La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo el lunes que su ciudad no tiene una ley que la designe oficialmente como «santuario» para los inmigrantes ilegales y que esto debe cambiarse rápidamente antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.
Trump prometió llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y ha dicho que presionará al Congreso para que apruebe leyes que prohíban las ciudades santuario, que promulgan políticas que protegen a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales de inmigración.
En una entrevista el 11 de noviembre en KNX News, una emisora de radio local, Bass dijo que las políticas anteriores relacionadas con el estatus de Los Ángeles como santuario nunca se codificaron en la ley. Se comprometió a impulsar una votación en el Ayuntamiento que designe formalmente a Los Ángeles como ciudad santuario antes de finales de año.
«Imagino que el ayuntamiento votará sobre las ciudades santuario muy, muy pronto», dijo al medio. «Estaremos al lado de la comunidad inmigrante y, sea cual sea la política que propongan, nos aseguraremos de que la gente de Los Ángeles no salga perjudicada y de que las familias no sean separadas».
El Ayuntamiento aprobó una moción en julio de 2023 en la que pedía a varios departamentos de la ciudad que tomaran medidas para que Los Ángeles se convirtiera formalmente en una ciudad santuario, lo que prohibiría la cooperación de la ciudad con las autoridades federales de inmigración.
Más tarde, en septiembre de 2024, varios miembros del Ayuntamiento presentaron una moción para una nueva ley de ciudad santuario que codificara legalmente el estatus de Los Ángeles como ciudad santuario. La ley aún no ha vuelto al consejo para su votación.
Además de abogar por que el Ayuntamiento finalice y promulgue la ley antes de que Trump asuma el cargo, Bass también expresó sus dudas de que la promesa del presidente electo de deportar a millones de inmigrantes ilegales pueda llevarse a cabo.
Trump, que ganó la carrera a la Casa Blanca prometiendo una amplia represión a la inmigración ilegal, dijo la semana pasada que su administración entrante no tiene «más remedio» que seguir adelante con las deportaciones, independientemente del coste.
«No es una cuestión de precio», dijo Trump a NBC News el 8 de noviembre, y agregó que «realmente, no tenemos otra opción».
«Cuando la gente ha [sido] asesinada, cuando los señores de la droga han destruido países», continuó Trump. «Y ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí».
No está claro cuántos inmigrantes ilegales hay en Estados Unidos, con estimaciones que van desde unos 10 millones a más de 20 millones y más. American Immigration Council, un grupo de defensa de los inmigrantes, estimó recientemente que el coste de deportar a 13 millones de inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos podría ascender a 968,000 millones de dólares en poco más de una década.
Recientemente, Trump nombró a Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), zar de fronteras de la administración entrante encargado de las deportaciones masivas. Homan dijo en una entrevista en octubre que la escala de las deportaciones dependería del presupuesto disponible, el espacio de detención y los oficiales asignados al proyecto. Después de que Trump nominó a Homan para supervisar la seguridad fronteriza, el exjefe interino de ICE dijo que el esfuerzo priorizaría la expulsión de criminales y miembros de pandillas que están en el país ilegalmente.
Mientras tanto, Homan instó a otros inmigrantes ilegales a autodeportarse, diciendo que es solo cuestión de tiempo antes de que sean capturados y expulsados del país.
«Los criminales y los miembros de bandas no tienen ningún periodo de gracia», dijo Homan a Fox News el 11 de noviembre. «Mientras estamos fuera priorizando las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional, si quieres autodeportarte, debes autodeportarte porque, de nuevo, sabemos quién eres, y vamos a ir a buscarte».
Trump también prometió usar el poder federal contra las ciudades santuario. Durante un discurso de campaña en Carolina del Norte a finales de septiembre, Trump dijo que presionaría al Congreso para que aprobara una ley que prohibiera las ciudades santuario en todo el país.
En 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que instaba a las agencias federales a retener fondos de las jurisdicciones santuario. La orden condicionaba el dinero federal a los gobiernos estatales y locales a que permitieran a los funcionarios de inmigración acceder a sus cárceles y a que notificaran con antelación la puesta en libertad de inmigrantes ilegales.
Poco después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden revocó la orden ejecutiva de Trump.
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