El 12 de junio, el gobierno de Biden concretó un acuerdo provisional en virtud de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA) que obliga a las aseguradoras sanitarias a cubrir la atención preventiva, como las pruebas de detección del cáncer y la prevención del VIH, sin costo adicional para los pacientes, mientras prosigue un proceso judicial.
El acuerdo se anunció por primera vez el viernes y se ha concretado ahora en una solicitud ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans. El acuerdo mantiene intacta la cobertura en todo el país, exigiendo a la mayoría de los planes de salud que sigan proporcionando atención preventiva gratuita mientras el caso continúa su curso. A cambio, la Administración acordó no aplicar el mandato de cubrir los servicios de atención preventiva a las pequeñas empresas que impugnan la disposición. Esto significa que, aunque las normas de la Ley de Asistencia Asequible sean confirmadas en la apelación, el gobierno no puede penalizar a los demandantes por negarse a cubrir los servicios requeridos.
Aunque el mandato esta en vigor, permite a Braidwood Management, con sede en Texas, una de las empresas y particulares que la impugnaron, dejar de cubrir por ahora la profilaxis preexposición (PPrE) contra el VIH y otros servicios preventivos para sus empleados.
Braidwood y otros demandantes impugnaron el mandato específicamente por la PrEP contra el VIH, que según ellos viola sus creencias religiosas en virtud de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés) al alentar la homosexualidad y el consumo de drogas.
El mandato de atención preventiva, parte de la Ley de Atención Asequible (ACA), también conocida como Obamacare, cubre los servicios recomendados por un grupo de trabajo federal. Este mandato apoya los esfuerzos nacionales para acabar con la epidemia de VIH en Estados Unidos.
En marzo, el juez federal de distrito Reed O’Connor en Fort Worth, Texas, impidió que el gobierno federal hiciera cumplir el mandato para una gama mucho más amplia de servicios, al considerar que la función del grupo de trabajo en virtud de la ACA viola la Constitución de Estados Unidos.
Sin embargo, el 5º Circuito bloqueó temporalmente la aplicación inmediata de la sentencia en mayo, con lo que la disposición de la ley sanitaria volvió a entrar en vigor. La corte de apelaciones también pidió a las dos partes que llegaran a un compromiso sobre hasta qué punto debía suspenderse el mandato mientras sopesaba su decisión.
El 5º Circuito escuchó los argumentos orales sobre el caso la semana pasada, y se espera un fallo en los próximos meses. Es probable que se interponga un recurso ante la Corte Suprema, independientemente de cuál de las partes prevalezca.
La sentencia no se aplica a los servicios recomendados por el grupo de trabajo antes de la promulgación de la ACA en 2010, incluida la detección del cáncer de mama.
“Esta es la primera vez que una corte dictamina que el requisito de cobertura de servicios preventivos de ACA, aparte del requisito de cobertura anticonceptiva, viola los derechos religiosos de los empleadores. Esto tiene el potencial de abrir la puerta a los empleadores que se oponen a otros servicios, como las vacunas», informó KFF, una organización independiente sin fines de lucro enfocada en temas de salud nacional.
Más de 150 millones de personas tenían derecho a recibir atención preventiva gratuita a partir de 2020 en virtud de la ACA, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
A fines de 2020, los CDC estimaron que había 1,070,604 adultos y adolescentes diagnosticados en Estados Unidos y zonas dependientes.
La PrEP ha sido una piedra angular del esfuerzo federal para abordar el VIH en Estados Unidos debido a su eficacia. La PrEP es un medicamento que es 99 por ciento efectivo para prevenir el VIH a través de las relaciones sexuales y al menos 74 por ciento efectivo para prevenir el VIH contraído por el consumo de drogas inyectables.
Reuters contribuyó a este artículo.
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