El gobierno de Trump ha presentado una notificación indicando que tiene previsto pedir al Tribunal Supremo que revise un reciente fallo de un tribunal inferior que le impidió excluir a los inmigrantes ilegales de los cálculos utilizados para repartir los escaños en el Congreso a partir de las cifras del censo.
Un panel de tres jueces de un tribunal de distrito de Nueva York dictaminó la semana pasada que el memorándum de Trump emitido el 21 de julio era una extralimitación ilegal de la autoridad del presidente delegada por el Congreso. Los jueces, en un veredicto sin firma, declararon que el memorándum presidencial era ilegal y concedieron un mandato judicial que impedía a la administración hacerlo cumplir.
El Departamento de Justicia indicó el miércoles en sus presentaciones judiciales que apelaría la decisión a la Corte Suprema. También presentó una notificación para la Corte del Segundo Circuito.
En su veredicto de 86 páginas (pdf), los jueces dijeron que la ley federal requería el uso de un conjunto de números para contar a las personas para el censo y en el proceso de volver a trazar los distritos del Congreso, conocido como distribución. Mientras los inmigrantes ilegales vivan en Estados Unidos, «los extranjeros ilegales califican como ‘personas en’ un ‘estado'» que deben ser contadas, los jueces dictaminaron.
El memorándum del 21 de julio afirmaba que «es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no están en un estado de inmigración legal», con el propósito de la reprorrateo de los miembros del Congreso tras el Censo de 2020.
«Excluir a estos extranjeros ilegales de la base de distribución está más en consonancia con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno. Ofrecer representación en el Congreso, y por lo tanto influencia política formal, a los Estados por la presencia dentro de sus fronteras de extranjeros que no han seguido los pasos para asegurar un estatus de inmigración legal bajo nuestras leyes socava esos principios», dice el memorando.
Trump ordenó al secretario de Comercio que reportara del Censo de 2020 dos conjuntos de números para cada estado: el recuento total de la población según lo determinado en el censo de 2020, y la población total menos el número de inmigrantes ilegales. Este último número se usaría para repartir los escaños del Congreso.
Los jueces sostuvieron que el segundo número, que omite el número de inmigrantes ilegales, «no provendría del censo en sí, ya que el censo de 2020 no recoge información sobre la condición de ciudadanía, y mucho menos sobre la condición de inmigración legal en este país».
“A lo largo de la historia de la nación, las cifras utilizadas para determinar la distribución del Congreso, en el lenguaje de los estatutos actuales, la ‘población total’ y el ‘número total de personas’ en cada estado, han incluido a todas las personas que residen en Estados Unidos en el momento del censo, ya fueran ciudadanos o no ciudadanos y vivieran aquí con estatus legal o sin él», escribieron los jueces.
Los demandantes eran 38 estados, ciudades y condados en su mayoría de tendencia demócrata, además de varias organizaciones sin fines de lucro de derechos de los inmigrantes, que presentaron una demanda por el memorando de julio, alegando que estaba «motivado por una animadversión discriminatoria hacia los hispanos y las comunidades inmigrantes de color».
Los Demandantes argumentaron que el memorando podría dejar a millones de personas sin contar y posiblemente afectar la distribución del Congreso en varios estados.
El año pasado, la Corte Suprema impidió que la administración Trump agregara una pregunta de ciudadanía a la encuesta decenal de población.
La Constitución exige que el censo se recopile cada 10 años. Esta información recopilada del cuestionario ayuda a determinar la representación en el Congreso en función de sus respectivas poblaciones, así como la asignación de fondos del gobierno federal.
Mimi Nguyen-Ly contribuyó a este informe.
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