Catorce productores y representantes de empresas exportadoras de banano fueron acusados de la presunta financiación a un frente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de protección, informó este martes la Fiscalía.
Los acusados supuestamente hicieron entre 1996 y 2004 aportes ilícitos al frente Arlex Hurtado de las AUC, que les daba seguridad y permiso para sus actividades comerciales en la región del Urabá (noroeste), a cambio del pago de tres centavos de dólar por cada caja de bananos que salía del país, informó la Fiscalía en un comunicado.
Según la información, estos aportes llegaron a superar los 33,292 millones de pesos (unos 8.5 millones de dólares) y se hacían por medio de una Convivir, nombre dado a cooperativas de seguridad que acabaron financiando a paramilitares para combatir a las guerrilla.
«Los desembolsos se habrían hecho a la denominada Convivir Papagayo, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a cuatro años de prisión en 2009, y por Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a seis años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arlex Hurtado de las AUC», explicó la Fiscalía.
La entidad acusó a los empresarios de los delitos de «concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad», agregó el comunicado.
No es la primera vez que empresas bananeras se ven involucradas con el paramilitarismo en Colombia, pues exportadores locales e importadoras internacionales se vieron envueltas en acusaciones y procesos judiciales por la financiación a estos grupos.
Una de estas vino de parte del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en mayo de 2023 se refirió a la comercializadora bananera Banadex, de tener vínculos con paramilitares.
También está el caso de la multinacional Chiquita Brands, que en 2007 admitió que había pagado a paramilitares colombianos cerca de dos millones de dólares, según dijo entonces, «bajo presión» para proteger a sus empleados, por lo que llegó a un arreglo judicial en Estados Unidos que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
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