La Corte Suprema ha dado plazo hasta el 20 de marzo al abogado de una estudiante transgénero de escuela intermedia para responder a una solicitud de emergencia de Virginia Occidental. La solicitud busca levantar una orden de la corte federal de apelaciones que bloquea la entrada en vigencia de la Ley Save Women’s Sports (Ley para Salvar el Deporte Femenino) del estado.
La acción legal se produce cuando Virginia Occidental y otros estados han estado tomando medidas para garantizar que las mujeres y las niñas continúen teniendo acceso a los deportes escolares, incluso cuando los hombres que se identifican como mujeres están ocupando los lugares de las mujeres en los equipos deportivos femeninos. Idaho, Mississippi, Montana, Arkansas y Florida también aprobaron leyes que impiden que los hombres compitan en deportes femeninos.
Virginia Occidental promulgó en 2021 la Ley para Salvar el Deporte Femenino, que impide a las personas competir en deportes escolares si no es bajo su sexo de nacimiento. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 4º Circuito emitió una orden judicial que ponía en suspenso la ley estatal, y sigue pendiente una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Becky Pepper-Jackson, una niña de 12 años que nació varón, pero ahora se identifica como mujer. A Pepper-Jackson se le impidió entrar en un equipo femenino de campo traviesa.
La ACLU declaró que el estatuto viola los derechos del niño bajo la Cláusula de Igual Protección en la Enmienda 14 a la Constitución y el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo en la educación.
La solicitud de urgencia en el caso Estado de Virginia Occidental vs B.P.J., expediente 22A800, fue registrada por el alto tribunal el 13 de marzo. La solicitud, preparada por el fiscal general de Virginia Occidental, el republicano Patrick Morrisey, fue remitida al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que supervisa el 4to Circuito.
Aparte de Virginia Occidental, los otros demandantes son el Consejo de Educación del Estado de Virginia Occidental, la Comisión de Actividades de la Escuela Secundaria de Virginia Occidental, W. Clayton Burch en su calidad oficial de Superintendente de Escuelas del Estado de Virginia Occidental, y la exjugadora universitaria de fútbol, Lainey Armistead.
Armistead, representada por la conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), dijo anteriormente que los tribunales deberían respetar la ley de Virginia Occidental, que según ADF es “una ley de sentido común que protege la igualdad de oportunidades, la justicia y la seguridad de las mujeres”.
Roberts ordenó al abogado del preadolescente, identificado en la acción legal como B.P.J., que responda a la solicitud a más tardar el 20 de marzo al mediodía.
Lambda Legal, una organización pro-LGBT, y la ACLU emitieron una declaración conjunta que dice: “Defenderemos enérgicamente el derecho de Becky a participar en deportes de equipo e instaríamos a los legisladores estatales de todo el país a dejar que los niños jueguen”.
«Becky es una niña de 12 años que ha hecho las pruebas y ha sido aceptada como miembro del equipo femenino de atletismo, sin que sus compañeras de equipo hayan planteado ningún problema. Ha estado recibiendo medicación para retrasar la pubertad y hormonas para afirmar su género. Es inconcebible que el fiscal general de Virginia Occidental quiera impedir que Becky participe en deportes con sus compañeras”.
Casi 200 atletas universitarias y profesionales -entre ellas Billie Jean King, Megan Rapinoe y Candace Parker- se han unido a los escritos de apoyo a la participación de los jóvenes trans en el deporte, afirma el documento.
«Virginia Occidental se niega a abordar los hechos del caso de Becky y en su lugar habla de competiciones atléticas de élite que no tienen nada que ver con los hechos aquí. El fiscal general y sus aliados han seleccionado incidentes únicos y han ignorado la abrumadora evidencia de que permitir a los jóvenes transexuales participar en deportes de equipo tiene beneficios para todos», concluye el comunicado.
Morrisey dijo el 9 de marzo que está defendiendo la ley de su estado, que dijo que “exige que las niñas y las mujeres obtengan su parte justa de oportunidades en los deportes”.
“Estamos decididos a proteger las oportunidades de las mujeres y las niñas en los deportes porque cuando los hombres biológicos ganan en un evento femenino, como ha sucedido una y otra vez, las atletas pierden la oportunidad de brillar”.
La Corte Suprema ha fallado en algunos casos de derechos civiles que afectan a personas transgénero.
En 2020, sostuvo en el caso Bostock vs Clayton County que una ley federal de derechos civiles impide que los empleados sean despedidos de sus trabajos debido a su orientación sexual o identidad de género.
Pero al año siguiente declinó involucrarse en el caso de Gavin Grimm. La entonces estudiante de secundaria de Virginia que nació mujer demandó con éxito a la junta escolar local por el derecho a usar el baño masculino. La Corte Suprema se negó a aceptar el caso, a pesar de las objeciones de dos jueces conservadores que votaron a favor de otorgar argumentos orales.
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