El gobierno de Biden presentó una apelación a la corte para que anule un fallo histórico que impide a las agencias gubernamentales contactar o trabajar con las grandes empresas de tecnología para censurar publicaciones en las redes sociales.
Los abogados que actúan en nombre del presidente Joe Biden y de una serie de organismos federales presentaron el miércoles una notificación de apelación (pdf) ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Louisiana, con el fin de anular una sentencia histórica dictada el día anterior en una demanda presentada por los estados Louisiana y Missouri contra la censura por delegación.
Los fiscales generales republicanos de Luisiana y Missouri demandaron a Biden y a varias agencias gubernamentales en mayo de 2022, acusándoles de presionar a las empresas de redes sociales para que censuraran publicaciones y eliminaran cuentas en lo que, según su demanda (pdf), fue uno de los «mayores ataques» a la libertad de expresión por parte de funcionarios federales en la historia de Estados Unidos.
Con una medida cautelar (pdf) dictada el 4 de julio, el juez Terry A. Doughty, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Louisiana, se puso del lado de los demandantes. El juez dictaminó que varias agencias gubernamentales, entre ellas la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), tienen prohibido tomar una serie de medidas con relación a las empresas de redes sociales, incluida la de comunicarse con ellas para censurar contenidos.
Se esperaba que el gobierno de Biden apelara la sentencia. The Epoch Times ha podido conocer que los funcionarios del DOJ prevén una rápida decisión por parte de la corte de apelaciones para bloquear las diversas prohibiciones que los demandantes habían aclamado como una victoria para la libertad de expresión.
Los demandantes, el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, y el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, se han comprometido a luchar contra la apelación.
El Sr. Landry dijo en una declaración que esperaba la apelación y se comprometió a «defenderla agresivamente», añadiendo que cree que el caso se verá finalmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
«Todavía no hemos terminado», escribió Bailey en un posteo en las redes sociales. «No hemos hecho más que empezar».
«Impactante, espantoso y preocupante»
El miércoles, el Sr. Doughty, un juez designado por Trump, escribió en la sentencia que los fiscales generales republicanos que demandaron a la administración Biden «han presentado pruebas de un enorme esfuerzo por parte de los Demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir el discurso basado en su contenido».
El juez dijo que las agencias nombradas en la demanda, junto con su personal, tienen prohibido reunirse o comunicarse por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto o “participar en cualquier comunicación de cualquier tipo con empresas de redes sociales instando, alentando, presionando , o induciendo de cualquier manera a la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenido que contenga la libertad de expresión protegida”.
Las agencias también tienen prohibido marcar contenido en publicaciones en plataformas de redes sociales y reenviarlo a las empresas con solicitudes de acción, como eliminar o suprimir su alcance.
También está prohibido alentar o incitar a las empresas de redes sociales a cambiar sus pautas para la eliminación, supresión o reducción de contenido que contenga la libertad de expresión protegida por el gobierno.
Si bien el fallo del juez no es definitivo, la orden judicial preliminar fue vista como una victoria por parte de los fiscales generales republicanos, quienes acusaron a la administración Biden de presionar a las grandes empresas tecnológicas para que participen en un esquema de censura por poder.
“Este podría ser uno de los casos más importantes de la Primera Enmienda en la historia moderna”, dijo Landry para el programa American Thought Leaders de The Epoch Times en una entrevista después de la sentencia.
“Si observa la opinión que presenta el juez, toma de nuestro argumento que esta es básicamente una de las iniciativas más masivas del gobierno federal para limitar el discurso estadounidense en la historia de nuestro país. Las cosas que descubrimos, en este caso, deberían ser impactantes, espantosas y preocupantes para todos los estadounidenses.
“Creo que este mandato de hoy ciertamente comienza a restringir la acción del gobierno y les dice a las empresas de redes sociales lo que pueden y no pueden permitir en sus plataformas”, dijo Landry.
‘Todos fueron suprimidos»
El fiscal general Landry dio ejemplos de censura por proxy a manos de la administración de Biden, incluidas cadenas de correos electrónicos entre funcionarios de alto rango de la Casa Blanca y plataformas de redes sociales dirigidas contra personas específicas, como el candidato presidencial Robert Kennedy Jr. y la personalidad de los medios Tucker Carlson, “apuntando directamente a ellos y pidiéndoles a esas plataformas de redes sociales que eliminen su contenido”.
“Hay una serie de cosas que, a medida que nosotros las presentábamos como evidencias en este caso, estas nos impactaron, y todo eso se presentó ante este juez”, dijo el Sr. Landry. “Yo creo que eso es lo que lo ha obligado a eventualmente hacer lo que hizo hoy, que es ordenar y darnos la medida cautelar”.
El juez escribió en un memorando adjunto que es probable que los demandantes tengan éxito en el fondo del caso en su intento de probar que la administración de Biden usó su poder para silenciar a la oposición.
“Oposición a las vacunas contra COVID-19; oposición a las mascarillas y
cierres por COVID-19; oposición a la teoría de filtración de COVID-19 del laboratorio; oposición a la validez de las elecciones de 2020; oposición a las políticas del presidente Biden; declaraciones de que la historia de la laptop de Hunter Biden era cierta; y oposición a las políticas de los funcionarios del gobierno en el poder. Todos fueron suprimidos”, escribió Doughty en el memorando.
Sin embargo, el juez hizo algunas excepciones en su orden, permitiendo que los funcionarios del gobierno se comuniquen con las empresas de redes sociales para alertarlos sobre actividades delictivas o amenazas a la seguridad nacional.
También se permiten los contactos que notifican a las empresas de redes sociales sobre publicaciones que intentan engañar a los votantes sobre los requisitos o procedimientos de votación, así como la comunicación con las empresas sobre la supresión de publicaciones que no protegen la libertad de expresión.
La prohibición de contactar o trabajar con empresas de redes sociales en contenido que contenga libertad de expresión protegida se aplica a varias agencias nombradas, así como a sus agentes, funcionarios, empleados y contratistas.
El DOJ dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que no comentaría sobre litigios pendientes.
Más de 50 funcionarios de la administración Biden en una docena de agencias participaron en los esfuerzos para presionar a las grandes empresas de tecnología para que censuraran la supuesta información errónea, según documentos publicados el año pasado.
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