La administración Trump apeló a la Corte Suprema a fines del 2 de diciembre después de que un panel de la corte de apelaciones rechazó los planes de reanudar las ejecuciones federales.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos con el panel del circuito del Distrito de Columbia se negó a anular una decisión de un juez federal de distrito, el cuál recientemente dictaminó que el plan del Departamento de Justicia de ejecutar a cuatro asesinos convictos con una inyección letal de pentobarbital parecía violar la Ley Federal de Pena de Muerte.
«Los demandantes han demostrado claramente que, en ausencia de medidas cautelares, sufrirán el daño irreparable de ser ejecutados bajo un procedimiento potencialmente ilegal antes de que sus reclamos puedan ser adjudicados en su totalidad», escribió en el fallo la jueza Tanya S. Chutkan, nombrada por Obama.
El Procurador General Noel Francisco presentó la apelación, que nombró al Procurador General William Barr y a una gran cantidad de otros funcionarios, incluyendo a la Directora Auxiliar de la Oficina de Prisiones, Nicole English, como solicitantes en el caso.
Francisco argumentó en contra de la opinión de Chutkan de que la Ley Federal de Pena de Muerte no solo exige que el gobierno federal lleve a cabo las ejecuciones de la misma manera que la ley del estado en el que se impuso la sentencia, sino también que el gobierno debe cumplir con todos los «detalles procesales adicionales» del protocolo de ejecución del estado.
«La decisión del tribunal de distrito no tiene mérito. Durante prácticamente toda la historia de Estados Unidos, comenzando con la Ley de Delitos de 1790, se ha entendido que las referencias legales federales a la ‘manera’ de imponer la pena de muerte se refieren solo al ‘modo de ejecución'», escribió Francisco (pdf).
«Según el razonamiento de la Corte, un estado podría vetar efectivamente una ejecución federal simplemente haciendo que no estén disponibles los funcionarios estatales o los recursos que son requeridos por la ley estatal para la ejecución. Incluso un estado cooperativo podría prevenir una ejecución federal negándose a revelar ciertos procedimientos de ejecución o fuentes de drogas», agregó.
Francisco dijo que las ejecuciones pendientes de los cuatro asesinos, cada uno de los cuales mató al menos a un niño, deben llevarse a cabo de manera oportuna.
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El candidato a procurador general Noel Francisco habla durante su audiencia de confirmación del Comité Judicial del Senado en el Capitolio en Washington el 10 de mayo de 2017. (Mark Wilson/Getty Images)
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Una señal de dirección en una fotografía de archivo cerca de la entrada a los terrenos de la Prisión Federal de Estados Unidos en Terre Haute, Indiana. (Tim Boyle/Getty Images)
La acusación de los demandantes que no deben ser ejecutados con la inyección de pentobarbital no tiene sentido porque se ha reconocido que la mezcla letal de cócteles usada por algunos estados causa más dolor, señaló Francisco.
«El saldo de la renta variable milita fuertemente a favor de anular la orden que figura a continuación y permitir que las ejecuciones se lleven a cabo según lo previsto, como este Tribunal ha hecho de forma sumaria en otras ocasiones en las que los tribunales inferiores ordenaron o suspendieron injustificadamente las ejecuciones», dijo.
Barr anunció el 25 de julio que ordenó a la Oficina Federal de Prisiones que adoptara un addendum al Protocolo de Ejecución Federal, despejando el camino para que el gobierno reanude la pena capital.
«El Congreso ha autorizado expresamente la pena de muerte a través de legislación adoptada por los representantes del pueblo en ambas cámaras del Congreso y firmada por el Presidente», dijo Barr en un comunicado.
«Bajo las administraciones de ambas partes, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores criminales, incluyendo a estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado de sus pares después de un proceso completo y justo. El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley y le debemos a las víctimas y sus familias el llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia».
El apéndice reemplazó la mezcla de tres drogas que se usaba en las ejecuciones federales por pentobarbital. «Desde 2010, 14 estados han utilizado pentobarbital en más de 200 ejecuciones, y las cortes federales, incluida la Corte Suprema, han confirmado repetidamente que el uso de pentobarbital en las ejecuciones es coherente con la Octava Enmienda», según el Departamento.
La primera ejecución estaba programada para el 9 de diciembre. Danny Lee fue condenado por matar a una familia en Arkansas, incluyendo a una niña de 8 años. De llevarse a cabo, sería la primera ejecución federal en 16 años.
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