Dos agentes de la ATF sin orden judicial y un policía estatal visitaron a un propietario de armas de Delaware el 12 de julio y le pidieron ver sus armas recién compradas. Le dijeron al hombre que la visita a la casa era parte de una investigación de compra falsa.
Las compras falsas son un delito federal en el que una persona compra un arma de fuego o armas de fuego para otra persona que no puede comprar armas de fuego legalmente. El delito se castiga con hasta USD 250,000 en multas y 10 años de prisión.
Toda la interacción fue grabada por la cámara del timbre del propietario del arma.
Lee Williams, editor en jefe del proyecto de reportajes de investigación de la Fundación Segunda Enmienda, fue el primero en contar la historia.
Williams le dijo a The Epoch Times que el hombre era un ciudadano respetuoso de la ley que vivía en un vecindario de clase media alta y que era la primera vez que los agentes de la ATF lo visitaban.
Se negó a revelar la identidad del hombre por temor a represalias contra su fuente.
“No esperas que aparezcan tres tipos armados en la puerta de tu casa. Sabía que no podían entrar sin una orden judicial, pero estaba nervioso y su reacción fue como, ‘¿Hice algo mal?’”, dijo Williams.
Según los videos de vigilancia, uno de los agentes le aseguró al dueño del arma que no hizo nada malo. Los agentes le dijeron que solo querían ver las armas de fuego que acababa de comprar y verificar los números de serie, y que luego se irían.
El propietario del arma compró varias armas de fuego a partir de enero de 2022.
“Él les mostró un rifle y los agentes se fueron. Se arrepiente de haber hecho eso ahora”, dijo Williams.
Los agentes de la ATF obtuvieron sus registros de compra de armas de fuego del distribuidor. Según la Ley de Control de Armas, las tiendas de armas con licencia federal deben informar a la ATF si venden varias armas de fuego al mismo comprador dentro de un período de tiempo determinado; ATF puede, a su vez, utilizar esa información con fines de investigación.
Williams dijo que, durante sus diez años de informar sobre problemas con las armas, rara vez escuchó que agentes de la ATF sin orden judicial aparecieran en las casas de ciudadanos respetuosos de la ley y pidieran ver sus armas.
Los agentes de la ATF visitaron al hombre de Delaware el día antes de que el nuevo director de la ATF, Steven Dettelbach, tomara posesión del cargo.
El abogado del grupo, Propietarios de Armas de Estados Unidos, Stephen Stamboulieh, le dijo a The Epoch Times: “Cada vez que agentes del gobierno armados vienen a su casa para ‘asegurarse’ de que tiene lo que acaba de comprar, es preocupante. La mayoría de la gente estaría demasiado asustada como para no hablar con ellos, pero en Estados Unidos tenemos derecho a permanecer en silencio”.
Mark Pennak, presidente de la organización de derechos de armas, Maryland Shall Issue, dijo que hay un esfuerzo renovado para vigilar las compras falsas bajo la administración actual.
“Tocar y hablar es una técnica estándar de los agentes de la ley. Les digo a mis clientes que deben invocar sus derechos de la sexta enmienda y negarse respetuosamente a hablar con las fuerzas del orden público sin la presencia de un abogado”, le dijo Pennak a The Epoch Times en un correo electrónico.
El portavoz de la ATF, Erik Longnecker, le dijo a The Epoch Times que la agencia no podía comentar sobre los detalles de ninguna investigación en curso.
Según el sitio web de la campaña Don’t Lie, la mayoría de los delincuentes utilizan armas de fuego antiguas y recicladas, no armas de fuego compradas recientemente a distribuidores autorizados. El sitio web dice que la compra falsa no es un método común para que los delincuentes obtengan armas.
La campaña fue lanzada por la ATF y la Fundación Nacional de Deportes de Tiro en el año 2000 para generar conciencia sobre las graves consecuencias de las compras falsas y enseñar a los distribuidores cómo detectar a los posibles compradores falsos.
Según los datos más recientes de la ATF, el tiempo promedio nacional hasta el delito (el lapso de tiempo entre la compra inicial de un arma de fuego y el momento en que se usa en un delito) en 2020 fue de siete años (pdf).
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