Agentes de seguridad pública hicieron un uso excesivo de la fuerza en el penal mexicano de Cadereyta tras el motín de octubre de 2017 que dejó 18 muertos, denunció hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tras el análisis de este suceso, que dejó 18 muertos y 93 lesionados, la CNDH emitió una recomendación dirigida al gobierno del norteño estado de Nuevo León donde destaca fuertes irregularidades en la cárcel y en el operativo para terminar el motín.
«La CNDH acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del Estado posterior a la recuperación del control del penal, ya que golpearon a los internos de manera innecesaria», explicó el organismo en un boletín.
En la investigación sobre estos hechos ocurridos el 9 y 10 de octubre de 2017, la comisión descubrió que en el penal hubo violaciones a los derechos humanos, a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno.
Todos «atribuibles a servidores públicos del estado de Nuevo León».
«De igual forma, al revisar las carpetas de investigación, se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como practicado dictámenes periciales», agregó.
La CNDH concluyó que las condiciones del penal de Cadereyta, «en particular el autogobierno», propiciaron el motín de los internos.
Además, el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de Fuerza Civil del Estado no fue «planeado adecuadamente», pues aunque buscaron el diálogo y el uso de fuerza no letal, terminaron haciendo uso de fuerza letal, sin poder corroborar si fue «en defensa propia».
«De acreditarse que no hubo justificación para el uso de la fuerza letal o este fue excesivo, deberá procederse en consecuencia, por la afectación al derecho a la vida», agregó la CNDH.
Además, se observó que por falta de un protocolo para informar veraz y oportunamente sobre la situación al interior del centro a los familiares.
Este suceso, en el que también salieron heridos dos policías y tres guardias de prisión, recordó al brutal motín de Topo Chico, otro penal de Nuevo León, donde murieron 52 internos en febrero del 2016.
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