CHICAGO—La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, desveló el lunes su versión de un plan de supervisión policial civil que le permite conservar los poderes clave de elegir al jefe de policía, negociar los contratos con los sindicatos policiales y decidir sobre las disputas de política policial.
Desde hace unos cuatro años, los alcaldes de Chicago han sido presionados por grupos de activistas para que den poderes policiales clave a civiles elegidos. La propia Lightfoot fue en su día una defensora de esta política, dado que presidió el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Policial durante el mandato del exalcalde Rahm Emanuel.
Pero su postura sobre el tema dio un giro brusco desde que se convirtió en alcaldesa hace dos años. Sus conversaciones con los grupos activistas se han roto en numerosas ocasiones. Tras una nueva presión de los activistas, volvió a dejar claro que no va a ceder esos poderes.
«La seguridad pública es una de las responsabilidades más críticas de cualquier alcalde, de mí y de cualquiera que venga después de mí», dijo Lightfoot en una conferencia de prensa el lunes sobre por qué debe elegir al jefe de policía. «Porque la responsabilidad recae en mí, en última instancia, como alcalde y como cualquier otro alcalde posterior, tomaré esa decisión».
Su plan prevé la formación de una comisión civil de supervisión policial de siete personas. Cada miembro sería nombrado por los representantes elegidos de los 22 distritos policiales de la ciudad. El alcalde tiene la última palabra sobre la composición de la comisión.
A la hora de contratar al jefe de policía de la ciudad, la comisión examinaría a todos los candidatos y presentaría tres opciones al alcalde, que elegiría a un candidato para que fuera aprobado por el Consejo Municipal. El mismo proceso se seguirá para la contratación del administrador jefe de la Oficina de Supervisión de la Policía Civil y de los miembros de la Junta de Policía de Chicago.
La comisión puede «revisar y hacer aportaciones» a las políticas policiales, pero no tendrá la última palabra en las disputas políticas. También puede recomendar cambios en el presupuesto anual del Departamento de Policía de Chicago.
El plan de Lightfoot llegó después de que las dos principales coaliciones de activistas por la reforma policial de Chicago impulsaran un plan de supervisión policial civil en el ayuntamiento a principios de este año.
Una de las coaliciones —Grassroots Alliance for Police Accountability (GAPA)— unió sus fuerzas a las de Lightfoot el año pasado, pero se separó de ella después de que ésta se negara a ceder poder en las disputas sobre la política policial. La GAPA acaba de alcanzar un plan de compromiso con otra coalición progresista, el Consejo de Responsabilidad Policial Civil.
Su plan combinado otorga a una comisión civil de 11 miembros los poderes clave para contratar y despedir al superintendente de policía, negociar los contratos policiales y establecer el presupuesto del CPD. Los grupos piden a los habitantes de Chicago que voten sobre estos cambios propuestos en las boletas de las primarias de 2022.
Incluso si los habitantes de Chicago rechazan estos cambios en las urnas, según el plan, la comisión seguirá teniendo la última palabra en las disputas sobre las políticas policiales, a menos que dos tercios del Ayuntamiento decidan lo contrario.
Los dos planes en liza serán examinados por la Comisión de Seguridad Pública. Se espera que uno de ellos pase al Consejo Municipal para una votación final en junio. El presidente del Comité de Seguridad Pública, el concejal Chris Taliaferro, es un viejo aliado de Lightfoot, ya que en marzo pasado detuvo la votación de un plan de supervisión anterior que privaba a Lightfoot del poder de decidir sobre las disputas de política policial.
El movimiento para hacer que los civiles tengan más poderes sobre la actuación policial en Chicago comenzó hace unos cuatro años bajo el mandato del alcalde Rahm Emanuel, tras la publicación del video del tiroteo a Laquan McDonald. El video mostraba al agente de policía Jason Van Dyke disparando a McDonald, un adolescente, 16 veces después de que éste se negara a soltar un cuchillo. Van Dyke fue acusado por un gran jurado de seis cargos de asesinato en primer grado.
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