Acusan a padre e hijos por revender piezas de auto robadas por USD 3 millones

Por Noticia de agencia
20 de marzo de 2024 6:28 PM Actualizado: 20 de marzo de 2024 6:28 PM

Un padre y sus dos hijos han sido acusados en Puerto Rico por revender catalíticos robados de vehículos en la isla a compañías en Estados Unidos y generar 3 millones de dólares en ganancias, informó este miércoles la Fiscalía federal.

De acuerdo con documentos judiciales, Jaime A. Pérez Hernández, y sus dos hijos, Jaime Pérez Ramírez y Jesiel Pérez Hernández, conspiraron para comprar catalíticos robados en la isla y venderlos a tiendas en los estados de Nueva Jersey y Massachusetts, detallaron las autoridades federales en un comunicado.

Algunos de los metales con los que se fabrican los catalíticos tienen mayor valor por onza que el oro y que su costo ha incrementado los pasados años, indicaron las autoridades en la nota.

El costo de los catalíticos a nivel clandestino puede alcanzar los 1000 dólares cada uno, dependiendo del tipo de vehículo donde estén las piezas, entre otros factores.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los acusados empezaron a usar Facebook para vender los catalíticos robados en el mes de octubre de 2020.

Los imputados usaban sus dos compañías de reciclaje de metal, Borinken Catalytics LLC y Perez Metal Recycle, para comprar los catalíticos.

Luego de adquirir las piezas, elegían a varias compañías de transporte comercial privado para vender las mismas a otras empresas en Estados Unidos, las que entonces extraían y despachaban los metales a refinerías.

Por ello, Jaime A. Pérez Hernández y Jaime Pérez Ramírez enfrentan un cargo por conspirar para cometer lavado de dinero.

Estos recibieron transacciones electrónicas, dinero en efectivo y cheques por los cargamentos de convertidores de catalíticos.

Los tres imputados estaban en agenda para presentarse este miércoles a su vista preliminar ante el juez Héctor Ramos Vega en el Tribunal Federal de San Juan.

Si son encontrados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de 10 años por conspirar para transportar propiedad privada interestatal y otros 20 años por conspiración de lavado de dinero.


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