Un gran jurado en Puerto Rico emitió una acusación formal contra dos presuntos narcotraficantes por el asesinato en noviembre pasado de un agente federal en el suroeste de la isla, informó este jueves la Fiscalía Federal.
Osvaldo Hernández Camacho, alias «Shaq u Oso», y Edgardo Luis Matos Santos, alias «Bebi», enfrentan cargos por cometer un asesinato relacionado con un arma de fuego en apoyo a un delito de narcotráfico y por el asesinato de un agente federal.
La víctima fue Michel O. Maceda, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), quien falleció el 17 de noviembre de 2022 tras un enfrentamiento en altamar en la costa de Cabo Rojo.
Hernández Camacho y Matos Santos, junto a otro hombre y dos mujeres, fueron acusados asimismo de diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas, la posesión de armas de fuego y el lavado de dinero.
Los otros acusados son Nelson Rivera Suárez, alias «Papo»; Xiomarie Marrero Álvarez, alias «Xiomy», y Yahaira Santos Castillo, alias «Yaja».
Según el comunicado de la Fiscalía Federal, los acusados conspiraron para importar cocaína a Estados Unidos desde República Dominicana entre noviembre de 2021 y abril de 2023, realizando múltiples viajes entre este país y Puerto Rico.
El pliego acusatorio estipula asimismo que el 17 de noviembre de 2022 Hernández Camacho y Matos Santos «mataron a sabiendas e intencionalmente» a Maceda en el ejercicio de sus funciones oficiales.
«La conducta imputada en esta acusación prueba que las armas de fuego en manos de los narcotraficantes representan una grave amenaza para nuestra comunidad y para nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley», dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua.
Joseph González, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, lamentó que el narcotráfico es «la raíz de muchos de los males» que aquejan a la sociedad y que incluso «los hombres y mujeres que juraron servir y proteger al pueblo, se convierten en víctimas de la violencia que de él se deriva».
Poco después de la muerte del agente federal, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, más recursos para combatir la entrada de drogas a la isla.
El gobernador sostuvo que la ubicación estratégica de la isla la convierte en un punto de transbordo para el contrabando de drogas ilegales a EE.UU. procedentes de América Central y del Sur y otros países caribeños.
El pasado marzo, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón, anunció una inyección federal de más de 10 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico.
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