La administración Biden está considerando la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria debido a la falta de acceso al aborto en algunos estados.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, le dijo a Axios el 30 de enero que ha habido “discusiones” sobre la mejor manera de proteger el derecho al aborto, incluida la posibilidad de una declaración de emergencia.
“Hay ciertos criterios que uno busca para poder declarar una emergencia de salud pública. Eso normalmente lo hacen los científicos y los que son profesionales en esos campos, que nos dirán si estamos en un estado de emergencia y, en base a eso, tengo la capacidad de hacer una declaración”, agregó Becerra.
El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) continuó diciendo que aún no se ha realizado una «evaluación completa» de cómo sería dicha declaración y si está justificada, pero su departamento actualmente está analizando la posibilidad.
“Estamos constantemente explorando acciones adicionales que podemos tomar para proteger y ampliar el acceso a la atención de la salud reproductiva, incluida la atención a los abortos, y estamos priorizando las acciones que pueden brindarnos el mayor impacto y las soluciones más duraderas”, le dijo un portavoz del HHS a Axios.
Roe vs Wade
La Corte Suprema revocó las protecciones federales para el acceso al aborto cuando anuló Roe vs Wade, en el verano de 2022, con su decisión sobre el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization.
Desde entonces, los estados individuales han estado decidiendo qué servicios de aborto deberían estar disponibles. La administración Biden ha presionado para ampliar el acceso al aborto en los estados que han introducido restricciones.
En julio de 2022, Biden emitió una orden ejecutiva que le ordenaba a Becerra “tomar medidas adicionales para proteger y ampliar el acceso a la atención de abortos, incluido el acceso a medicamentos que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó como seguros y efectivos hace más de veinte años”.
Poco después de que se hiciera esa orden, más de 80 demócratas de la Cámara enviaron una carta a Biden y Becerra pidiéndoles que declararan una emergencia o se movieran para prohibir las restricciones en algunos estados. Esto se produjo después de que el presidente dijera, en ese momento, que una declaración de emergencia no era una “gran opción”.
The Wall Street Journal informó en enero que la administración ha buscado reducir los estándares regulatorios que permiten que las píldoras abortivas, que anteriormente solo estaban disponibles a través de unas pocas farmacias de pedidos por correo, se vendieran en farmacias físicas. Un grupo de casi 80 legisladores envió una carta al comisionado de la FDA de EE.UU. expresando su “profunda oposición” a los nuevos estándares para la distribución del medicamento abortivo químico.
Luego de ese cambio, Alliance Defending Freedom presentó una demanda de 113 páginas el 18 de noviembre en el Tribunal federal para el Distrito Norte de Texas, en Amarillo, en nombre de Alliance for Hippocratic Medicine y otras organizaciones e individuos, alegando que la FDA no aprobó adecuadamente la mifepristona con el propósito de interrumpir embarazos.
La demanda busca una orden judicial preliminar que prohíba la prescripción de “mifepristona y misoprostol como medicamentos abortivos químicos aprobados por la FDA” mientras se resuelve la impugnación legal, lo que podría suceder esta primavera, como informó anteriormente The Epoch Times.
Esa decisión también llevó a los fiscales generales de 22 estados a pedirle a la FDA que revoque un cambio de regla que permite recetas remotas de píldoras abortivas por correo. En la carta del 13 de enero, los fiscales generales criticaron a la FDA y dijeron que la decisión de la agencia de “abandonar las restricciones de sentido común sobre la prescripción y administración remota de medicamentos, para inducir el aborto, es ilegal y peligrosa”.
HHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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