El gobierno de Biden sugirió el jueves que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, reciba inmunidad ante la demanda presentada contra él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
En una presentación judicial, la administración señaló el nombramiento del príncipe heredero como primer ministro en septiembre, lo que, según ellos, lo convierte en «el jefe de gobierno en funciones de un Estado extranjero».
«En virtud de los principios de inmunidad del derecho común articulados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su autoridad constitucional sobre los asuntos exteriores y fundamentados en el derecho internacional consuetudinario, el primer ministro Bin Salman, como jefe de gobierno en funciones, es inmune mientras esté en el cargo a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en esta demanda», se lee en la presentación judicial.
Sin embargo, la presentación señaló que la Administración Biden, al hacer la determinación de inmunidad, no tiene «ninguna opinión sobre el fondo de la presente demanda y reitera su condena inequívoca del atroz asesinato de Jamal Khashoggi».
En última instancia, un juez tendrá la última palabra sobre la concesión o no de la inmunidad al príncipe heredero.
La presentación del jueves es el resultado de una demanda presentada por la prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, y el grupo de derechos que fundó Khashoggi, Democracy for the Arab World Now.
En Twitter, Cengiz arremetió contra la solicitud de inmunidad del gobierno de Biden, diciendo que con ello, el gobierno de Estados Unidos ha «salvado al asesino» y que el presidente, «ha salvado al criminal y se ha involucrado él mismo en el crimen».
«El departamento de Estado de Estados Unidos ha concedido la inmunidad a #MBS. No era una decisión que todo el mundo esperaba. Pensamos que tal vez habría una luz para la justicia por parte de #EEUU Pero de nuevo, el dinero fue lo primero», escribió.
En un porteo posterior, los activistas de derechos humanos declararon que «Jamal ha muerto hoy de nuevo»
Un giro de 180 grados para Biden
La decisión de Biden marca un drástico giro de 180 grados respecto a su postura anterior sobre el asesinato del excolumnista del Washington Post en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha vinculado la muerte al príncipe heredero, que creen que aprobó el asesinato, aunque los restos de Khashoggi nunca se han encontrado.
Khashoggi era un crítico abierto del gobierno saudí, que ha sido criticado en repetidas ocasiones por organizaciones de derechos humanos y organismos de Naciones Unidas por sus violaciones de los derechos humanos y sus leyes que restringen la expresión política y religiosa, incluido el silenciamiento de personas que considera rivales o críticas.
Sin embargo, las autoridades del país han rechazado cualquier vínculo con el príncipe heredero y la muerte de Khashoggi y han negado las acusaciones de abusos contra los derechos humanos.
Previamente este año, Biden se enfrentó a las críticas después de que optara por compartir un choque de puños con el príncipe heredero durante una visita al reino del Golfo, mientras intentaba persuadir a Arabia Saudí de que produjera más petróleo en medio de la subida de los precios del gas en Estados Unidos.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados productores de petróleo, la OPEP+, acordaron reducir su producción de petróleo apenas unas semanas después.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo en una declaración enviada por correo electrónico a Axios que el Departamento de Justicia presentó lo que llamó la «sugerencia de inmunidad», a petición del Departamento de Estado, «en base a principios de larga data y bien establecidos» de la ley, incluyendo el derecho internacional «que Estados Unidos ha aplicado consistentemente y a través de las administraciones a los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores mientras están en el cargo».
«Esta Sugerencia de Inmunidad no refleja una valoración sobre el fondo del asunto. No dice nada sobre una política más amplia o el estado de las relaciones. Se trata de una determinación puramente jurídica», dijo el portavoz.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para pedirle comentarios.
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