Los conservadores afirman que el gobierno de Biden está tomando medidas enérgicas una vez más contra los derechos de los padres, persiguiendo a las escuelas en las que los padres lucharon por retirar libros sexualmente inapropiados.
La Casa Blanca emitió un comunicado el 8 de junio en el que anunciaba el nombramiento de un nuevo coordinador de la DEO «para hacer frente a la creciente amenaza que supone la prohibición de libros para los derechos civiles de los alumnos».
El comunicado sugiere que será mejor que las escuelas vuelvan a poner los libros en las estanterías o se enfrentarán a la desfinanciación federal.
«Hoy, para celebrar el Mes del Orgullo, la Administración Biden-Harris anuncia nuevas medidas para proteger a las comunidades LGBT de los ataques contra sus derechos y su seguridad», dice el comunicado de la Casa Blanca.
Muchas de las prohibiciones se produjeron en estados rojos —como Texas, Florida, Misuri, Carolina del Sur y Utah— donde los legisladores han defendido los derechos de los padres que luchan por proteger a los niños de los libros sexualmente explícitos mediante nuevas leyes.
El gobierno de Biden sostiene que prohibir libros dirigidos a comunidades específicas podría crear un entorno escolar hostil para los alumnos LGBT y, por tanto, violar las leyes federales de derechos civiles en virtud del Título IX.
¿Derechos civiles o ideología?
El Título IX es el nombre común de una ley federal de derechos civiles promulgada en 1972. Prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas o programas relacionados con la educación que reciban financiación federal.
La Casa Blanca afirma que las protecciones del Título IX se extienden para incluir la identidad de género y la orientación sexual, una afirmación que está siendo cuestionada en los tribunales.
La oficina del fiscal general de Texas anunció el 14 de junio que demandaba la «interpretación ilegal del Título IX» de la Administración Biden en relación con la ideología transgénero.
Grupos de defensa de los derechos de los padres y legisladores estatales han condenado la presión de la administración sobre las escuelas en relación con el contenido sexual de las bibliotecas como una extralimitación similar.
Tanya Parus, presidenta de Moms for America en Sarasota (Florida), declaró a The Epoch Times que el gobierno de Biden tiene un historial de querer silenciar a los padres que comenzó cuando éstos se opusieron a los mandatos de mascarillas durante la pandemia del COVID-19.
Parus calificó el nuevo plan de Biden de tan inconstitucional como los mandatos.
«Y ahora vuelve a hacerlo con el pretexto de los derechos civiles», afirmó.
El legislador republicano de Texas Steve Toth, que trabajó para eliminar el contenido sexual inapropiado de su distrito escolar local en el condado de Montgomery, dijo que los tribunales siempre han defendido los derechos de los padres. Por ello, cree que esta batalla no será diferente.
Toth declaró a The Epoch Times que los tribunales nunca han dicho que los niños tengan derecho a ver películas clasificadas R o X.
Toth considera que los intentos de tácticas intimidatorias de la administración para obligar a las bibliotecas a tener libros inadecuados constituyen un problema jurídico similar.
«Texas demandará al gobierno federal y prevaleceremos», afirmó Toth.
El comunicado del gobierno de Biden afirmaba que las prohibiciones amenazan a los estadounidenses LGBT, y añadía que en 2022 se había producido el «mayor número de prohibiciones de libros de los últimos 20 años».
Decía que el zar de los libros prohibidos trabajaría para proporcionar «nueva formación a las escuelas de todo el país» sobre por qué no deben retirarse los materiales LGBT de las estanterías de las bibliotecas.
Quienes se oponen a las prohibiciones de libros afirman que podrían dar lugar a que los distritos escolares censuraran injustamente muchos libros de las bibliotecas, concretamente los que tratan sobre personajes LGBT.
El FBI amenaza a los padres
Según los legisladores conservadores, la administración ya ha utilizado el poder del gobierno federal para someter a los padres sometiéndolos a investigaciones.
Quizá la más publicitada fue una orden de 2021 del Departamento de Justicia para investigar a los padres vocales que se presentaban en los consejos escolares locales en lugares como el condado de Louden, Virginia, para luchar contra las políticas de baños transgénero que condujeron a la violación de una adolescente.
La Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA, por sus siglas en inglés) y la Casa Blanca se coordinaron para elaborar una carta en la que se instaba a las fuerzas de seguridad federales a investigar a los padres, utilizando contra ellos herramientas antiterroristas como la Ley Patriota, según un informe del Comité Judicial y del Subcomité Selecto.
El informe es el resultado de una investigación sobre el «uso como arma» de los recursos gubernamentales contra los padres, dirigida por el legislador republicano Jim Jordan.
Mientras tanto, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del DOE ya ha empezado a investigar a las escuelas que prohíben libros tras las quejas de los padres. El gobierno federal sostiene que prohibir libros con autores o contenido LGBT crea un «entorno hostil».
La OCR inició una investigación en las escuelas del condado de Forsyth, a las afueras de Atlanta, después de que el distrito revisara material sexual inapropiado para la edad en las bibliotecas escolares, según Associated Press.
El distrito retiró inicialmente varios libros después de que los padres se quejaran de que el material era sexualmente explícito, según las noticias.
Entre los libros en cuestión figuraba «Extremely Loud and Incredibly Close», de Jonathan Safran Foer, que describe cómo realizar un acto sexual.
Otro, «All Boys Aren’t Blue», de George Johnson, trata de un chico negro que aprende sobre distintas experiencias sexuales. Describe varias situaciones sexuales gráficas, incluidos dos chicos que realizan actos sexuales entre sí.
Antes de que finalizara la investigación de la OCR, las escuelas del condado de Forsyth aceptaron un acuerdo de resolución que parecía orientado a fomentar nuevas quejas de alumnos que pudieran estar en desacuerdo con las decisiones de los adultos, según el acuerdo.
«Al DFI le preocupa enormemente que este acuerdo represente nada menos que una nueva plantilla de ámbito nacional que la OCR utilizará para intimidar a los padres en sus esfuerzos por impedir que sus hijos accedan a material sexualmente explícito en las bibliotecas escolares», escribió la organización.
En el acuerdo, el distrito escolar estaba obligado a publicar «un aviso de que cualquier estudiante que se sienta afectado por el ambiente que rodea a la retirada de libros» puede ponerse en contacto con el distrito para pedir ayuda.
El distrito se comprometió a «tomar medidas» contra cualquiera que creara un entorno hostil basándose en el Título IX, según el acuerdo.
En Texas, un distrito fue igualmente objeto de la OCR.
La OCR inició en diciembre una investigación sobre el Distrito Escolar Independiente de Granbury (ISD, por sus siglas en inglés), en Texas, por retirar de las bibliotecas escolares contenidos sexualizados, incluidos los de temática sexual LGBT.
La investigación, que se cree que es la primera de este tipo en Texas, se abrió después de que la ACLU de Texas presentara una denuncia contra el distrito en julio de 2022.
Leyes de bibliotecas del Estado Rojo
El asunto puede enredarse más legalmente en los estados que aprobaron leyes que prohíben los libros sexualmente explícitos o pornográficos en las escuelas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el 12 de junio una ley muy reñida, respaldada por el Partido Republicano, para restringir los libros sexualmente explícitos en las escuelas públicas de su estado.
La ley de Texas, House Bill 900, se denominó Ley de Restricción de Recursos Educativos Explícitos y Designados para Adultos o Ley Lector. El impulso para aprobarla fue liderado por el representante estatal Jared Patterson, republicano, junto con padres y grupos de activistas conservadores de todo el Estado de la Estrella Solitaria.
La medida regula de dos maneras los libros de la biblioteca de las escuelas de Texas.
Una disposición exige que la Comisión de Bibliotecas y Archivos del Estado de Texas elabore normas obligatorias sobre el material antes del 1 de enero de 2024, para su aprobación por el Consejo Estatal de Educación. El nuevo sistema deberá estar en pleno funcionamiento en septiembre de 2024.
La otra hace a los vendedores de libros que venden a las bibliotecas escolares responsables de seguir las nuevas normas de material. Se les exigirá que clasifiquen los libros en función de criterios específicos.
Patterson dijo que los legisladores estatales se basaron en la ley federal y en la jurisprudencia de la Corte Suprema al redactar la legislación.
Sus esfuerzos por aprobar la HB 900 se produjeron tras meses de ayudar a los padres a luchar contra los distritos escolares del norte de Texas para que retiraran libros explícitos de la biblioteca, como «The Perks of Being a Wallflower». Ese libro presenta a una joven protestando y llorando mientras un chico la obliga a realizar un acto sexual.
«No me sorprende que los manipuladores del presidente lo tengan defendiendo a los groomers, pero deben saber que Texas luchará con todo lo que tiene para detenerlos», declaró Patterson a The Epoch Times.
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