Al menos dos personas muertas dejaron este jueves enfrentamientos entre un grupo de indígenas y campesinos colombianos contra la fuerza pública que intenta contener una protesta frente a las instalaciones de la petrolera Emerald Energy en el departamento de Caquetá, en el sur del país.
La protesta comenzó hace semanas con la toma de las instalaciones, situadas en el caserío de Los Pozos, en la localidad de San Vicente del Caguán, pero el miércoles aumentó la tensión con la quema de parte de la petrolera y la intervención del Esmad, la unidad antidisturbios de la Policía.
Como resultado murieron un campesino y un agente de la fuerza pública, según cifras oficiales, aunque otras fuentes afirman que pueden ser cuatro los fallecidos.
Los enfrentamientos llevaron a miembros de la oposición a pedir este jueves intervención urgente del Gobierno.
El alcalde de San Vicente del Caguán, Juan Alfredo Perdomo, dijo por su parte a medios locales que los manifestantes retuvieron a 76 miembros del Esmad.
Ante esa situación, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó el envío de una «comisión del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares para atender la situación de Pozos en San Vicente del Caguán».
«He ordenado detener los hechos de violencia», agregó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Las comunidades indígenas y campesinas accedieron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota.
Las manifestaciones comenzaron después de que, tras año y medio de espera, no se construyera la carretera prometida por las autoridades locales y por la empresa petrolera, que asignó una inversión para este proyecto, dijo a EFE Wilman Fierro, concejal de San Vicente del Caguán. «Pasó el tiempo y no se atendió esa necesidad», agregó.
En la protesta «hay muchas comunidades involucradas», tanto de pueblos étnicos como de campesinos, que ahora mismo se calcula que han conseguido reunir unas 3000 personas en el «paro» frente a la petrolera.
Fierro pidió una pronta solución ya que, de lo contrario, podría suponer «una catástrofe ambiental -hay 100,000 barriles de petróleo represados sin salir- y de pérdida de vidas humanas».
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