En una entrevista exclusiva con The Epoch Times, Cynthia Hughes, fundadora del grupo de defensa de los acusados del 6 de enero «Patriot Freedom Project» (PFP) y el abogado, Joe McBride, hablaron de sus experiencias, describiendo condiciones «viles» y un deseo apremiante de garantizar que se respeten los derechos de estos acusados.
Tras la concentración «Stop the Steal» del 6 de enero de 2021 en Washington, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglé), bajo el mando del fiscal general Merrick Garland, emprendió una de las mayores cacerías de la historia del DOJ para acorralar a todos los implicados en la irrupción del Capitolio.
La cacería, que requiere muchos recursos y que sigue en marcha después de 17 meses, ha suscitado una gran controversia a raíz de los inquietantes reportes sobre el trato de los acusados del 6 de enero.
Muchos legisladores republicanos se han negado a tocar el tema, mientras que ningún demócrata ha hecho ningún comentario sobre las acusaciones.
Algunos legisladores, entre los que destaca los representantes Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), Andy Biggs (R-Ariz.) y Louie Gohmert (R-Texas), se han manifestado en contra del trato que reciben estos detenidos, pero no han logrado avances serios para mejorar la situación.
Muchos de los que permanecen detenidos han seguido denunciando malos tratos y abusos por parte del personal de las instalaciones y los guardias.
«Se les niega todo derecho humano básico»
Frustrada por los malos tratos y la falta de información sobre uno de los miembros de su familia que había sido detenido en relación con la concentración del 6 de enero, Cynthia Hughes fundó PFP. En una entrevista, Hughes describió el trato que recibió su sobrino, Tim Hale-Cusanelli, en la detención, diciendo que Hale-Cusanelli y otros detenidos del 6 de enero han sido maltratados por el sistema de justicia y se han enfrentado a la privación de «todos los derechos humanos básicos que se puedan imaginar».
«Comencé Patriot Freedom Project después de que mi sobrino fuera detenido en enero de 2021 por cargos no violentos», dijo Hughes.
Después de «pasar» por varias cárceles de Nueva Jersey, dijo Hughes, Hale-Cusanelli terminó siendo colocado en la Cárcel Metropolitana de Washington, donde los detenidos han descrito condiciones «horrendas». La subdirectora de la cárcel, Kathleen Landerkin, también ha sido objeto de escrutinio por parte de los conservadores por sus comentarios en internet en el pasado en los que criticaba al presidente Donald Trump y a sus partidarios, lo que, según ellos, demuestra que tiene prejuicios contra los acusados del 6 de enero.
En la cárcel de Washington, dijo Hughes, Hale-Cusanelli se contagió del COVID19.
Desde entonces, ha permanecido allí. Hace unas tres semanas, el sobrino de Hughes fue condenado por un jurado de D.C. por todos los cargos que se le imputaban. Actualmente está a la espera de la sentencia. Lleva detenido desde enero de 2021, cuando fue arrestado.
En anteriores conferencias de prensa, Hughes ha pedido que los juicios de los acusados del 6 de enero se lleven a cabo fuera de D.C., donde dice que los jurados son demasiado parciales para juzgar los hechos de un caso de forma justa.
En el caso de su sobrino, dijo Hughes, hicieron un esfuerzo para que el juicio se trasladara, citando estos prejuicios, pero la petición fue rechazada.
«Es muy parcial en D.C.», dijo Hughes. «Nadie va a tener un juicio justo, a nadie se le va a conceder una moción de cambio de sede».
Se le niega el acceso al exterior
Después de entrar en la cárcel de D.C. en enero de 2021, dijo Hughes, su sobrino y otros acusados del 6 de enero fueron mantenidos en confinamiento solitario y solo se les permitió salir de sus celdas una hora al día.
Los acusados siguen «sin poder salir al exterior, no pueden ver el sol», añadió Hughes. «Preveo que muchos tendrán graves problemas de salud».
«Si tienen un problema médico, no acuden al médico», continuó. «Tim ha tenido dos infecciones de oído muy importantes, tan graves que le provocaron una hemorragia en el oído, y nunca pudo ver a un médico. Fue a ver a una enfermera, que le lavó el oído con peróxido y le dio penicilina».
«Ahora tiene una importante pérdida de audición en ambos oídos», añadió Hughes.
Hughes describió también otras condiciones a las que se enfrentan los detenidos.
Hasta «hace muy poco», dijo Hughes, los detenidos que se reunían con sus abogados eran confinados en régimen de aislamiento durante dos semanas, supuestamente por precaución por el COVID-19. Sin embargo, Hughes juzgó que la medida tenía más intención de ser punitiva que otra cosa.
Los detenidos también se han enfrentado a otras humillaciones: «Muchos registros al desnudo, sus celdas son saqueadas, se burlan de ellos, les hablan con desprecio, no se pueden enviar paquetes por correo [a los detenidos]».
«Creo que lo más imporltante de todo lo que la gente debería saber: se les niegan los servicios religiosos», añadió.
Necesidades espirituales ignoradas
Hughes dijo que ella y su sobrino son católicos, una denominación del cristianismo que da mucha importancia a los sacerdotes y a los rituales dirigidos por el clero, lo que ha hecho especialmente difícil la ausencia de cualquier sacerdote. Pero a los protestantes, a los musulmanes y a los seguidores de la fe judía también se les ha negado el servicio, señaló Hughes.
«Tim ha estado en la cárcel durante 18 meses y no ha tenido ningún servicio religioso», dijo Hughes, señalando que los acusados se habían agrupado para formar sus propios servicios religiosos en ausencia de cualquier clero.
«Eso es muy preocupante», añadió Hughes.
Aunque muchos acusados han sido recluidos en la cárcel metropolitana de Washington y en la cárcel regional de Northern Neck, Hughes señaló que otros han sido recluidos en cárceles de todo el país, aunque éstas han recibido menos atención.
Joe McBride, uno de los principales abogados del 6 de enero, dijo que el trato a los acusados en otras cárceles ha variado, pero que los peores excesos han tenido lugar en Washington y en Northern Neck.
«El trato en esas dos instalaciones es despreciable», dijo McBride. «Se desviven por hacer que la experiencia de los ‘Seis de Enero’ sea mucho más dolorosa, mucho más difícil que la de cualquier otro».
Los fiscales y los funcionarios de la cárcel, añadió McBride, «están abusando [de los acusados del 6 de enero] porque saben que no se les va a llamar la atención por ello».
«Tenemos que hacer algo»
Durante la entrevista, Hughes describió su motivación para fundar PFP.
Los primeros días de la detención de Tim fueron un torbellino de confusión y errores por parte de las autoridades, dijo Hughes. En aquel momento, Tim contaba con un abogado de oficio, y era difícil para Hughes o para su sobrino conocer los detalles del caso.
«No podías conseguir información. Tenías que confiar —en aquella época teníamos un abogado de oficio— tenías que confiar en tu abogado», dijo Hughes.
Entonces, dijo Hughes, vio un reporte de Julie Kelly sobre el trato de los acusados del 6 de enero.
En medio de toda la «frustración» que el sistema les infligió, «[vimos] a esta increíble mujer salir a la luz y denunciar todo esto», dijo Hughes. «Me motivó mucho».
«Le dije a Tim: ‘Tenemos que hacer algo, no podemos seguir así'», recordó Hughes.
Inicialmente, la organización se inició como un grupo de apoyo para las familias de los acusados del 6 de enero, que también han sufrido la pérdida de cónyuges, hermanos, padres y otras personas tras la manifestación del 6 de enero.
Sin embargo, la organización comenzó a crecer, dijo Hughes, «y antes de darme cuenta estaba recibiendo una llamada telefónica de Dinesh D’Souza», una importante figura y comentarista conservador.
D’Souza donó 100,000 dólares a la PFP, lo que aumentó enormemente el alcance del grupo.
«Ese fue realmente el momento en el que nació Patriot Freedom Project», dijo Hughes, describiendo lo mucho que tuvo que hacer para asegurarse de que la organización no cometiera errores que pudieran ponerla en el punto de mira del gobierno federal.
Apoyo a la familia
Aun así, la organización se ha mantenido fiel a sus raíces como grupo de apoyo a la familia, incluso cuando se ha expandido.
«Fue bueno tener un lugar donde la gente pudiera ir y conectarse entre sí», dijo. «Es agradable hablar con gente que sabe por lo que estás pasando, que entiende lo que estás tratando, y es reconfortante».
La organización ha puesto en contacto a los familiares con grupos de apoyo y profesionales de la salud mental, entre otras cosas.
Hughes hizo hincapié en que el coste no ha sido solo emocional: varias madres con hijos han perdido la principal fuente de ingresos de su hogar, lo que ha obligado a muchas de ellas, que antes no trabajaban, a luchar para compensar los ingresos perdidos.
«La gente de este país tiene que conocer los daños colaterales de esto y las graves consecuencias», dijo Hughes.
«Mujeres y niños inocentes van a sufrir» por la guerra «políticamente motivada» del gobierno federal contra los acusados del 6 de enero, recalcó Hughes.
La situación, y la privación de derechos a la que se ha enfrentado el grupo de acusados del 6 de enero, «debería aterrorizar a cualquiera en este país», añadió.
Las denuncias de malos tratos circulan desde hace tiempo
Aunque Hughes y un puñado de legisladores del Partido Republicano han tratado de mejorar las condiciones de los acusados del 6 de enero, el trato al que se han enfrentado es de dominio público desde hace tiempo.
Durante una reciente conferencia de prensa organizada por la PFP, una oradora, que se presentó sólo como Angela, describió las «horrendas» condiciones a las que se enfrentaba su hijo —un veterano de combate del ejército estadounidense que sirvió en Afganistán— en la cárcel de Washington y en el centro de detención regional de Northern Neck, incluyendo una presunta agresión sexual por parte de los guardias.
Antes de su encarcelamiento, dijo, su hijo estaba en camino de convertirse en profesor de historia, aunque todavía sufría de las cicatrices físicas y mentales de sus viajes de combate en Afganistán. Nunca había sido acusado de un delito, señaló.
Pasando a hablar de las condiciones a las que se ha enfrentado, Angela dijo: «Las condiciones de la cárcel de D.C. son horrendas».
«Sus raciones a menudo huelen a líquido de limpieza», dijo. «Había pelos púbicos incluidos en [algunas] raciones de su comida. El agua potable estaba visiblemente sucia. El moho era visible en las celdas. Y las cucarachas vivían entre ellas».
Su hijo fue finalmente trasladado del centro en noviembre de 2021 tras una «agresión no provocada» por parte de los guardias del centro.
«La agresión no provocada, por no menos de cinco guardias», dijo la madre del acusado, con la voz quebrada, «incluyó componentes sexuales gráficos y dio lugar a su traslado».
Esto, dijo, ocurrió a pesar de que su hijo no había recibido ninguna infracción por mal comportamiento durante toda su detención.
«Se creía que esta agresión era una represalia por reunirse con su abogado», añadió.
Mientras estaba encarcelado, dijo, su hijo ha organizado servicios religiosos para los acusados, incluyendo estudios bíblicos y celebraciones en Pascua y Navidad.
Se han denegado varias peticiones para que su hijo sea puesto en libertad antes del juicio, lo que sugiere, según ella, que la detención preventiva de su hijo ha sido «completamente punitiva».
Compartir la verdad con el mundo
En diciembre de 2021, la representante Marjorie Taylor Greene y un puñado de otros legisladores republicanos celebraron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer un informe sobre el trato que reciben los acusados del 6 de enero, que se han enfrentado a «nada menos que violaciones de los derechos humanos«, dijeron los legisladores.
Greene enumeró una serie de ejemplos de maltrato.
Según Greene, los presos del 6 de enero recluidos en la cárcel de D.C. han sido golpeados por los guardias y el personal de la prisión, no han podido hablar con sus abogados, se les ha negado el corte de cabello o las maquinillas de afeitar para afeitarse, y no han recibido un tratamiento médico adecuado cuando lo necesitaban, entre otros muchos ejemplos.
Greene señaló otra peculiaridad de los acusados del 6 de enero. Normalmente, dijo Greene, los miembros del Congreso no tienen problemas para acceder a las cárceles cuando lo solicitan. En este caso, sin embargo, la subdirectora Kathleen Landerkin negó a Greene y a su coalición el acceso a las instalaciones en varias ocasiones antes de permitir finalmente el acceso a los representantes.
«De hecho, [Landerkin] nos impidió la entrada antes», dijo Greene, y añadió: «Está claro que había mucho que ocultar».
«Lo que está ocurriendo con estas personas detenidas está mal, es inconstitucional, es una violación de sus derechos y es un abuso al que pido a todos los miembros del Congreso que presten atención», dijo después durante la rueda de prensa.
La cárcel de D.C., dijo Greene, es conocida como «un lugar despreciable» desde la década de 1970, y señaló una decisión de un juez de distrito de EE. UU. que dictaminó que las condiciones imperantes en la cárcel violan la prohibición de castigos crueles e inusuales de la 8ª Enmienda.
Se les trata peor que a los terroristas
Poco ha cambiado desde esta decisión, dijo Greene, citando un reporte de 2015 que encontró que la cárcel estaba «plagada de moho, alimañas y fugas de agua» .Más recientemente, añadió Greene, el Servicio de Marshals de Estados Unidos en 2021 encontró que la cárcel era «inhóspita».
A pesar de los problemas bien documentados del edificio, los acusados del 6 de enero se han visto obligados a residir en la cárcel durante meses.
«Pero los acusados del 6 de enero están recibiendo un trato diferente a otro nivel», dijo Greene. «Han sido golpeados por los guardias, se les llama ‘supremacistas blancos’, se les niega los servicios religiosos, el corte de cabello, el afeitado, la posibilidad de cortarse las uñas».
Greene continuó: «Se les niega el tiempo con su abogado, se les niega la posibilidad de ver a sus familias y de que sus familias los visiten, se les niega la fianza y se los mantiene allí sin fianza».
«Muchas de estas personas nunca han sido acusadas de un crimen antes», dijo Greene. «Algunos de ellos son veteranos».
Aparte de todas estas presuntas violaciones de su libertad, informó Greene, a los acusados «se les ha dicho que tienen que denunciar al presidente Donald Trump» y «que sus opiniones son las de los miembros de una secta».
En resumen, sentenció Greene, los acusados del 6 de enero han sido tratados «peor de lo que tratamos a los terroristas en [Guantánamo]».
Apenas unas semanas después de la conferencia de prensa de Greene de diciembre de 2021, una inspección no anunciada del Servicio de Marshals de Estados Unidos pareció corroborar sus afirmaciones sobre el trato y las condiciones a las que se han enfrentado estos acusados.
En la inspección, los Marshals identificaron «deficiencias» en la cárcel de D.C., incluyendo pruebas de que se había cortado el agua a los presos como castigo. De ser cierto, se trataría de una importante violación de la ley por parte del personal de la cárcel de D.C.
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