La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó el 1 de agosto una demanda ante una corte estatal contra Spokane (Washington), alegando que las ordenanzas locales contra acampar en áreas públicas castigan injustamente a las personas sin hogar por el hecho de serlo.
Spokane, situada en la parte oriental del estado de Washington, tenía una población total de unos 230,000 habitantes en 2022, según datos del Censo de Estados Unidos.
La ciudad albergaba a casi 2400 personas sin hogar en 2023, un 36% más que el año anterior, según los documentos judiciales.
Las leyes que prohíben acampar, sentarse y acostarse «criminalizan funcionalmente a las personas sin hogar», dijo la ACLU en un comunicado de prensa.
«Cuando la gente no tiene otro sitio donde descansar, acampar y descansar al aire libre no puede considerarse voluntario. Arrestar o multar a la gente por dormir en espacios públicos solo empeora nuestra actual crisis de encarcelamiento masivo y desvía recursos muy necesarios de abordar las causas profundas de la falta de vivienda», dijo la organización. «Dado que la falta de hogar no es un acto voluntario o intencionado, criminalizar a las personas sin hogar es cruel y, por tanto, inconstitucional».
La demanda se presentó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara a finales de junio una impugnación de la ordenanza contra la acampada pública de la ciudad de Oregón, desestimando los argumentos de que la ley violaba la prohibición de «penas crueles e inusuales» de la Constitución estadounidense. Ese caso era Ciudad de Grants Pass contra Johnson.
Las leyes de Spokane violan la Constitución de Washington al imponer «castigos crueles» a los indigentes, alega la ACLU. El artículo I, sección 14 de esa constitución estatal dice: «No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles».
La demandante principal es Donnell Currie, una exindigente en Spokane que había estado viviendo en su vehículo con su hijo. Fue citada por acampar ilegalmente en septiembre de 2023 después de «residir» en un lugar durante «solo diez minutos después de haber estacionado su vehículo», según la demanda legal presentada en la Corte Superior de Spokane.
«Ella informa que la policía la despertaba rutinariamente en medio de la noche y conducía con la esperanza de evitar las patrullas policiales destinadas a hacer cumplir la ley de acampada ilegal. Como resultado, durante el año estimado en que Donnell experimentó la falta de vivienda en Spokane, apenas durmió», afirma la denuncia.
Currie fue acusada en virtud de la primera ordenanza, que tipifica como delito menor «acampar en o sobre cualquier propiedad pública», incluyendo a menos de 1000 pies de un parque, guardería o escuela.
El ayuntamiento de Spokane votó en abril de 2023 no convertir inmediatamente la medida en ley, y en su lugar decidió permitir que fuera votada por los residentes de la ciudad.
En ese momento, el concejal Jonathan Bingle dijo que la medida era necesaria porque «aquí es donde las familias se reúnen, aquí es donde los niños se reúnen, y tiene mucho sentido para la salud y la seguridad de la ciudad proponer esto».
La normativa se incluyó en una medida electoral conocida como Propuesta 1, que ampliaba los lugares de la ciudad en los que estaba prohibido acampar. Los votantes de Spokane aprobaron la medida por un margen de 74.7 por ciento a 25.3 por ciento en noviembre de 2023. Entró en vigor ese mismo mes.
El abogado local Brian Hansen, que encabezó la campaña para aprobar la medida, dijo anteriormente que era necesaria para proteger a los niños.
Semanas antes de que la Corte Suprema de EE. UU. se pronunciara en el caso Ciudad de Grants Pass contra Johnson, la Corte Suprema de Washington aceptó el 4 de junio conocer del caso Jewels Helping Hands contra Hansen, que pretende anular la Proposición 1. Los que se oponen a la propuesta afirman que es necesaria para proteger a los niños. Los que se oponen a la proposición dicen que fue más allá del alcance de lo que una medida de votación local está legalmente permitido lograr.
La demanda de la ACLU también impugna una segunda ordenanza, que tipifica como delito menor sentarse o tumbarse en una zona designada de propiedad pública dentro de la ciudad. Fue aprobada por el ayuntamiento y entró en vigor en octubre de 2022.
Además, la demanda pretende invalidar una tercera ordenanza, que permite a la ciudad retirar, destruir o almacenar los bienes de las personas citadas en virtud de la primera ordenanza.
Esto conduce a «la pérdida de sacos de dormir, lonas, ropa de cama, tiendas de campaña y otros bienes personales vitales que las personas utilizan para sobrevivir mientras viven en la calle … [que] amenaza la capacidad de supervivencia de los residentes [de Spokane] sin vivienda», según la demanda.
El consejo de la ciudad aprobó la tercera ordenanza y entró en vigencia en octubre de 2022.
La ACLU argumenta que la tercera ordenanza va en contra del artículo I, sección 3 de la constitución estatal que establece: «Ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal».
Currie «se opone al uso de fondos de los contribuyentes para aplicar» las ordenanzas, que «criminalizan inconstitucionalmente a las personas sin hogar», dice la demanda.
Antes de presentar la demanda, los abogados de Currie y sus codemandantes pidieron a la oficina del fiscal general de Washington, Bob Ferguson, que demandara a la ciudad para anular las ordenanzas.
El 29 de julio, la procuradora general adjunta de Washington, Alicia O. Young, dijo en una carta que la oficina se abstendría de hacerlo «sin expresar ninguna opinión sobre si sus reclamaciones pueden tener mérit
La Rond Baker, directora jurídica de la ACLU de Washington, afirmó que las leyes contra la acampada pública de Spokane ponen a los indigentes en el punto de mira de las sanciones legales.
«No podemos salir de la pobreza y la falta de vivienda mediante detenciones», afirma en un comunicado de prensa.
«Las multas y el encarcelamiento no hacen sino afianzar aún más la situación de los indigentes y separar a las personas de los sistemas de apoyo esenciales. Si la prohibición constitucional de los castigos crueles significa algo, significa que nuestros vecinos más pobres, los que carecen de hogar, los que viven y duermen a la intemperie, no pueden ser castigados por carecer de vivienda», añadió.
The Epoch Times se puso en contacto con el fiscal municipal de Spokane, Mike Piccolo, y con la oficina de Ferguson para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de este artículo.
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