El gobierno de Biden dio a conocer el martes una nueva norma que constituye el esfuerzo más significativo hasta la fecha para restringir que inmigrantes ilegales crucen la frontera para pedir asilo en Estados Unidos.
Los inmigrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos, o que no busquen protección en los países por los que pasen de camino a Estados Unidos, serán considerados automáticamente no aptos para el asilo, a menos que puedan acogerse a ciertas excepciones, según la nueva norma publicada el 21 de febrero en la página web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La norma es mucho más restrictiva que las leyes actuales, que permiten a las personas que alegan persecución en su país de origen solicitar asilo en Estados Unidos, independientemente de como hayan entrado.
«Estas medidas se adoptan en respuesta a los desafíos migratorios sin precedentes del hemisferio occidental —el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial— y a la ausencia de una acción del Congreso para actualizar un sistema de inmigración muy descompuesto y obsoleto», dijo el DHS en una declaración.
El DHS calificó la nueva regla como una «medida de emergencia» destinada a evitar un mayor aumento de la inmigración ilegal cuando se espera que el Título 42 expire el 11 de mayo. El Título 42 es una política de respuesta contra COVID-19 de la era Trump que permitió la expulsión acelerada de inmigrantes ilegales.
Después de un período de comentarios públicos de 30 días, la nueva regla estaría en vigor por un período de dos años.
«Como hemos visto una y otra vez, las personas a las que se les proporciona un camino seguro, ordenado y legal hacia Estados Unidos son menos propensas a arriesgar sus vidas atravesando miles de kilómetros en manos de contrabandistas despiadados, solo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una declaración el 21 de febrero.
El fiscal general, Merrick Garland, indicó a través de una declaración que la norma propuesta «establecerá directrices temporales relativas a la elegibilidad de asilo en esos procedimientos cuando se levante la orden del Título 42».
El Departamento de Justicia (DOJ) es responsable de supervisar los tribunales de inmigración de EE. UU. y «garantizar que las reclamaciones se adjudican de forma rápida, justa y coherente con el debido proceso», añadió Garland.
Oposición
Algunos demócratas y ciertos defensores se han opuesto a la propuesta de la administración Biden desde su publicación.
Estados Unidos «no debería restringir las vías legales» para entrar en el país y que en vez de ello «debería ampliarlas», dijeron los representantes. Jerrold Nadler ( D-N.Y.) y Pramila Jayapal (D-Wash.), en una declaración conjunta.
«La capacidad de solicitar asilo es un principio básico protegido por la ley federal y nunca debería ser violado», afirmaron los representantes demócratas, añadiendo que esperan que el presidente Joe Biden reconsidere la propuesta.
La Unión Americana de Libertades Civiles afirmó en una declaración que la propuesta «no debería seguir adelante», y añadió que los tribunales estadounidenses «reconocen desde hace tiempo que la decisión de una persona de no solicitar asilo mientras se encuentra en tránsito hacia Estados Unidos no anula su necesidad de protección aquí».
El anuncio del DHS se produjo semanas después de que el gobierno de Biden anunciara medidas destinadas a frenar la inmigración ilegal procedente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Las medidas incluyen un acuerdo con México para devolver hasta 30,000 inmigrantes ilegales de estos países cada mes, y un proceso de «libertad condicional» que permite a hasta 30,000 personas de estos países obtener autorizaciones de trabajo en Estados Unidos con la condición de que entren legalmente.
Desde el anuncio de la administración en enero, las aprehensiones de personas que cruzan ilegalmente la frontera suroeste se redujeron de 221,675 en diciembre de 2022 a 128,410 en enero de 2023, es decir, aproximadamente un 42 % menos, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
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