Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes que el régimen del líder Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde el 2007, ha «intensificado su táctica de represión» en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018.
«Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones (de noviembre pasado) y, desde el 28 de mayo de 2021 han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos», señaló AI en un informe publicado hoy a propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
En su informe, AI recordó que Nicaragua lleva inmerso en una «grave crisis de derechos humanos» desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas controvertidas reformas de la seguridad social.
«El Gobierno de Ortega respondió con una oleada de represión y medidas sin precedentes, que continúa hasta hoy, contra las personas disidentes», indicó ese organismo humanitario.
Según AI, desde entonces, más de 100,000 nicaragüenses «han huido del país», mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como periodistas, «han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido».
«Las personas que defendían los derechos humanos y eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, y algunas permanecían recluidas al finalizar el año», anotó.
Acoso, criminalización y amenazas
En el documento, AI señaló que las defensoras de los derechos humanos en Nicaragua «sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas» por parte de las autoridades y simpatizantes sandinistas.
Asimismo, sostuvo que «las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno».
Hasta diciembre, las organizaciones locales informaron de que 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018 permanecían en prisión.
En ese sentido, AI retomó las denuncias de los familiares de los denominados «presos políticos», que se han quejado de que las autoridades nicaragüenses no le permiten ver a sus parientes en la prisión con periodicidad.
También que se encuentran recluidos en condiciones «precarias», que sufren «malos tratos» y en régimen de incomunicación.
«Las organizaciones de derechos de las mujeres denunciaron que algunas de las mujeres detenidas durante el año habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias», según el informe.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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