La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, reveló los nombres de otros cinco acusados que fueron imputados a principios de esta semana por un gran jurado en una investigación en curso denominada por el estado trama electoral falsa, que el Partido Republicano de Arizona tacha de «pura interferencia electoral».
Según el acta de la imputación actualizada, hecha pública el 26 de abril por la oficina de la Sra. Mayes, los cinco individuos siguientes fueron nombrados como acusados: los abogados John Eastman, Boris Epshteyn, Christina Bobb y Jenna Ellis, así como el agente de campaña Michael Roman.
Los cargos contra ellos incluyen fraude, falsificación y conspiración en el contexto de un esquema de electores suplentes para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
A principios de esta semana, la oficina de la Sra. Mayes hizo pública una imputación en la que se presentaban cargos de diversos delitos contra un total de 18 personas en relación con lo que la fiscal general Mayes denominó en una declaración en vídeo, un «esquema electoral falso», que se urdió para «socavar la voluntad de los votantes de Arizona durante las elecciones presidenciales de 2020».
«Las elecciones de Arizona fueron libres y justas», dijo la fiscal general. «El pueblo de Arizona eligió al presidente Biden. No dispuestos a aceptar este hecho, los acusados por el gran jurado estatal, supuestamente conspiraron para impedir el traspaso legal de la presidencia. Cualquiera que haya sido su razonamiento, el complot para violar la ley debe ser respondido».
Los republicanos de Arizona emitieron una declaración en la que denuncian los cargos como «sospechosamente convenientes y políticamente motivados», dada su coincidencia con las elecciones presidenciales de 2024.
“Esto no es justicia”, escribieron a continuación. «Es pura interferencia electoral».
«Ellos no hacen más que socavar la confianza en los procesos legales de nuestro estado y están claramente diseñados para silenciar la disidencia y convertir la ley en un arma contra los oponentes políticos», añadió el Partido Republicano de Arizona.
La oficina de la fiscal general de Arizona nombró a principios de esta semana a los siguientes 11 individuos como acusados en el caso: Kelli Ward, Tyler Bowyer, Nancy Cottle, Jacob Hoffman, Anthony Kern, James Lamon, Robert Montgomery, Samuel Moorhead, Lorraine Pellegrino, Gregory Safsten y Michael Ward.
Dos nombres siguen estando tachados en la última imputación de cargos, mientras que el expresidente Donald Trump es identificado como un co-conspirador no imputado.
«Acusados adicionales fueron imputados pero no son nombrados ya que aún no se les ha notificado su imputación», aclaró la oficina de la Sra. Mayes en una declaración del 26 de abril.
Con la imputación de esta semana, Arizona se convirtió en el cuarto estado en el que los electores alineados con Trump (a los que se denomina de diversas formas «alternativos», «en duelo» o «falsos») fueron acusados penalmente, con casos en curso en Georgia, Michigan y Nevada.
Más detalles
Tras las elecciones de 2020, que según el presidente Trump se vieron empañadas por el fraude, las listas de electores republicanos de varios estados firmaron lo que describieron como actas electorales «alternativas» o «en duelo» a favor del 45º presidente.
En aquel momento, ellos se enfrentaron a críticas por usurpar supuestamente la autoridad de los electores demócratas, que estaban autorizados por los funcionarios electorales estatales a presentar certificados electorales basados en los resultados oficiales de las elecciones.
Sin embargo, los electores republicanos argumentaron que su decisión de presentar certificados alternativos era para preservar la reclamación legal del presidente Trump por las elecciones mientras las impugnaciones legales a los resultados se abrían paso en las cortes.
En el caso de Arizona, un total de 18 republicanos fueron acusados de conspiración, fraude y falsificación por presentar un certificado electoral al Congreso declarando que el presidente Trump venció al entonces candidato Joe Biden en el voto popular de Arizona durante las elecciones presidenciales de 2020.
Los registros oficiales indican que el presidente Biden ganó en Arizona por más de 10,000 votos.
«En Arizona, y en Estados Unidos, el pueblo eligió a Joseph Biden como presidente el 3 de noviembre de 2020», se lee en la imputación.
«No dispuestos a aceptar este hecho, los imputados y los coconspiradores no imputados conspiraron para impedir el traspaso legal de la presidencia para mantener al Coconspirador No imputado 1 en el cargo en contra de la voluntad de los votantes de Arizona. Este ardid habría privado a los votantes de Arizona de su derecho a votar y a que se contaran sus votos», añade el documento.
Aunque la imputación no nombra específicamente al presidente Trump, está claro por el contexto que «Coconspirador No imputado 1» es una referencia al expresidente Trump.
La imputación contiene extractos de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre los «conspiradores no imputados», cuyas identidades permanecen ocultas. Estas comunicaciones mencionan a aliados del presidente Trump como el exjefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el ex abogado de Trump y alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
Cuando finalmente se certificaron los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, las 11 personas nominadas como electores republicanos de Arizona se reunieron en Phoenix, donde firmaron un certificado durante una ceremonia, el 14 de diciembre de 2020, afirmándose como electores «debidamente elegidos y cualificados» a la vez que proclamaban que el presidente Trump había ganado el estado.
El documento que firmaron fue enviado al Congreso y a los Archivos Nacionales, donde no fue aceptado como legítimo.
Aparte de las causas penales en curso contra los electores republicanos «alternativos» o «falsos» en Arizona, Georgia, Michigan y Nevada, en diciembre se resolvió en Wisconsin una demanda civil por el mismo asunto, que exigió a los 10 republicanos que se presentaron como electores contingentes que enviaran declaraciones a las oficinas gubernamentales diciendo que sus acciones eran «parte de un intento de anular indebidamente los resultados de las elecciones presidenciales de 2020».
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