El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró en una presentación judicial que tiene la intención de defender una exención de una ley federal antidiscriminatoria para las escuelas y universidades religiosas.
La presentación (pdf) se produce en respuesta a una demanda colectiva presentada contra el Departamento de Educación de Estados Unidos por una coalición de estudiantes actuales y antiguos de más de 20 universidades asociadas con el cristianismo evangélico y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los estudiantes, que se identifican como «LGBTQ+», alegaron que fueron discriminados en esos centros educativos por su orientación sexual o identidad de género.
El Proyecto de Responsabilidad de Exención Religiosa (REAP, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa del colectivo LGBTQ, presentó la demanda en nombre de los estudiantes en marzo ante un tribunal federal de Oregón. La demanda pretende impugnar la aplicación del Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en las instituciones que aceptan financiación federal, excepto aquellas «controladas por una organización religiosa».
Tres universidades cristianas, junto con el Consejo de Colegios y Universidades Cristianas, han solicitado intervenir en el caso bajo la presunción de que la Administración Biden no defendería sus exenciones religiosas del Título IX. El Departamento de Justicia, sin embargo, declaró en la presentación judicial del 9 de junio que sus intereses «coinciden» con los de las instituciones cristianas, y que «representará adecuadamente esos intereses».
«En esta fase del litigio, es prematuro concluir que los Demandados Federales no plantearían, o estarían ‘mal equipados’ para desarrollar, argumentos efectivos en apoyo de la Exención Religiosa», dijo el departamento en la presentación, obtenida y reportada por The Washington Post.
Las instituciones cristianas y el Departamento de Justicia comparten el mismo «objetivo final», que es defender la exención religiosa y su aplicación actual, según la presentación, que insta al tribunal a no conceder la solicitud de intervención.
La presentación también afirmaba que el hecho de que el Departamento de Educación esté llevando a cabo una «revisión exhaustiva» de la normativa del Título IX no significa que el Departamento de Justicia no vaya a cumplir con su deber de defender los estatutos legales existentes, incluida la exención religiosa.
«Ni las posiciones políticas declaradas por la Administración ni la revisión del Departamento [de Educación] de las regulaciones existentes derogan el deber del gobierno de defender los estatutos y regulaciones federales en los tribunales como una cuestión legal», declaró el Departamento de Justicia.
Paul Southwick, el director de REAP, dijo a The Washington Post que su organización estaba decepcionada por la medida, diciendo que la Administración Biden ha «elegido alinearse con los grupos extremistas anti-LGBTQ».
«Lo que esto significa es que el gobierno se alinea ahora con el odio anti-LGBTQ para defender enérgicamente una exención que todo el mundo sabe que causa un grave daño a los estudiantes LGBTQ utilizando el dinero de los contribuyentes», dijo Southwick. «Hará que nuestro caso sea más difícil si el gobierno federal planea defenderlo vigorosamente como han indicado».
Alliance Defending Freedom (ADF), el grupo legal que representa a las universidades cristianas en su petición, advirtió que dependiendo del resultado de la demanda, las escuelas podrían perder su financiación federal por «operar de acuerdo con las creencias cristianas sobre la sexualidad».
«Las escuelas religiosas se enfrentarían a la imposible elección de perder estudiantes a los que se les negaría la necesaria ayuda financiera federal o abandonar sus creencias», dijo la ADF en su página web. «Y cerraría la puerta de la oportunidad a los estudiantes que quieren cursar estudios superiores en colegios y universidades que comparten su fe».
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