Los sectores oficialistas afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) anunciaron este lunes que iniciarán un «bloqueo nacional» de carreteras el miércoles en rechazo a la prórroga del mandato de altos magistrados y para exigir la aprobación de una «ley corta» que convoque a las elecciones judiciales.
Los dirigentes de las organizaciones que en esta jornada se movilizaron en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, leyeron ante los medios un documento con cuatro resoluciones tomadas en una reunión posterior a los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que dejaron un herido.
Uno de los puntos convoca «a todas las organizaciones sociales del Pacto de Unidad», la instancia que agrupa a los sindicatos y sectores afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), «y a toda la sociedad civil a sumarse al bloqueo nacional indefinido de caminos a partir de las cero horas del miércoles».
Con esta medida, se busca exigir «que de forma inmediata se promulgue la ley corta de convocatoria a elecciones judiciales y el retiro inmediato de las y los exmagistrados inconstitucionalmente prorrogados», indica el documento.
También denunciaron los «actos represivos» de la Policía boliviana «consumados por órdenes del Gobierno de Luis Arce» contra los manifestantes que rechazaban la «autoprórroga» de los magistrados y consejeros del órgano Judicial.
Los movilizados exigieron, además, a la Fiscalía General del Estado que «inicie la investigación y disponga el procesamiento» de los magistrados «por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución», porque sus funciones debían cesar el 31 de diciembre de 2023.
Los grupos «evistas» marcharon este lunes en Sucre con la intención de acercarse al edificio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e intentaron romper el cerco policial utilizando palos y piedras, mientras que las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, TCP y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional.
En esta jornada, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana Carlos Mesa (2003-2005) pidió a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos, Margaret Satterthwaite, que se pronuncie sobre la prórroga, que calificó de «inaceptable».
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