Una mujer de 78 años, que en julio pasado pidió el cese de las muertes en las protestas de Nicaragua, decidió irse al exilio, al señalar el acoso del que era objeto por parte de grupos afines al régimen de Daniel Ortega, informaron este miércoles sus familiares.
Miriam del Socorro Matus, conocida como «La Coquito» o la «abuela vandálica», en un juego de palabras que refiere a su edad y al calificativo con que la vicepresidenta Rosario Murillo se refiere a la oposición, decidió huir hacia Costa Rica, para poner fin al acoso, según su familia.
«Ella se fue ayer, porque solo por apoyar a la gente que quiere una Nicaragua libre, la seguían, la pasaban amenazando», dijo a Efe la hija de Matus, Liseth Vargas.
Matus, una anciana pobre que vivía de vender agua en bolsas en una parada de autobuses, se hizo popular en mayo pasado, cuando repartió su mercancía entre personas que participaban en una protesta antigubernamental, y más tarde por pedir al régimen el cese de las muertes en las manifestaciones.
«Se fue llorando porque dejaba su Nicaragua, ella nunca se quiso ir, pero nosotros la sacamos por su seguridad», afirmó Vargas.
La anciana llegó este mediodía a Costa Rica, confirmó que tuvo un buen viaje y se reunió de inmediato con amistades y personas que se habían exiliado antes por razones similares, detalló la hija.
“Cuando ella finalmente cedió a irse dijo que se iba pero que no la iban a callar, que iba seguir protestando desde allá. Ella lo que al final dijo fue: `Prefiero que Dios me llame cuando él quiera y no que estos asesinos me manden a matar´”, comentó Vargas.
Al igual que Matus, más de 50.000 personas han tomado la decisión de irse al exilio, debido a que sus vidas corren peligro o porque creen que no podrán recuperarse económicamente de la crisis, según diversas fuentes.
Costa Rica es el destino principal de los exiliados, seguida de Estados Unidos y en menor medida España.
La crisis ha dejado en 11 meses entre 340 y 809 presos políticos, según organismos humanitarios locales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reportado 325 muertos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del país en el organismo continental.
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