencias» como resultado del caso y del juicio, y «argumentar o introducir pruebas sobre la supuesta parcialidad del tribunal y del personal del tribunal».
En un juicio civil contra el presidente Trump en Nueva York desde octubre de 2023 hasta enero, a menudo él hizo este tipo de declaraciones fuera de la sala del tribunal a la prensa.
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