La lista de investigaciones por corrupción del fiscal general de Ecuador acaba de aumentar, ya que el legislador de la Asamblea Nacional Celestino Chumpi ha sido objeto de críticas después de que el 31 de marzo saliera a la luz un video en el que se muestra una discusión sobre la venta del cargo de viceministro de Agricultura por 2.5 millones de dólares.
El presidente Guillermo Lasso dijo que Chumpi fue uno de los cinco asambleístas nacionales que intentaron solicitarle un soborno para votar a favor de una nueva ley de inversiones el mes pasado.
En el video, que el medio de comunicación La Posta difundió inicialmente, un hombre llamado Ernesto Ripalda decía ser asesor de Chumpi y hablaba con otros dos hombres sobre la venta del cargo público.
Ripalda discutió específicamente el precio del cargo, las condiciones y la forma de pago, y preguntó sobre cualquier interés en la transacción.
“Aquí estuvo en la mañana Celestino Chumpi, mi jefe. Yo trabajo para él. Yo soy asesor de él, es presidente de los GADs. Yo almuerzo y me tengo que ir a la Asamblea, yo trabajo con él», dijo Ripalda en la grabación.
Los hombres también acordaron que el precio del viceministerio debía ser de 2.3 millones de dólares, a los que se añadiría una ganancia adicional de 200,000 dólares en concepto de honorarios, con lo que el precio total de venta del cargo ascendería a 2.5 millones de dólares.
También se habló de un «economista» que ayudaría a coordinar la negociación en nombre del gobierno.
La indignación pública y oficial por el video filtrado no se hizo esperar.
El ministro de Agricultura, Pedro Álava, dijo que espera que «se proceda con todo el peso de la ley contra quienes se han tomado el nombre de esta Cartera, con la clara intención política de agredir al Gobierno Nacional y a este Ministerio».
Chumpi abordó las acusaciones en una rueda de prensa el 31 de marzo. “Estoy totalmente indignado, totalmente destrozado moralmente porque me han quitado mi dignidad, mi buen nombre, mi buena reputación», dijo.
El legislador se vio en un aprieto verbal con los periodistas tras decir que no conocía a Ripalda, pero admitió que no había visto el video.
Además, anunció que su abogado presentaría una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando motivos de persecución política.
Desde los comentarios iniciales de Chumpi, nuevas pruebas sugieren que el legislador acusado y Ripalda sí se conocen.
El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, dijo que Chumpi y Ripalda formaban parte de una delegación oficial con la que se reunió en marzo de 2010, cuyo objetivo era conseguir apoyo para un frente de oposición contra el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Según Palacios, Ripalda fue un «asesor legal» en la reunión.
Este escándalo llega pocos días después de que el 26 de marzo el presidente Lasso identificara a cinco asambleístas nacionales —incluyendo a Chumpi— en una trama de sobornos.
Cinco miembros clave se abstuvieron de votar la nueva ley de inversiones de Lasso tras pedir al jefe de Estado «beneficios económicos» a cambio de votos favorables.
Además de Chumpi, los otros cuatro legisladores del partido político Pachakutik acusados por Lasso son Rosa Elizabeth Cerda Cerda, Gissella Cecibel Molina Álvarez, Edgar Patricio Quezada Patiño y Cristian Omar Yucailla Yucailla.
Lasso hizo sus acusaciones formales en una carta dirigida a la Fiscalía General.
Después de que la ley de inversiones no lograra los 70 votos necesarios para su aprobación, el presidente anunció en las redes sociales que la medida fracasó porque se negó a ser chantajeado por los asambleístas de Pachakutik.
Antes de dar nombres, Lasso dijo el 24 de marzo que algunos de los asambleístas que intentaron extorsionar pidieron cargos, hospitales, ministerios, empresas eléctricas y dinero en efectivo.
«No podemos permitir la corrupción (…) En este país hay que decir la verdad», dijo Lasso.
En respuesta a las acusaciones de corrupción y a las demandas de la oficina de Lasso para que se investiguen las nuevas denuncias contra Chumpi, la fiscalía publicó un comunicado el 31 de marzo en el que dice que está investigando «presuntos actos de corrupción de diferentes instituciones públicas y actores políticos» desde septiembre de 2021.
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