Los abogados del expresidente Donald Trump revelaron en nuevos documentos judiciales que el expresidente guardaba materiales clasificados en su Torre Trump, en la ciudad de Nueva York, y en una propiedad suya en Nueva Jersey.
El expresidente guardó los documentos clasificados en esos dos lugares, así como en su resort Mar-a-Lago en Florida, mientras estuvo en el cargo, y también durante los meses previos a su toma de posesión en 2017, revelaron los documentos.
Sus abogados respondían a una fecha límite para respaldar las instrucciones del jurado propuestas por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon.
“Se pueden considerar pruebas de que funcionarios del gobierno discutieron información clasificada con el presidente Trump y proporcionaron informes y documentos clasificados al presidente Trump antes y durante su presidencia, incluso dentro de las oficinas y residencias privadas del presidente Trump, como en Bedminster, Nueva Jersey y Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, así como en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York”, le escribieron a la jueza.
El presidente Trump, el presunto candidato presidencial republicano para 2024, enfrenta docenas de cargos por delitos graves relacionados con el presunto mal manejo de documentos clasificados, según una acusación. Parte de su defensa se centra en cómo designó personalmente los archivos presidenciales como sus artículos personales antes de abandonar la Casa Blanca a principios de 2021.
En el expediente judicial del martes, sus abogados dijeron que se podía decir a los jurados que el presidente Trump tenía el poder legal como presidente para convertir esos documentos en sus pertenencias personales.
«El presidente Trump actuó como una ‘autoridad de clasificación original’ mientras era presidente de Estados Unidos» para desclasificar los registros, dijo, y se agregó que eso «significa que todas las decisiones de clasificación durante su mandato como presidente se basaron en su autoridad, y que también tenía autoridad absoluta e irrevisable para desclasificar documentos e información”.
También hay “pruebas relacionadas con expresidentes, vicepresidentes y otros funcionarios públicos autorizados a poseer documentos que contienen información clasificada sin proceso penal por parte del gobierno después de que dejaron sus cargos”, continuaron diciendo sus abogados.
“Durante el juicio se escuchó evidencia que dice que el presidente Trump ejerció esa autoridad, a veces verbalmente y otras veces sin utilizar procedimientos formales, mientras era presidente”, decían las instrucciones propuestas para el jurado de Trump. «Les instruyo que esas decisiones de desclasificación son ejemplos de usos válidos y legalmente apropiados de la autoridad de desclasificación del presidente Trump mientras era presidente de Estados Unidos».
El expresidente, en un expediente judicial separado, volvió a pedirle a la juez Cannon que desestimara el caso.
La respuesta de Jack Smith
También el martes, el fiscal especial Jack Smith, que presentó los cargos contra el expresidente, criticó a la jueza Cannon y le advirtió que las instrucciones del jurado se basan en una “premisa legal fundamentalmente defectuosa”.
El mes pasado, la juez Cannon había pedido a los fiscales y abogados defensores que formularan propuestas de instrucciones dirigidas al jurado para la mayoría de los cargos, pidiendo a los abogados que respondieran a 2 escenarios diferentes sobre si tenía derecho, en virtud de un estatuto conocido como la Ley de Registros Presidenciales, a retener los documentos sensibles que ahora se le acusa de poseer.
El equipo de Smith escribió que la ley de 1978, que exige que los presidentes devuelvan los registros presidenciales al gobierno al dejar el cargo, pero les permite conservar los puramente personales, no tiene relevancia en un caso relacionado con documentos altamente clasificados.
Esos registros, dijeron los fiscales, no eran personales y no hay evidencia de que el presidente Trump los haya designado alguna vez como tales. Argumentaron que la sugerencia de que lo hizo se creó solo después de que se hizo público que los había llevado consigo a Mar-a-Lago después de su presidencia en cajas de registros de la Casa Blanca.
“Nadie había escuchado a Trump decir que estaba designando registros como personales o que, en el momento en que provocó la transferencia de cajas a Mar-a-Lago, creía que su eliminación de registros equivalía a designarlos como personales bajo la PRA”, escribieron los fiscales. «Por el contrario, todos los testigos a los que se les hizo esta pregunta nunca habían oído tal cosa».
Hasta el miércoles, no estaba claro cuándo comenzaría el juicio. El año pasado, la jueza Cannon fijó el juicio del caso para el 20 de mayo de 2024, pero señaló que reconsideraría esa fecha durante una audiencia el 1 de marzo.
La audiencia se desarrolló según lo previsto, pero no se fijó una fecha alternativa.
El mes pasado, la juez escuchó horas de argumentos sobre dos de las mociones de desestimación sobre si el presidente Trump tenía derecho, según la Ley de Registros Presidenciales, a conservar los documentos clasificados después de dejar el cargo y si la Ley de Espionaje en el centro del caso era tan vaga como inconstitucional.
La juez Cannon se mostró escéptica ante las afirmaciones de la defensa y, después de la audiencia, emitió una concisa orden de dos páginas rechazando el argumento de la vaguedad y permitiendo al presidente Trump volver a plantearlo más tarde. Aún no se ha pronunciado sobre la moción de la Ley de Registros Presidenciales presentada por la defensa.
Con información de Associated Press
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