Human Rights Watch (HRW) publicó este martes un informe señalando que el régimen cubano ha cometido detenciones arbitrarias, maltratos contra los detenidos y procesos judiciales de forma sistemática contra los cubanos que participaron en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio en la isla.
El informe de HRW documentó el caso de violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, haciendo investigación de campo a más de 150 personas, entre activistas, familiares, periodistas, y abogados relacionados a los casos.
«Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta», escribió HRW en su informe del 19 de octubre.
Miles de cubanos de distintas provincias protestaron el 11 de julio para pedir el fin de la dictadura castro comunista, además señalar la grave crisis que sanitaria y alimenticia que ha afectado a Cuba por décadas, y la respuesta del régimen a la pandemia del virus del PCCh.
Ante esto, las autoridades del régimen comenzaron a reprimir las protestas pacíficas y a los manifestantes tras la «orden de combate» de Díaz-Canel, emitida en la televisora estatal.
“El gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
«Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso», agregó el informe, señalando que al menos un manifestante murió, aunque se desconoce la cifra real de personas fallecidas debido al ocultamiento de datos del régimen.
Pappier agregó que los patrones de dichos «abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, y que entre las autoridades involucradas también se encuentran miembros de servicios de inteligencia de la dictadura.
Además, el informe agregó que el poder judicial de Cuba no tiene ninguna independencia con respecto al régimen, por lo que «facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos».
El régimen cubano recientemente denegó el permiso para llevar a cabo una gran marcha pacífica prevista para el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades del país, al considerarla “ilícita”.
Las autoridades calificaron a la marcha como “una provocación”, y argumenta que, según la Constitución de 2019, el “sistema socialista” que impera en el país desde hace más de seis décadas es “irrevocable”.
Sin embargo, el grupo dijo que la respuesta del régimen cubano “demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho”, y manifestaron que continuarán con las marchas cívicas y pacíficas a favor de los derechos de los cubanos.
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