La Administración Biden concedió 41.3 millones de dólares en contratos federales a un grupo de defensa alineado con el Instituto Vera de Justicia de izquierda progresista, que ayuda a los inmigrantes ilegales a luchar contra la deportación de Estados Unidos.
El Centro Acacia para la Justicia —una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington creada a través de una colaboración entre el Instituto Vera de Justicia y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área Capital— recibió un total de seis contratos del Departamento de Justicia para prestar «servicios legales» a partir del 1 de septiembre, según los registros del gobierno.
En su página web, el Centro Acacia para la Justicia dice que su misión es «ampliar el trabajo de Vera durante los últimos veinte años en la prestación de apoyo y representación legal a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación a través del desarrollo, la coordinación y la gestión de las redes nacionales de proveedores de servicios legales que sirven a los inmigrantes en todo el país».
Además, Acacia dice que sus objetivos son «apoyar los servicios legales para inmigrantes y las redes de defensa para proporcionar servicios legales excepcionales a los inmigrantes y abogar por la expansión de estos programas y la infraestructura crítica para garantizar a los inmigrantes el acceso a la justicia, la equidad y la libertad».
Acacia obtuvo recientemente su estatus de exención de impuestos federales. El 29 de julio, el Servicio de Impuestos Internos envió una carta de determinación 501(c)(3) al grupo, declarando que su fecha efectiva de exención de impuestos era el 29 de diciembre de 2021.
Fox News fue la primera en reportar sobre los contratos federales de la organización sin ánimo de lucro.
El Instituto de Justicia Vera ha recibido millones de fondos de la Fundación Open Society de George Soros.
En junio, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara por 5 a 4 que el gobierno de Biden tiene la autoridad para poner fin a la política de «Permanecer en México» de la era Trump, Vera emitió una declaración aplaudiendo la decisión de la corte.
«La decisión de la Corte Suprema marca un paso clave para restaurar el asilo, un componente crucial para un sistema de inmigración más justo y equitativo en Estados Unidos», declaró Vera.
En su momento, muchos legisladores republicanos expresaron su oposición al fallo de la Corte Suprema, entre ellos el representante Clay Higgins, miembro principal del subcomité de seguridad fronteriza de la Cámara de Representantes.
«Terminar con Permanecer en México debilitará aún más nuestra ya deteriorada seguridad fronteriza», dijo Higgins, según un comunicado. «El Congreso debe codificar los mecanismos de seguridad de Permanecer en México y el Título 42. La aplicación de la ley necesita esas herramientas para restablecer el control operativo y detener la desintegración masiva de nuestra soberanía en la frontera».
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área Capital (CAIR) dirige un programa de adultos detenidos y un programa de menores no acompañados detenidos, según su sitio web. El programa para adultos «ayuda a los inmigrantes detenidos a entender el proceso de la Corte de Inmigración y de la deportación» y pone a los inmigrantes en contacto con abogados pro bono.
El 20 de enero de 2021, el CAIR emitió un comunicado en el que decía sentirse aliviado porque la Administración Trump terminara.
«Hay un verdadero alivio al saber que la Administración Trump-Pence ha terminado», escribió el CAIR. «Ahora, estamos listos para aprovechar este momento y abogar por cambios verdaderos y sustantivos».
En agosto, los migrantes venezolanos superaron a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda fuente de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses detuvieron a 60,530 mexicanos en agosto, seguidos por los venezolanos con 25,349 encuentros.
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