Acusan a funcionarios de El salvador por negociar con pandillas en los comicios de 2014

Por Débora Alatriste
03 de febrero de 2020 5:02 PM Actualizado: 03 de febrero de 2020 5:02 PM

La Fiscalía General de El Salvador acusó ante el Juzgado Segundo de Paz a dos exfuncionarios del gobierno, al alcalde en funciones de la capital y otras cuatro personas por negociar la ayuda de pandillas para ganar las elecciones presidenciales, según informó el organismo el pasado 2 de febrero.

Según explicó el Fiscal del Grupo Anticorrupción, Arturo Cruz, un total de siete personas están acusadas por los delitos de Fraude Electoral y Agrupaciones Ilícitas, que fueron cometidos durante el proceso electoral del año 2014.

Los involucrados son el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exguerrillero Raúl Mijango, y Wilson Alvarado, quien oficiaba como enlace con los pandilleros, por parte del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); mientras que el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano; el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, y el periodista Paolo Luers por el lado del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La Fiscalía está solicitando que cada uno de los implicados pague una fianza de 100,000 dólares, se presente cada 15 días ante el tribunal correspondiente y no tenga contacto con miembros de los grupos delictivos, como una medida alterna a la detención.

De acuerdo con el físcal, «negociaron beneficios electorales con las dos principales pandillas del país» y explicó que los miembros del FMLN Benito Lara y Arístides Valencia, con el apoyo de Wilson Alvarado y Raúl Mijango, realizaron acercamientos con miembros de ambas pandillas en busca de acuerdos electorales, para lo cual les entregan la cantidad de 150,000 dólares, como parte de las primeras negociaciones.

«Las principales pandillas de El Salvador son la MS-13 y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios», señala la organización independiente Crisis Group.

Cruz dijo a los reporteros que Lara y Valencia se acercaron «a las estructuras de pandillas y les ofrecen dinero a cambio de que los pandilleros voten por la fórmula presencial de Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz y que estos pues también le pidan  a los miembros de la comunidad que voten por dicha fórmula empleando métodos de amenazas hacia esas comunidades así como también existieron el decomiso de duis de las personas que habían sido identificadas como simpatizantes del partido ARENA».

Posteriormente a la primera vuelta y ante los resultados obtenidos, los políticos del FMLN buscan de nuevo el acercamiento con ambos grupos delictivos.

Por su parte, los miembros del ARENA se acercaron a los mismas pandillas «para buscar revertir los resultados adversos obtenidos en la primera vuelta» entregando la cantidad de 100,000 dólares a través de Paolo Lüers.

Asimismo el entonces alcalde de Ilopango «llegó al acuerdo de contratar miembros de pandillas dentro de la comuna, los cuales se llegaban únicamente a cobrar, pero al ver que se captura al entonces alcalde de Apopa, cambian la metodología y contratan a los parientes de los pandilleros».

El fiscal del caso dijo que la audiencia se realizará a finales de la próxima semana, entre los días jueves o viernes.

Uno de los acusados, el alcalde Ernesto Muyshondt, dijo a través de un tuit que colaboraría en la investigación. «Enfrentaré el proceso de frente, con la verdad, convencido de mi inocencia y de la mano de Dios. Compareceré y colaboraré para que todo se esclarezca, se conozca la verdad y se le ponga punto final. Agradecemos todas las muestras de apoyo, seguro que saldremos fortalecidos».

Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo en Twitter con respecto a la acusación del periodista Paolo Leuers, que es raro que EDH no publique «el nombre de uno de los principales acusados, uno de sus directores editoriales, que habría realizado los pagos en efectivo a las pandillas. Sí, @paololuers, uno de los férreos críticos de los planes de seguridad del Gobierno».

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