La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos dijo que los agentes de la patrulla fronteriza se enfrentarán a las medidas disciplinarias incluyendo el despido si no se vacunan contra COVID-19, una enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«El DHS [Departamento de Seguridad Nacional] está trabajando activamente para garantizar el cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente [Joe] Biden que exige que todos los empleados federales se vacunen contra COVID-19 antes del 22 de noviembre, excepto en circunstancias limitadas en las que la ley exige una exención», dijo el jueves el jefe de la oficina encargada de las relaciones con los medios de comunicación de la CBP, Justin Long, a través de un correo electrónico, en respuesta a una pregunta sobre qué ocurrirá con los agentes de la patrulla fronteriza si no se vacunan antes de la fecha límite.
«Los empleados que opten por no vacunarse contra COVID-19 y no hayan recibido o tengan pendiente una solicitud de exención legalmente requerida estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido del servicio federal», dice el correo electrónico.
Como parte del DHS, la CBP es la mayor agencia policial del país y cuenta con más de 60,000 empleados. La Patrulla Fronteriza tiene una fuerza de trabajo de más de 20,000 agentes asignados para patrullar las más de 6000 millas de frontera terrestre de Estados Unidos. En el año fiscal 2019, cuando el número total de agentes de la Patrulla Fronteriza era inferior a 20,000, unos 17,000 (pdf) fueron desplegados en la frontera suroeste.
Long no respondió sobre cuántos agentes de la patrulla fronteriza estaban total o parcialmente vacunados y si se había concedido alguna exención.
Sin embargo indicó que el DHS desarrolló una herramienta en línea para que el personal informe de su estado de vacunación actual, llamada Sistema de Estado de Vacunación (VSS). Este sistema está disponible para todos los empleados del DHS, excepto el Servicio Secreto y la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes tienen sus propios sistemas de información.
El representante Andy Biggs (R-Ariz) dijo el miércoles a NTD que le habían dicho que hasta 5000 agentes de la patrulla fronteriza se «apartarían» por la orden de vacunación.
«Si esa cantidad se fuera, con lo porosa que ya es nuestra frontera, realmente se tendría una crisis de seguridad nacional a lo largo de la misma», dijo Biggs.
El gobierno está obligando a vacunarse a los agentes de la patrulla fronteriza, pero no a «las personas que entran en el país de forma ilegal y algunas estimaciones indican que más del 20 por ciento tienen COVID», añadió el representante.
En una entrevista realizada el 9 de agosto, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijo que las tasas de vacunación de los agentes varían mucho, desde un mínimo del 30 por ciento en el sector del Valle del Río Grande en Texas hasta un 78 por ciento en otros sectores a lo largo de la frontera, según el Washington Post.
Long dijo en el correo electrónico que «esperamos que las tasas de vacunación reportadas aumenten a lo largo de las próximas semanas, tanto por el aumento de las vacunas COVID-19 como por el aumento de los reportes».
Dos congresistas también expresaron su preocupación por el hecho de que los agentes de la patrulla fronteriza no vacunados se enfrenten a la remoción en medio de la deteriorada crisis fronteriza.
«Durante años y a través de múltiples administraciones ha sido difícil reclutar y retener a hombres y mujeres para servir en la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Las ubicaciones del trabajo son típicamente remotas y el trabajo es a menudo peligroso y duro», dijeron los representantes Jim Jordan (R-Ohio) y Tom McClintock (R-Calif.) en una carta fechada el 28 de septiembre al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.
«Es simplemente increíble que la Administración Biden permita que los extranjeros ilegales que dan positivo en la prueba COVID crucen la frontera, pero que retire a los agentes de la ley que no cumplen con la orden de Biden», dice la carta.
Los dos congresistas instaron a Mayorkas a encontrar «ajustes razonables para los funcionarios de la CBP» que decidan no recibir la vacuna. Sin embargo, según el correo electrónico que el CBP envió a The Epoch Times, los únicos ajustes son probablemente exenciones religiosas o médicas.
«Los empleados también pueden solicitar un ajuste razonable, incluyendo una exención religiosa o médica, antes del 9 de noviembre», dice el correo electrónico. Los empleados también tienen que certificar su estado de vacunación para el mismo día, el 9 de noviembre.
De acuerdo con los requisitos del DHS, la fecha límite para estar completamente vacunado es el 22 de noviembre, por lo que los empleados tienen que tomar la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19, o la dosis única de Johnson & Johnson, a más tardar el 8 de noviembre.
La CBP informó que sin incluir las cifras de septiembre, los agentes encontraron a más de 1.5 millones de inmigrantes ilegales en la frontera sur durante el año fiscal 2021.
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