El alguacil del condado de Los Ángeles criticó este 29 de octubre el decreto de vacunación «absolutamente absurdo» del condado. Dijo que causó un éxodo masivo de agentes y una amenaza inminente para la seguridad pública.
Un decreto de vacunación para los empleados ha provocado que entre el 20 y el 30 por ciento del departamento se vaya, dijo el alguacil Alex Villanueva en una carta a la Junta de Supervisores. Según el decreto, los empleados tenían que estar completamente vacunados antes del 1 de octubre.
“Como resultado, las tasas de homicidio continuarán aumentando, los tiempos de respuesta aumentarán, las tasas de resolución disminuirán, los arrestos disminuirán, los servicios de patrulla disminuirán significativamente y los estados de patrulla cerrarán”, dijo Villanueva en el comunicado.
Villanueva, que supervisa el departamento del alguacil más grande del país con unos 18,000 empleados, anunció a principios de este mes que no haría cumplir el decreto de vacunación del condado en su agencia.
Es posible que el departamento pronto no pueda mantener la seguridad pública en los niveles actuales, dijo en la carta del jueves, y agregó que podría perder el 44 por ciento de su fuerza laboral en un día si cumplía con el decreto de vacunación.
Las salidas incluyeron jubilaciones no programadas, reclamos de compensación para trabajadores, empleados que renunciaron y menos solicitantes calificados.
El decreto provocaría la disminución del servicio de patrulla, el cierre y la reordenación de los puestos de patrulla y la eliminación de las oficinas aéreas, las oficinas especiales de aplicación de la ley y los detectives del cuartel general, dijo.
El condado de Los Ángeles no ha restituido los fondos al departamento luego del “movimiento policial de desfinanciamiento”, dijo Villanueva. A partir de esta semana, las tasas de homicidios aumentaron un 44 por ciento y los ataques agravados aumentaron un 23 por ciento.
El alguacil está vacunado y cree que la vacuna funciona, pero dice que la decisión de vacunarse es personal.
Dijo que los diputados que sirvieron a la comunidad antes de la vacuna no deberían ser despedidos porque «tomaron una decisión sobre su propio cuerpo».
El presidente Joe Biden emitió el decreto federal de vacunas por orden ejecutiva en agosto. El decreto solo permite exenciones religiosas y médicas.
Desde entonces, la Administración Biden ha sido criticada por varios grupos que buscan una exención o piden flexibilidad en el decreto.
Villanueva dijo que sus empleados están dispuestos a ser despedidos en lugar de vacunarse.
Un juez de la corte de distrito de Washington D.C. emitió el jueves una orden judicial temporal que prohíbe el despido a civiles y militares que demanden el decreto de la Casa Blanca.
Un portavoz de la Junta de Supervisores de Los Ángeles no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios al cierre de esta edición.
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