Administración Trump respalda a la iglesia católica en una disputa laboral

Por MATTHEW VADUM
09 de marzo de 2020 10:04 PM Actualizado: 09 de marzo de 2020 10:04 PM

La administración Trump está dando un paso inusual esta semana al presentarse en un tribunal estatal para defender la libertad religiosa de las escuelas católicas.

Se espera que los abogados federales aleguen que los derechos constitucionales federales están directamente implicados en esta demanda de discriminación en el lugar de trabajo a nivel estatal lanzada por un demandante que fue despedido por ir abiertamente en contra y socavar la enseñanza de la iglesia frente a los estudiantes.

La Primera Enmienda de la constitución garantiza el libre ejercicio de las creencias religiosas. Esto ha significado tradicionalmente que las iglesias tienen el derecho de asegurarse de que los empleados que enseñan a los niños en las escuelas de la iglesia apoyen la doctrina de la iglesia.

Se espera que el fiscal general Adjunto Eric Dreiband, que encabeza la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, represente a la administración como un amigo de la corte en una audiencia en el caso, conocida como Payne-Elliott contra la Arquidiócesis Católica Romana de Indianápolis Inc. , que está programada para el 10 de marzo en el tribunal superior de Marion (condado) en Indianápolis, Indiana. La audiencia tratará con una moción de desestimación iniciada por la Arquidiócesis.

«La Primera Enmienda a la constitución de Estados Unidos protege el derecho de las instituciones religiosas y de las personas a decidir cuáles son sus creencias, a enseñar su fe y a asociarse con otros que comparten su fe», dijo Dreiband, según informó PJMedia. «La Primera Enmienda protege correctamente el libre ejercicio de la religión».

Los tribunales no tienen nada que intervenir en este tipo de disputa, dijo el gobierno anteriormente.

«Estados Unidos no tiene ninguna razón en este expediente para dudar de que el demandante fue un excelente maestro», pero no puede «emitir un juicio sobre si la decisión de la Arquidiócesis es correcta y apropiada siendo un asunto de doctrina católica o fe religiosa».

«Si las cláusulas de religión de la Primera Enmienda representan algo, es que los tribunales seculares no pueden enredarse en cuestiones de ley religiosa», dijo el fiscal federal Josh Minkler en un comunicado de prensa en septiembre pasado.

Joshua Payne-Elliott, que era maestro en la escuela secundaria Cathedral en Indianápolis, presentó una demanda después de que fue despedido el año pasado por desafiar abiertamente las enseñanzas de la iglesia católica romana sobre el matrimonio y vivir con otro hombre como pareja casada.

Payne-Elliott fue despedido cuando declinó alejarse de su abierta oposición a la creencia católica de que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer. Está buscando salarios atrasados, beneficios proporcionados por el empleador y compensación por angustia emocional y daño a la reputación.

Su abogada, Kathleen DeLaney, dijo anteriormente que el caso es sobre la interferencia de la iglesia en un contrato, no sobre las creencias católicas.

«Mi cliente fue empleado de conformidad con un contrato escrito por Cathedral High School», dijo DeLaney al Huffington Post.  «La Arquidiócesis ―que no era su empleador― lo despidió».

El esposo del demandante, Layton Payne-Elliott, enseña en la escuela secundaria cercana Brebeuf en Indianápolis, una institución administrada por los jesuitas. La Arquidiócesis de Indianápolis ordenó a la escuela que rechazara a ese maestro por oponerse abiertamente a las enseñanzas católicas. La gerencia se negó y la Arquidiócesis cortó los lazos con la escuela.

A diferencia de la administración de Trump, su predecesora, la administración de Obama, se opuso a los esfuerzos legales para garantizar la libertad religiosa, según J. Christian Adams, presidente de Public Interest Legal Foundation (Fundación Jurídica de Interés Público) y exabogado del Departamento de Justicia de los derechos civiles.

En un caso importante de libertad religiosa, «los abogados [radicales] del Departamento de Justicia [del exfiscal general de EE. UU.]  Eric Holder (…) argumentaron que una iglesia no debería ser capaz de despedir a los empleados de la iglesia que violen la enseñanza de la iglesia».

En el caso de la Iglesia Evangélica Luterana Hosanna-Tabor contra EEOC (2012), la Corte Suprema rechazó por unanimidad el «ataque radical contra la libertad religiosa» de la administración Obama, escribió Adams.

La administración Trump ha estado promoviendo la libertad religiosa al ponerse del lado de los litigantes en casos recientes ante la Corte Suprema.

El 22 de enero, el Departamento de Justicia argumentó en el caso Espinoza contra el Departamento de Ingresos de Montana que un programa de crédito fiscal para estudiantes necesitados en Montana no debería cerrarse simplemente porque parte del dinero podría terminar en las arcas de las escuelas religiosas privadas.

El 8 de octubre, la administración argumentó en el caso Harris Funeral Homes contra EEOC que el propietario cristiano de una funeraria debería poder despedir a un empleado que quería vestirse de mujer en el trabajo porque tal comportamiento, si se permitía, molestaría a los dolientes .

Las decisiones en ambos casos están pendientes.

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