El acceso de los inmigrantes ilegales en el país a los programas de sanidad pública de EE.UU. tendría un coste estimado de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares anuales para el Gobierno, según un estudio presentado hoy por el Centro para Estudios de Inmigración (CIS, en sus siglas en inglés).
«El coste total de ofrecer los subsidios de la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés) a los inmigrantes indocumentados sería de 22.600 millones de dólares anualmente si todos se registrasen. El coste total teniendo en cuenta una tasa de registro más realista sería de 10.400 millones de dólares», dijo el director de investigación del CIS, Steven Camarota, en la presentación del informe en Washington.
El centro de estudios estimó, basándose en otros cálculos, que hay unos 4,9 millones de inmigrantes indocumentados sin seguro médico en EE.UU. con un sueldo lo suficientemente bajo para poder ser registrado en los programas de ACA, comúnmente conocido como Obamacare, y Medicaid.
Dado este escenario y teniendo en cuenta la edad media de la población indocumentada, el coste medio para las arcas públicas del acceso de un inmigrante sin los documentos en regla a la sanidad sería de 4.600 dólares al año.
«A pesar de que el coste total sería grande, el subsidio medio que recibiría un inmigrante ilegal es todavía menor al subsidio medio en general. Esto ocurre básicamente porque la población indocumentada es relativamente joven», argumentó Camarota.
En su análisis, tanto Camarota como el experto en Políticas Públicas Jason Richwine, también presente en el acto, aseguraron que cuando los inmigrantes indocumentados recurren a la sanidad pública es por «el tipo de trabajo y el nivel de educación» que tienen, no porque sea «vagos», un argumento utilizado por sectores conservadores.
«Los inmigrantes son más costosos no porque tengan un apetito especial por el acceso al bienestar, sino porque tienden a tener menos educación y familias más grandes que luchan por mantener», agregó Richwine.
Actualmente, los indocumentados no pueden acceder a Obamacare o a Medicaid, al igual que los inmigrantes temporales con visados de trabajo o estudio, o los residentes permanentes que han estado en el país durante menos de cinco años.
Sin embargo, los refugiados, los asilados y, en muchos estados, los niños y las mujeres embarazadas pueden recibir las ayudas de Medicaid sin haber vivido cinco años en el país.
«El CIS decidió analizar este coste potencial después de que la mayoría de los candidatos demócratas a la Presidencia prometieran proveer cobertura sanitaria a la comunidad indocumentada», señaló el director ejecutivo de este centro de pensamiento, Mark Krikorian, que subrayó la importancia de conocer cuál sería el impacto en las arcas públicas del país.
Los aspirantes demócratas más progresistas a la candidatura de su partido para la Presidencia, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sander, defienden un modelo sanitario totalmente público conocido como «Medicare for all» («Cobertura médica para todos»), que ha sido acogido con los brazos abiertos por la mayoría de los candidatos, como el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, y los también senadores Cory Booker y Kamala Harris.
Pese a tratar de evitar posicionarse al respecto, los expertos del CIS advirtieron de que «una atención médica gratuita o subvencionada atraerá a más inmigrantes ilegales».
En el país, más de 8,5 millones de personas se benefician del programa Obamacare, pensado para cubrir a jubilados, mientras que el Medicaid, diseñado para personas de bajos ingresos y discapacitados, ofrece cobertura sanitaria a unos 74 millones de estadounidenses, entre ellos 32 millones de menores.
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