La administración Trump comenzará a negar las «green cards» a los extranjeros que dependerían de la asistencia social del gobierno durante períodos prolongados a partir del lunes luego de que la Corte Suprema levantara una orden judicial estatal sobre su regla de «carga pública» en Illinois, anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el sábado.
Según la regla, que se introdujo por primera vez el 14 de agosto del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinará que un extranjero es inadmisible en el país o no es elegible para la residencia permanente si es probable que se convierta en una carga pública en cualquier momento en el futuro.
Al mismo tiempo, la norma también otorgará al USCIS la autoridad para exigir a un no inmigrante que busca la extensión de la estadía de no inmigrante o el cambio de estatus de no inmigrante para demostrar que no ha recibido beneficios públicos por encima de un umbral designado desde que obtuvo el estatus de no inmigrante que busca extender o cambiar.
Una carga pública se refiere a un individuo que probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia a través de asistencia como cupones de alimentos o Medicaid. La regla, también conocida como la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública, considerará a una persona como una carga pública si recibe al menos un beneficio gubernamental por más de 12 meses en un período de tres años.
“Esta regla final protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente, salvaguardará los programas de bienestar para los estadounidenses verdaderamente necesitados, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deberían ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad de los contribuyentes de los Estados Unidos”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un comunicado.
La Casa Blanca anunció la nueva línea de tiempo luego de que la Corte Suprema levantara el último obstáculo para la implementación a nivel nacional de la regla de carga pública el 21 de febrero.
Los principales jueces de la corte votaron 5-4 el viernes para otorgar la suspensión de una orden judicial emitida por un tribunal de primera instancia en Illinois contra la regla, permitiendo que la administración Trump haga cumplir su política en el estado mientras se desarrolla una apelación en el Séptimo Circuito. Los argumentos orales para el caso de apelaciones de Illinois están programados para el 26 de febrero.
Los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor votaron para negar la solicitud del gobierno de levantar el mandato de Illinois.
Esto se produce luego de que la Corte Suprema levantara las medidas cautelares emitidas por un Tribunal de Distrito de Nueva York que fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito a fines de enero.
En enero de 2020, el Tribunal permitió que la administración Trump aplicara su regla en todo el país, excepto en Illinois, debido a una orden judicial separada ordenada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois que se aplicaba solo a ese estado.
Grisham dijo en el comunicado que la Casa Blanca estaba «satisfecha» con el fallo del viernes.
«Nos complace que el fallo de la Corte Suprema del viernes por la noche levante el mandato final restante sobre la regulación de la carga pública», dijo. «Como resultado, el Departamento de Seguridad Nacional podrá implementar su regulación el lunes».
Janita Kan de The Epoch Times contribuyó a este informe.
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