Apenas unas semanas después de que la Corte Suprema accediera a escuchar un caso que involucraba una norma de la era Trump que impedía a los proveedores de atención médica financiados con fondos federales canalizar en un programa de planificación familiar a pacientes para abortos, la administración Biden pidió a la corte que abandonara el caso.
Todas las partes en el caso consintieron en pedir que no se escuchara, a la espera de que el presidente Joe Biden retirara la norma.
Biden telegrafió que lo haría cuando emitió un memorándum ejecutivo el 28 de enero dirigido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. que considerara derogar la norma que rige el programa de planificación familiar para gente pobre bajo el Título X de la Ley de Servicios de Salud Pública.
La norma “ha provocado la finalización de financiación federal de planificación familiar para muchos proveedores de atención médica para mujeres y pone en riesgo la salud de las mujeres al dificultar que las mujeres reciban información médica completa”, dijo Biden en el documento.
Una ley llamada Enmienda Hyde prohíbe que los fondos federales cubran los abortos, excepto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer se considera en riesgo.
La petición de revisión en el caso, Asociación Médica Estadounidense (AMA) vs. Cochran, expediente judicial 20-429, fue concedida el 22 de febrero. La solicitud para desestimar el caso con el consentimiento de todas las partes se presentó después del horario laboral normal el 12 de marzo.
El caso es en realidad tres demandas, que la corte combinó. Las otras dos demandas son Cochran vs. Alcalde y Ayuntamiento de Baltimore y Oregon vs. Cochran. Norris Cochran es el secretario interino de HHS. Todas las partes en dos de las demandas interpusieron una estipulación conjunta de desestimación ante la corte el 12 de marzo. El mismo día se presentó una estipulación conjunta separada para desestimar en el caso de Baltimore.
El 22 de febrero de 2019, el HHS emitió una norma que revisa las regulaciones que rigen el programa de planificación familiar del Título X, que atiende a aproximadamente a 4 millones de estadounidenses de bajos ingresos. La nueva norma fue aclamada por los grupos provida como un paso en la dirección correcta.
En su presentación ante la corte superior, la AMA elogió el programa y afirmó:
“Durante cinco décadas, el programa Título X ha sido un éxito extraordinario, ya que ha servido para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención de planificación familiar—independientemente de dónde vivan o de sus medios económicos. El programa brinda servicios de atención médica vitales, como anticoncepción, pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, detección de cáncer de mama y de cuello uterino, y pruebas de embarazo y asesoramiento”.
El aspecto de la nueva norma que resultó controvertido fue la prohibición de canalizar a pacientes «para el aborto como un método de planificación familiar», dijo el HHS en 2019. Esta norma mordaza, como la llamaron los críticos, «no prohíbe el asesoramiento no directivo sobre el aborto, sin embargo elimina el requisito de que los proveedores del Título X ofrezcan asesoramiento y canalización sobre el aborto».
La norma “protege a los proveedores de atención médica del Título X para que no se les exija elegir entre participar en el programa y violar sus propias conciencias al brindar asesoramiento y canalización sobre el aborto”, dijo el HHS.
Ese mismo año, varias cortes federales bloquearon la norma, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitió que entrara en vigor, luego de lo cual el proveedor de servicios de aborto Planned Parenthood se retiró del programa. En 2020, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito emitió un fallo contradictorio, confirmando un fallo de una corte inferior que impedía que entrara en vigor.
El 1 de octubre de 2020, la AMA argumentó en una petición presentada ante la Corte Suprema que la norma impedía que los médicos que participaban en el programa recomendaran abortos a sus pacientes y esto violaba la ética médica.
“Todas las organizaciones médicas líderes en Estados Unidos se opusieron a la norma. Todos fueron inequívocos en cuanto a que esta violaría los principios fundamentales de la ética médica”, afirma la petición.
La AMA advirtió en comentarios sobre la norma que «interferiría peligrosamente con la relación médico-paciente y entraría en conflicto con las obligaciones éticas de los médicos», y que «los proveedores del Título X que llevan mucho tiempo trabajando dejaron en claro que serían obligados a abandonar el programa—lo que resultaría en un éxodo masivo de proveedores en detrimento de los pacientes y la salud pública”.
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