Los abogados de seis votantes de Colorado cuya petición terminó con la descalificación del expresidente Donald Trump como candidato ante la Corte Suprema de Colorado piden ahora al Tribunal Supremo de Estados Unidos que confirme ese fallo.
«No hay base para desbaratar la interpretación del tribunal estatal de la ley estatal, que hizo cumplir la Constitución en lugar de «eludirla»», argumentaron.
Los votantes locales están representados por el grupo activista Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad en Washington (CREW), que ha estado recaudando fondos para los próximos argumentos ante el alto tribunal el 8 de febrero.
El pasado diciembre, Colorado se convirtió en el primer estado en declarar al expresidente Trump inhabilitado para presentarse a las elecciones en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda. El estatuto de la era de la Guerra Civil, una vez poco conocido, ha ganado desde entonces prominencia nacional, ya que varios otros estados ahora lidian con docenas de impugnaciones presentadas por los votantes para descalificar al presidente Trump o al presidente Joe Biden de la boleta electoral en las elecciones primarias en curso.
En las dos semanas posteriores a que la Corte Suprema aceptara escuchar la petición del expresidente Trump que impugnaba el fallo de la Corte Suprema de Colorado, unos 40 escritos amicus fueron presentados por terceros instando a la corte a resolver el asunto para todos los estados.
Los demandados eludieron la cuestión del caos surgido en otros estados y argumentaron su caso en relación con la ley electoral de Colorado. También trataron de replantear la cuestión suscitada por el expresidente Trump -si la Corte Suprema de Colorado se equivocó en su fallo- y presentaron otras cinco preguntas.
Los demandados preguntaron si las acciones del presidente Trump el 6 de enero de 2021 equivalían a «participar en una insurrección», como se establece en la Sección 3 de la 14ª Enmienda, si el presidente Trump demostró que los hechos encontrados por la corte de primera instancia eran «erróneos», si la Sección 3 se aplica «a expresidentes insurrectos», si los estados pueden excluir a los candidatos presidenciales de las votaciones primarias después de encontrar que son inelegibles bajo la Sección 3, y si el presidente Trump perdió su desafío a la Cláusula del Elector en el caso de Colorado.
Insurrección
La posición de los demandados es que no hay duda de que el 6 de enero constituyó una insurrección y enmarcaron las preguntas y argumentos de tal manera.
Sin embargo, el esquema del argumento de la insurrección se deriva del controvertido informe del Comité Selecto del 6 de enero, que los abogados del expresidente Trump intentaron que se excluyera de las pruebas por ser un informe partidista. Las cortes inferiores habían reprochado a los intervinientes que no refutaran punto por punto los hechos del informe con los que tenían problemas.
Hasta la fecha, pocas jurisdicciones han escuchado argumentos sobre si el 6 de enero constituyó una insurrección, incluyendo una corte de distrito de Colorado, el secretario de estado de Maine y, más recientemente, el consejero general de la Junta Electoral de Illinois el 26 de enero.
Estos argumentos se escucharon en el contexto de impugnaciones del código electoral estatal y van desde unas pocas horas hasta, en el caso de Colorado, un juicio de cinco días.
Varios otros jueces estatales y federales han desestimado impugnaciones similares, por considerar imprudente pronunciarse sobre la cuestión de la insurrección a través de un estatuto administrativo. Más de mil acusados han sido imputados por delitos relacionados con el 6 de enero, y ninguno de ellos fue acusado de «insurrección».
Los demandados argumentan que más de 140 agentes del orden resultaron heridos y miembros del Congreso tuvieron que «huir para salvar sus vidas» el 6 de enero, y que el presidente Trump «encabezó este ataque» y, por lo tanto, «participó en una insurrección contra la Constitución.»
‘Ejercer el cargo’
Otra cuestión clave planteada por las partes es si una posible inhabilitación de la Sección 3 se refiere a postularse para un cargo o a ocupar un cargo.
Los autores amici, incluidos 179 congresistas republicanos, han argumentado que la Sección 3 permite al Congreso eliminar tal inhabilitación a través de una votación de dos tercios hasta el día de la inauguración, y que sacar preventivamente al expresidente Trump de la boleta electoral infringe la autoridad del Congreso.
Los demandados argumentaron que no había un verdadero conflicto.
«El Congreso puede concederla [la amnistía] en cualquier momento. Pero mientras tanto, Colorado tiene unas elecciones a las que presentarse», argumentaron. «Si un insurrecto que rompe el juramento recibe la amnistía demasiado tarde para calificar en este ciclo electoral, puede postularse en el próximo [ciclo] o buscar algún otro cargo».
«Sostener que la elegibilidad de Trump no puede determinarse hasta después del día de las elecciones sería desastroso», agregaron, argumentando que si el asunto no se resuelve pronto, «decenas de millones de estadounidenses» podrían terminar votando por el presidente Trump solo para que los votos no cuenten.
«[Eso] sería una receta para la privación masiva del derecho al voto, la crisis constitucional y el mismo ‘caos’ que Trump amenaza», dice el escrito.
Las docenas de decisiones administrativas y cortes inferiores derivadas del creciente número de impugnaciones de la Sección 3 parecen haber planteado más preguntas legales de las que han respondido, y la Corte Suprema parece ser consciente de la bola de nieve que se está formando.
En una reciente nota publicada junto con el calendario del 8 de febrero, el alto tribunal indicaba que anunciaría una opinión escrita ese mismo día.
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