Activistas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia expresaron su respaldo a la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez (20019-2020), detenida hace tres años por la crisis de 2019, y señalaron que «el ataque» contra la exmandataria «representa el ataque contra la democracia en todo el mundo».
«Actualmente (Jeanine Áñez) es presa política; vive en un total aislamiento, no se le permiten las visitas y luego de sufrir una crisis nerviosa se le ha negado la atención médica», afirman en un video que fue publicado en las redes sociales de la exmandataria.
Entre los activistas están Berta Valle, Joathan Duarte, Yaritnzha Marena, Ricardo Seas, Braudi Sánchez y Enrique Martínez, de Nicaragua; Lilian Tintori, Angel Suberu, Zuleika Meneses, Mariana Suárez, Víctor Navarro y Brenner Barrios, de Venezuela.
Además, de Junier Zárez, Mario Lleonart y Yoaxis Marcheco, de Cuba; junto a Jhanisse Vaca, de Bolivia, y la hija de la expresidenta transitoria, Carolina Ribera Áñez.
Todos coincidieron en que «lo que le pasó a Jeanine pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia», cuyos Gobiernos los definieron como las «autocracias de América Latina».
«El ataque contra Jeanine solo representa el ataque contra la democracia en todo el mundo. Representa la violencia y el abuso de un sistema judicial que no defiende la justicia, un sistema doblegado al Movimiento al Socialismo (MAS), un movimiento que no es más que otra promesa convertida en dictadura», mencionan en el mensaje de casi tres minutos.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Los activistas defendieron que Áñez asumió la Presidencia de Bolivia «después del fraude electoral y el vacío de poder» que se produjo tras los anulados comicios de ese año y la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), quien denunció que las protestas eran parte de un «golpe de Estado» en su contra.
Áñez fue arrestada el 13 de marzo de 2021 en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, y luego fue trasladada a La Paz, en donde un juez ordenó su detención preventiva acusada por terrorismo, sedición y conspiración en el caso llamado ‘golpe de Estado I’.
Además de ese caso, Áñez afronta otros procesos legales por varias acciones que tomó durante su gobierno, entre ellos la muerte de civiles en las llamadas masacres de Sacaba, en la región de Cochabamba, y en Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, en las que murieron una veintena de civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Aunque varios de esos procesos inicialmente fueron remitidos por la Fiscalía al Parlamento, para que en esa instancia iniciara un juicio de responsabilidades por su condición de exmandataria, el Ministerio Público después trasladó esos casos ante la Justicia ordinaria, situación que ha sido denunciada de «ilegal» por Áñez, la oposición y líderes y organismos internacionales.
A mediados de 2022, Áñez fue condenada a 10 años de prisión en el caso ‘golpe de Estado II’, por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.
La expresidenta interina siempre ha reclamado un juicio especial de responsabilidades y ha cuestionado que los siete procesos en su contra se desarrollen por la vía ordinaria.
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