La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a la Administración Biden el 12 de junio después de que el presidente firmara una orden ejecutiva que limita el número de personas que solicitan asilo en la frontera sur.
El grupo de defensa presentó la demanda en nombre de dos organizaciones con sede en Texas que trabajan con inmigrantes, Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES, argumentando que la orden ejecutiva del presidente Joe Biden del 4 de junio difiere poco de una medida similar tomada por la Administración Trump que fue bloqueada por las cortes.
La orden ejecutiva del presidente Biden bloquea la entrada de no ciudadanos por la frontera sur después de que un promedio de 2500 personas o más ya han cruzado diariamente durante siete días consecutivos. Debido al elevado número actual de cruces fronterizos, aproximadamente 4000 diarios, las restricciones se activaron después de que la orden entrara en vigor el 5 de junio.
Las restricciones permanecerán en vigor hasta dos semanas después de que los cruces desciendan por debajo de 1500 al día en un promedio de siete días. La última vez que los cruces fronterizos fueron tan bajos fue en julio de 2020.
La orden marca la medida más exhaustiva del presidente Biden contra la inmigración ilegal desde que los cruces de inmigrantes aumentaron durante su mandato. La demanda es también la primera prueba para la ofensiva, que siguió a meses de deliberaciones en la Casa Blanca.
«Al promulgar una prohibición de asilo que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda», dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
La demanda argumenta que la orden viola las leyes de inmigración de EE. UU. y la Ley de Procedimiento Administrativo, que determina el procedimiento que deben seguir las agencias al promulgar ciertas políticas.
También alega que la presión del gobierno de Biden para que los inmigrantes crucen por los puertos de entrada designados —y suspender el asilo a los que no lo hagan— viola las leyes federales de inmigración.
El decreto del presidente Biden sigue algunas de las restricciones de inmigración del expresidente Donald Trump al citar la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a un presidente limitar «cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros en Estados Unidos» cuando las entradas «serían perjudiciales para los intereses de Estados Unidos».
Sin embargo, el presidente ha argumentado que su orden difiere de las medidas de su predecesor, al mismo tiempo que ha criticado las políticas generales de inmigración de la Administración Trump. Por ejemplo, ha dicho, las víctimas de la trata de personas y los menores no acompañados no están sujetos a los límites de la orden del presidente Biden.
La ACLU dijo en un posteo del 4 de junio en la plataforma social X que demandaría a la Administración Biden, sugiriendo que la orden del presidente «restringirá severamente el derecho legal de las personas a solicitar asilo, poniendo en riesgo a decenas de miles de personas».
El grupo añadió que cree que la orden del presidente Biden «adopta el mismo enfoque que la prohibición de asilo de la Administración Trump» y que seguiría un desafío judicial.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en declaraciones a Martha Raddatz de ABC el 9 de junio, dijo que no está de acuerdo con la ACLU.
«Preveo que nos demandarán. Defendemos la legalidad de lo que hemos hecho», dijo.
Los inmigrantes que no manifiesten temor a regresar a sus países de origen tras llegar a la frontera serán expulsados de Estados Unidos en cuestión de horas o días, según la orden del presidente Biden. También podrían enfrentarse a castigos, como la prohibición de volver a entrar en el país durante cinco años o el procesamiento penal.
Quienes manifiesten temor a regresar a sus países de origen serán sometidos a un examen más riguroso por parte de un oficial de asilo estadounidense.
Los inmigrantes que superen este proceso de selección podrán solicitar formas limitadas de protección, como la Convención de la ONU contra la Tortura. Ese proceso impide la devolución de personas a un país donde podrían sufrir torturas.
Con información de Sam Dorman y The Associated Press.
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