La Fiscalía de Perú abrió este viernes diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior Walter Ortiz, por el supuesto encubrimiento de Nicanor Boluarte, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su hermano.
Las diligencias contra Boluarte se iniciaron como presunta instigadora de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de encubrimiento personal y de abuso de autoridad, por los que también se investiga a Ortiz, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
El inicio del proceso se conoció un día después de que el Gobierno anunciara la desactivación del grupo policial anticorrupción por una presunta duplicidad de funciones con otras dependencias e irregularidades en su constitución.
Este grupo policial apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que investiga los actos de corrupción de altos funcionarios del Estado.
Este viernes, la Policía Nacional de Perú (PNP) arrestó a Nicanor Boluarte a petición de la Eficcop, que lo investiga por un presunto caso de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Ejecutivo en diferentes regiones nombrados por el Ejecutivo) a cambio de dádivas económicas y de la captación de afiliados a un partido del hermano de la gobernante.
La orden de arresto también incluyó al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, quien ha comparecido en varias ocasiones junto a ella.
Tras conocerse la desactivación del equipo policial, el Ministerio Público anunció este viernes que estaba evaluando indicios delictivos supuestamente cometidos por los altos funcionarios del Ejecutivo que ordenaron esa medida.
Añadió en un comunicado que la resolución «tendría relación» con la orden de detención de Nicanor Boluarte, así como del abogado Castañeda, y otras seis personas vinculadas a un caso de tráfico de influencias.
Posteriormente, el fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, exigió la «inmediata» reposición del equipo policial y confirmó que su despacho estaba «evaluando las medidas» que le corresponde tomar, de acuerdo con sus «atribuciones constitucionales».
«La ciudadanía no debe tener dudas de que los fiscales del Ministerio Público defenderemos la legalidad en todas las instancias y especialidades», remarcó Villena.
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