Los abogados y familiares del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis de 2019, denunciaron que las autoridades penitenciarias bolivianas aplican una «tortura» al privarle de atención médica especializada y restringirle las visitas.
En declaraciones a EFE, el abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró este viernes que debido a las «restricciones» que se le han impuesto «no se puede saber cuál es el verdadero estado de salud» del gobernador cruceño y saber por qué está bajando de peso.
El gobernador Camacho compareció el miércoles en una audiencia virtual por el caso llamado «golpe de Estado I» en la que se le vio mucho más delgado, algo que su defensa atribuyó a un «evidente deterioro de su salud».
«No es un afán de Luis Fernando (Camacho) de mostrarse, no surge de una voluntad de crear un espectáculo», expresó el jurista.
El gobernador padece del síndrome de Churg-Strauss, un mal que produce la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede generar daños permanentes en los órganos y sus tejidos, por lo que necesita una medicación especial además de valoraciones médicas constantes, a lo que se suma una hipertensión arterial.
El abogado señaló que Camacho pesa 54 kilos, según un reporte de las autoridades penitenciarias, por lo que se cree que en los casi siete meses de su detención en diciembre de 2022 pudo perder hasta 20 kilos.
«Por eso es que queremos la evaluación médica», indicó.
A esto se suma la «privación de comunicación», pues no se le permite recibir visitas, trabajar y se le negó el «acceso al aire libre» ya que «no sale ni un minuto del día de su celda», agregó.
Estos aspectos están tipificados como una «tortura blanca» y tienen la finalidad de «quebrarlo psicológicamente», remarcó el abogado del gobernador.
Por su parte, los hijos del gobernador señalaron en un comunicado que su padre «debe ser evaluado en un centro especializado» y que al negarle esa posibilidad, las autoridades penitenciarias ejercen una «tortura» en su contra.
«Estamos muy preocupados por su salud, por eso pedimos que se respeten sus derechos humanos», enfatizaron sus hijos.
Posición de las autoridades
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, rechazó «cualquier declaración de tortura que involucre a la administración penitenciaria» y remarcó que Camacho tiene «garantizado» el acceso de visitas y la atención médica «está 24 horas a su disposición».
Añadió que cualquier examen médico fuera del penal «tiene que ser ordenado por un juez competente».
En la misma línea se expresó la responsable nacional de Salud de Régimen penitenciario, Mariana García, quien dijo que Camacho ha rechazado varias veces que lo vea un especialista como en fisioterapia.
El gobernador cumple detención preventiva desde finales del año pasado acusado de terrorismo y otros delitos en el llamado caso «golpe de Estado I», relacionado con la crisis de 2019.
El Gobierno sostiene que las protestas tras los frustrados comicios de 2019 fueron un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición considera que se debieron a la reacción ciudadana tras un fraude electoral.
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