La decisión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, tomada el 27 de febrero, para explorar planes que buscan desarrollar un “refugio de tránsito para migrantes” permanente solo empeoraría la crisis fronteriza y convertiría a la región en un “imán” aún mayor para la inmigración ilegal, dice el alcalde de El Cajón, Bill Wells.
“No creo que esa sea la respuesta. La respuesta es cerrar la frontera”, le dijo a The Epoch Times el 1 de marzo en un centro de tránsito en su ciudad donde la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos había liberado a cientos de inmigrantes ilegales un día antes.
Una fuente de la Patrulla Fronteriza confirmó que la agencia ha liberado a más de 5000 inmigrantes ilegales en las calles de varias ciudades, en centros de tránsito de San Ysidro, El Cajón y Oceanside durante la última semana.
La semana pasada, la junta votó 4 a 1 para desarrollar una propuesta encaminada a la creación de un sitio de transferencia permanente y un refugio.
Según los planes para el sitio, “daría cabida al flujo de inmigrantes hacia la región de San Diego” y brindaría servicios a hasta “500 personas y/o familias”.
«La ubicación del refugio debe estar cerca de la frontera o del centro de San Diego para servir mejor a quienes están siendo liberados y tener en cuenta los siguientes pasos en sus viajes, como la necesidad de conectarse con el aeropuerto u otros centros de transporte», rezan los planes.
El Sr. Wells, un republicano que se presenta al Congreso el 5 de marzo en el 51º Congreso de California, calificó como un «teatro» político la afirmación del presidente Joe Biden de que necesita la ayuda del Congreso para arreglar el sistema de inmigración.
«Lo ha desmantelado mediante órdenes ejecutivas», dijo Wells.
La administración Biden, dijo, abandonó las leyes de inmigración y asilo y causó deliberadamente los problemas fronterizos, y ahora está “hablando sobre formas de ayudar a mitigar la crisis que crearon”.
La frontera debería permanecer abierta para cientos de miles de millones de dólares en comercio transfronterizo con México, dijo, pero hay que reducir la inmigración ilegal.
Una mejor solución sería frenar la inmigración ilegal adhiriendo a las leyes de asilo que estipulan que los refugiados deben buscar asilo en el país seguro más cercano, en lugar de que millones vengan a Estados Unidos, dijo Wells.
Dijo que le preocupa la seguridad nacional y que los inmigrantes ilegales que no se entregan a la Patrulla Fronteriza no quieran ser procesados por alguna razón.
«No quieren tener que interactuar con las autoridades porque ya han sido expulsados y van a regresar o son parte de una pandilla o personas que pueden tener malas intenciones para Estados Unidos», dijo.
Por lo general, El Cajón ha recibido menos inmigrantes ilegales que San Diego porque está más lejos del Aeropuerto Internacional de San Diego, pero Wells dijo que ahora está notando un aumento.
Ha afirmado que el atractivo de la atención médica gratuita, la defensa legal y otras comodidades sin duda han “contribuido al aumento” de más de 100,000 encuentros fronterizos en la región de San Diego en los últimos meses.
Dijo que es demasiado pronto para saber exactamente cómo afectará la liberación de inmigrantes ilegales en las calles de El Cajón, una ciudad de unos 100,000 habitantes situada a menos de 32 kilómetros del centro de San Diego.
“No sabemos cómo absorbemos eso. Nuestros refugios están llenos. Nuestros hospitales están llenos”, dijo. “Realmente no sabemos qué va a pasar. El condado de San Diego ya se ha centrado en El Cajón como vertedero de personas sin hogar. Los traen aquí; los instalaron en nuestros hoteles… y eso ha aumentado significativamente la delincuencia y los problemas en las calles”.
Las políticas de estado santuario de California no están ayudando, dijo Wells.
“Texas se ha endurecido y California es un estado santuario, así que creo que a los cárteles se les ha ocurrido que la forma más fácil de atraer gente en este momento es a través de San Diego”, dijo.
La legislación propuesta como el Proyecto de Ley 1840 de la Asamblea, llamado “Programa Sueño de California para Todos”, que ofrecería a los inmigrantes ilegales préstamos no reembolsables a bajo interés para realizar pagos iniciales del 20 por ciento de las hipotecas de viviendas, tampoco está ayudando, dijo.
El proyecto de ley establece que los solicitantes “no serán descalificados únicamente por su estatus migratorio”.
“Estamos alentando a personas que no son ciudadanos legales a venir y les ayudaremos a comprar una casa”, dijo. “Vamos a darles universidad gratis. Incluso les brindamos atención médica y… la oportunidad de someterse a una operación de cambio de sexo de forma gratuita. Les asignamos un abogado para que los ayude con sus problemas de inmigración y nosotros pagamos por eso”.
Al mismo tiempo, los ciudadanos estadounidenses dicen que les gustaría tener universidad gratuita, atención médica gratuita y un 20 por ciento de pago inicial para comprar una casa, dijo Wells.
Los californianos, dijo, están “con razón molestos” porque estos beneficios se están pagando con el dinero de sus impuestos, especialmente cuando el estado estado tiene un agujero de decenas de miles de millones de dólares.
Según un informe del 20 de febrero de la Oficina del Analista Legislativo no partidista del estado, el déficit presupuestario estimado de California es de al menos USD 73,000 millones.
«Ya estamos pasando apuros», dijo. «La gente atenta está sorprendida por lo que ocurre. Están perplejos. No entienden por qué está pasando esto”.
El supervisor de San Diego, Jim Desmond, quien ha exigido a la administración Biden “arreglar el caos” en la frontera sur, fue el único voto disidente en contra de la construcción del sitio de transferencia de migrantes a largo plazo.
“En la inmigración legal, la gente presenta su solicitud a través de las embajadas, se comprueban sus antecedentes en su país de origen y, si es aceptada, se le permite entrar en el país. En cambio, ahora hay gente que salta a la primera fila sin que se comprueben sus antecedentes», escribió Desmond en X el 3 de marzo.
Las liberaciones en las calles han aumentado desde que SBCS, anteriormente conocida como South Bay Community Services, se quedó sin fondos del condado y cerró el 22 de febrero su “Centro de Bienvenida a Migrantes”, el cual estaba operando en una escuela cerrada en el vecindario City Heights de San Diego. Entre el 11 de octubre y el 22 de febrero, el condado le pagó a la organización no gubernamental 6 millones de dólares para que la administrara.
La presidenta y directora ejecutiva de SBCS, Kathie Lembo, dijo en un comunicado la semana pasada que “más de 81,000 migrantes” pasaron por el centro durante ese tiempo y que el 95 por ciento de ellos fueron transportados a otras ciudades de Estados Unidos.
La organización planea presentar una contabilidad completa de los gastos al condado después de que se hayan recibido y validado todas las facturas de los subcontratistas, dijo la Sra. Lembo.
Pero Wells dijo que los fondos deberían haberse gastado para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que viven en el condado de San Diego, no en el “complejo industrial de extranjeros ilegales”.
La falta de transparencia que rodea a las agencias no gubernamentales u ONG que reciben financiación gubernamental para ayudar a los inmigrantes ilegales es desconcertante, afirmó.
“Soy muy desconfiado. Son muy reservados», dijo. «Estoy muy preocupado porque si nos fijamos en la situación de los sintecho, las ONG se están enriqueciendo mucho con esto… Creo que hay mucho dinero cambiando de manos, y no hay mucha transparencia”.
Cuando se opuso al «complejo industrial de los sintecho», Wells dijo que una persona de la Comisión de la Vivienda de San Diego le escribió a su director de campaña advirtiéndole que si no dejaba de hacerlo no volvería a ser elegido para ningún cargo.
«Es porque vamos tras su dinero», dijo Wells. «Es como una táctica mafiosa».
Las detenciones en Estados Unidos de inmigrantes ilegales e inadmisibles desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023 fueron 5.9 millones, y contando a los “fugitivos conocidos” (aquellos a quienes los agentes de la Patrulla Fronteriza registran, pero no atrapan), más de 8 millones de inmigrantes ilegales han ingresado al país en menos de tres años.
Pero Wells dijo que cree que la cifra de 8 millones es “engañosa” y que “probablemente se acerque más a los 10 millones y tal vez incluso más”.
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