Tanto el gobierno de Joe Biden como dos estados opositores en un gran litigio en Estados Unidos dijeron que la Corte Suprema tiene el poder de decidir las cuestiones legales centrales en un causa relacionada al programa «Permanecer en México» de la era Trump, que requiere que los solicitantes de asilo no mexicanos que llegan a la frontera sur esperen en México para su procesamiento.
Los estados de Texas y Missouri argumentaron en el caso Biden vs. Texas, expediente judicial 21-954, que el presidente Joe Biden está infringiendo la ley al poner fin al programa «Permanecer en México».
Al asumir el cargo, Biden cortó las inscripciones en el programa, la parte de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) creados por el Congreso cuando Bill Clinton era presidente. La administración Trump había anunciado en 2018 que aplicaría el programa inactivo para frenar la práctica conocida como catch-and-release (atrapar y liberar), en la que las personas presentaban solicitudes de asilo fraudulentas sabiendo que se les dejaría entrar en Estados Unidos y podrían quedarse durante años antes de su comparecencia ante el tribunal.
En agosto del año pasado, a petición de Texas y Missouri, el juez de distrito de Texas, Matthew Kacsmaryk, ordenó al gobierno que siga aplicando la política del Protocolos de Protección al Migrante (MPP) hasta que fuera «legalmente rescindida». La administración de Biden no justificó adecuadamente el fin de la política y no defendió una ley de 1996 que exigía la detención de ciertos migrantes, sostuvo el juez. El Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE. UU. confirmó la sentencia de Kacsmaryk.
Durante los argumentos orales el 26 de abril, la administración Biden dijo a la Corte Suprema que no debía continuar con el programa «Permanecer en México», informó The Epoch Times.
La Procuradora General de los Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, indicó en la audiencia que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, «ejerció su discreción estatutaria para hacer un juicio de política» y «encontró que los beneficios del MPP eran superados por sus costos domésticos, humanitarios y de política exterior».
El procurador general de Texas, Judd E. Stone II, dijo a los jueces que la ley generalmente exige que Estados Unidos detenga a los migrantes o los devuelva a México. Si carece de recursos para detenerlos, debe devolverlos a México para que puedan esperar allí la tramitación del asilo, dijo.
Sin embargo, el 2 de mayo, la Corte Suprema tomó la inusual medida de pedir a los abogados involucrados en el caso que presenten sus alegatos después de la audiencia, una medida que sugiere que los jueces no están seguros de la autoridad que poseen bajo las leyes federales de inmigración. La orden no firmada (pdf) decretó a las partes «presentar escritos complementarios que aborden», entre otras cosas, «si este Tribunal tiene jurisdicción para considerar el fondo de las cuestiones presentadas en este caso».
Biden vs. Texas ofrece una ventana a la forma en que los reservados jueces deliberan sobre los casos después de que se hayan escuchado los argumentos orales. Ocasionalmente, el alto tribunal solicita a los abogados sesiones informativas adicionales cuando un caso es particularmente complejo, o cree, en retrospectiva, que ciertas cuestiones en la audiencia no estaban tan bien desarrolladas como podrían haberlo estado.
El interés público en el opaco proceso de deliberación dela Corte Suprema aumentó desde el 2 de mayo, cuando Politico publicó un borrador filtrado de la opinión mayoritaria en el caso Dobbs vs. la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, un caso pendiente. El borrador filtrado sugiere que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema están dispuestos a revocar el caso Roe vs. Wade, el precedente fundamental de 1973 que federalizó la política de aborto, anulando a los estados y haciendo que el procedimiento sea legal en todo Estados Unidos.
Texas y Missouri presentaron un escrito complementario (pdf) el 9 de mayo, instando a la Corte Suprema a seguir adelante.
«No hay ningún impedimento jurisdiccional general para que esta Corte responda a esta cuestión que se presenta», escribieron funcionarios de los dos estados en el documento.
«Ni el 8 U.S.C. § 1252(f)(1) ni las opciones de litigio de los peticionarios impiden que esta Corte afirme la orden del tribunal de distrito que prohíbe la terminación de los Protocolos de Protección de Migrantes [de la administración de Biden] en junio».
En el escrito complementario del gobierno (pdf), también presentado el 9 de mayo, Prelogar escribió que la ley «no limita a la jurisdicción de esta Corte ni supone ningún obstáculo para decidir los temas» que tiene ante sí.
Adoptar la interpretación del 5º Circuito de la Sección 1252(f)(1) «socavaría» el «sistema cuidadosamente diseñado [en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996] para limitar y canalizar la revisión judicial y autorizar la microgestión judicial de la aplicación de la ley de inmigración», escribió el procurador general federal.
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