La administración Biden propuso una normativa que prohíbe a los proveedores de servicios de televisión imponer gastos a los usuarios que se den de baja o cancelen su contrato a mitad de contrato.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. anunció en un comunicado de prensa el 21 de noviembre la propuesta contra las «prácticas de facturación abusiva» de los proveedores de servicios de televisión. Se centra en dos tarifas del sector: las tarifas por terminación anticipada y las tarifas por ciclo de facturación.
Al día siguiente, el presidente Joe Biden acogió con satisfacción la medida.
«Mi Administración acaba de anunciar una propuesta de norma que prohibirá las comisiones por rescisión anticipada en la televisión por cable y por satélite. Las empresas no deberían obligarle a contratar servicios que no quiere a cambio de elevadas comisiones. Es injusto, eleva los costos y ahoga la competencia. Estamos haciendo algo al respecto», escribió el presidente Biden en un posteo de X.
Las cuotas de rescisión anticipada «obligan a los abonados a pagar una cuota por rescindir un contrato de servicios de vídeo antes de su fecha de vencimiento, lo que hace costoso para los consumidores cambiar de servicio durante la vigencia del contrato», señala la FCC en una hoja informativa.
En la actualidad, los proveedores de servicios de cable y satélite suelen fijar a los nuevos abonados una duración determinada, como un año, mediante estrategias de precios promocionales. Con estos contratos, los clientes suelen tener que pagar un recargo si rescinden el contrato antes de la fecha de finalización prevista.
Los gastos de cancelación de contrato suelen calcularse multiplicando los meses restantes del contrato en el momento de la cancelación por una cantidad fija, por ejemplo 25 o 50 dólares.
«Dado que una ETF (tarifas por terminación anticipada) puede tener el efecto de limitar las opciones del consumidor una vez formalizado el contrato, puede repercutir negativamente en la competencia de servicios en el mercado», afirma la FCC.
Si la normativa entra en vigor, prohibirá a los operadores de cable y a los proveedores de DBS «imponer una tasa por la rescisión anticipada» de un contrato de servicios.
La norma propuesta también apunta a la práctica de las tarifas por ciclo de facturación, que «obligan a los abonados a servicios de vídeo a pagar por un ciclo de facturación completo, aunque el abonado cancele el servicio antes del final de ese ciclo de facturación», según la FCC.
Según la recomendación, las empresas deben proporcionar a los abonados «un crédito o reembolso prorrateado por los días completos restantes de un ciclo de facturación mensual o periódico tras la cancelación del servicio».
Existe la preocupación de que la propuesta perjudique a los operadores de televisión, ya que elimina fuentes de ingresos en un momento en el que millones de personas están cambiando la televisión por el streaming.
En un informe de septiembre, los analistas de MoffettNathanson señalaron que las empresas de televisión por cable y satélite perdieron 1.8 millones de suscriptores en el segundo trimestre, según CBS News.
Promoción de la competencia
Las reglas surgen de la orden ejecutiva del presidente Biden firmada en julio de 2021, que pedía poner fin a las tarifas específicas por cancelación anticipada.
“Nadie quiere pagar tarifas abusivas por algo que no quiere o no puede usar. Cuando las empresas cobran a los clientes tarifas por cancelación anticipada, limitan su libertad para elegir el servicio que desean», afirmó la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel.
«En un mercado de medios cada vez más competitivo, deberíamos facilitar que los estadounidenses utilicen su poder adquisitivo para promover la innovación y ampliar la competencia dentro de la industria».
La propuesta se votará durante la reunión abierta de la agencia el 13 de diciembre.
Tarifas innecesarias abusivas
La focalización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en las tarifas para el corte de cables es parte de la acción de la administración Biden contra las llamadas tarifas innecesarias, abusivas, o tarifas ocultas. En octubre, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos anunció que estaba explorando una norma para acabar con dichas tarifas.
La FTC afirmó que las tarifas abusivas son “cargos innecesarios, inevitables o sorpresa que inflan los costos y agregan poco o ningún valor (…) Las empresas a menudo cosechan tarifas innecesarias abusivas imponiéndolas a consumidores cautivos o implementando patrones oscuros digitales y otros trucos para ocultarlas o enmascararlas».
Además de las tarifas por cancelación anticipada que cobran los proveedores de servicios de cable, ciertas tarifas bancarias, recargos por estadías en hoteles y cargos adicionales por entregas de alimentos también se consideran tarifas abusivas.
Durante un evento en la Casa Blanca el mes pasado, el presidente Biden destacó la cuestión de las tarifas innecesarias abusivas.
«Las investigaciones muestran que, sin darse cuenta, las personas pueden terminar pagando hasta un 20% más debido a tarifas abusivas ocultas de lo que habrían pagado si pudieran ver el precio total por adelantado y compararlo con otras opciones».
«Si esta regla propuesta se finaliza como se propone, la FTC tendría el poder de imponer sanciones financieras a las empresas que no revelen su precio inicial completo y garantizar reembolsos para los clientes que hayan sido defraudados por empresas que cobran tarifas ocultas».
Sin embargo, algunos expertos no están convencidos de que eliminar las tarifas innecesarias abusivas sea algo bueno para los consumidores. Amit Bhattacharjee, profesor asociado de marketing en la Escuela de Negocios de Leeds de la Universidad de Colorado Boulder, señaló que dichas tarifas no suelen ser un componente enorme del precio de un producto y son solo un blanco político fácil.
Las empresas incurren en numerosos costos en sus operaciones y “si se les impide cobrar tarifas para cubrir esos costos, no es como si de alguna manera se eliminaran los costos mismos. Las empresas todavía tienen que asumirlos”, dijo, según un posteo del 9 de agosto publicado en el sitio web de la universidad.
“Pero si no pueden cobrar tarifas selectivamente a ciertos consumidores o en ciertas situaciones y tienen que agruparlos en un precio uniforme y todo incluido, ese precio será inevitablemente más alto para todos los demás. Es difícil legislar para eliminar las realidades económicas”.
The Epoch Times contactó a las asociaciones de banda ancha, ACA Connects y NCTA, para solicitar comentarios.
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