Los activistas hongkoneses Anna Kwok, Finn Lay y Alric Lee denunciaron este jueves la «represión transnacional» de China y del Gobierno hongkonés para silenciar a los partidarios del movimiento prodemocrático que escaparon de la ciudad tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de hace cinco años.
En una rueda de prensa en el Club de Corresponsales de Tokio, los activistas acusaron al Gobierno hongkonés de «orquestar una campaña global» para «perseguir y amedrentar» a quienes lograron escapar de la antigua colonia británica «tras la brutal represión» que emprendieron las autoridades a raíz de las protestas de 2019.
Anna Kwok, ahora directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong (HKDC, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, pidió a la comunidad internacional «vías humanitarias para los hongkoneses» así como «sanciones a los responsables de violar los derechos humanos» y de realizar «detenciones políticas» en Hong Kong.
Según la activista, que ahora vive en Estados Unidos, «hay más de 1872 presos políticos en Hong Kong desde noviembre 2019».
«Deben ser liberados de inmediato», señaló, agregando que la cifra «es susceptible de aumentar».
Asimismo, Kwok denunció «la grave situación de los derechos humanos» en la ciudad, donde, afirmó, el «confinamiento solitario es un castigo muy común», además de «agresiones físicas, violencia sexual e incluso programas de lavado de cerebro» contra quienes son considerados «radicales» .
La activista también pidió a los gobiernos internacionales restringir las operaciones de las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong en el exterior como «medida de presión».
Acoso y amenazas en varios países
Por su parte, Finn Lau y Alric Lee, exiliados en Reino Unido y Japón, respectivamente, expusieron casos concretos de «acoso, amenazas y ataques» sufridos tanto por ellos como por otros activistas que ahora viven en otros países.
Así, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que ejerza «mayor presión» sobre el Gobierno de la ciudad semiautónoma y sobre el régimen de China para que cesen estas «prácticas ilegales» y respeten el derecho de los hongkoneses a la libertad de expresión.
También pidieron «medidas» para proteger los derechos fundamentales de los hongkoneses en un momento en que se juzga al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y a 47 opositores por haber organizado unas elecciones primarias no oficiales.
El pasado 30 de mayo, un tribunal declaró culpable a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado después de que Beijing introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la mini-constitución de la ciudad -pasando por alto el poder legislativo local- tras un año de protestas antigubernamentales.
Además, Hong Kong busca a catorce abogados y activistas que ahora residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos por casos de «confabulación con fuerzas extranjeras» o de «incitación a la secesión y a la subversión».
La Policía hongkonesa ofrece un millón de dólares hongkoneses (128.122 dólares, 119.358 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de los sospechosos de violar la mencionada legislación.
La ley se ha labrado críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de «un país, dos sistemas», que ha sido fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad.
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