Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Nueva York están condenando las nuevas leyes radicales sobre la propiedad de armas que se aprobaron rápidamente en la Legislatura estatal. Dichas leyes se promulgaron en respuesta a la derogación de la Corte Suprema de EE.UU. al estricto sistema de NY dirigido a restringir el porte de armas.
Los funcionarios dicen que la nueva legislación será difícil de aplicar y puede ser inconstitucional.
“No apoyamos los requisitos de licencia punitivos que solo tienen como objetivo restringir y castigar a los ciudadanos respetuosos de la ley que desean ejercer sus derechos de la Segunda Enmienda”, dijo la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York en un comunicado disponible en su sitio web.
La Corte Suprema votó 6 a 3 el 23 de junio para anular el sistema de permisos de portación de armas ocultas del estado de Nueva York por motivos constitucionales, reconociendo por primera vez el derecho constitucional de portar armas de fuego en público para defensa propia.
La decisión socava las leyes de porte de armas en los estados que requieren que los solicitantes de permisos demuestren una necesidad especial relacionada con la autodefensa para portar armas en público.
El gobernador de Maryland, Larry Hogan, republicano, anunció el 5 de julio que su estado cumpliría con el fallo porque la ley que permite el porte de armas en Maryland es “prácticamente indistinguible” de la de Nueva York.
La Legislatura de Nueva York tomó una dirección que se contrapone al fallo de la Corte Suprema, acelerando la aprobación de una legislación que reprime la posesión de armas.
La asociación de alguaciles reconoció que los legisladores tenían que tomar «alguna medida… para llenar el vacío en la concesión de licencias de armas de fuego, vacío que se creó cuando la Corte Suprema anuló las restricciones inconstitucionales de Nueva York sobre el derecho de nuestros ciudadanos a poseer y portar armas».
«Pero no tenía que ser una acción irreflexiva y reaccionaria, sólo para hacer una declaración política», dijo el grupo.
La Legislatura aprobó “nuevas y radicales leyes de justicia penal que afectan los derechos de millones de ciudadanos de Nueva York y que imponen nuevos y onerosos deberes a los funcionarios del gobierno local, sin ninguna consulta con las personas que serán responsables de llevar a cabo las disposiciones de esas nuevas leyes. Esto se ha convertido en un hábito en la Legislatura y ha resultado en otros desastres de justicia penal como la llamada Ley de Reforma de la Fianza de Nueva York”.
Cuando la Legislatura de Albany se reunió para una sesión especial después del fallo de la Corte Suprema, dijo que necesitaba elaborar medidas para cumplirlo.
Los críticos dicen que la nueva Ley de mejora del porte oculto de armas, que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, promulgó apresuradamente, desafía abiertamente el fallo de la Corte Suprema de junio en el caso New York State Rifle and Pistol Association vs Bruen, que requiere la relajación de algunas restricciones de porte de armas. La nueva ley estatal, que seguramente será impugnada en los tribunales, entrará en vigencia el 1 de septiembre.
En la ceremonia de firma, Hochul dijo que el fallo de la corte era “una decisión imprudente que elimina las limitaciones centenarias sobre quién puede portar armas ocultas en nuestro estado, lo que nos hace retroceder sin sentido y pone en peligro la seguridad de nuestros residentes”.
Ella dijo que la nueva ley fue redactada para “fortalecer nuestras leyes de armas y reforzar las restricciones sobre el porte de armas ocultas”.
La ley requiere que los solicitantes de permisos de portación de armas demuestren «buen carácter moral», realicen un curso de seguridad de armas y entreguen información de sus cuentas de redes sociales para la verificación de antecedentes. Este último requisito, que puede entrar en conflicto con la protección a la libertad de expresión de la Primera Enmienda, ha sido comparado con el intrusivo sistema de crédito social de China, ya que puede llevar a que se les niegue a los posibles solicitantes el acceso a las armas de fuego en función de sus opiniones políticas.
Incluso antes de que se aprobara la ley, Nueva York había promulgado recientemente una serie de otras medidas que regulaban el porte de armas.
El 6 de junio, Hochul firmó un paquete de 10 proyectos de ley en respuesta al tiroteo masivo por motivos raciales del 14 de mayo en un supermercado de un vecindario predominantemente negro, en Buffalo, que dejó 10 personas muertas.
Las distintas medidas elevan de 18 a 21 años la edad para adquirir fusiles semiautomáticos; prohibir la compra de chalecos antibalas por parte de personas que no sean policías; ampliar el alcance de las leyes de bandera roja para permitir que los profesionales de la salud denuncien a las personas y exigir que la policía y los fiscales hagan lo mismo; crear un nuevo delito sobre la venta de armas de fuego que no pueden ser microselladas (una técnica de marcado de municiones que teóricamente permite vincular balas y casquillos a armas específicas); y crea un nuevo Grupo de Trabajo sobre Redes Sociales y Extremismo Violento en la oficina del fiscal general del estado.
El 18 de mayo, Hochul firmó la Orden Ejecutiva 19 que fortalece las leyes de bandera roja del estado. Ella le ordenó a la Policía del Estado de Nueva York que se asegure de que los oficiales estén capacitados para presentar las llamadas órdenes de protección contra riesgos extremos (ERPO) con el propósito de confiscar armas de fuego de ciudadanos privados. El mismo día, también firmó la Orden Ejecutiva 18, creando una Oficina de Contraterrorismo para monitorear las publicaciones de los particulares en las redes sociales para que puedan “intervenir en el proceso de radicalización”. La orden ordena a la policía estatal que incremente su monitoreo a las redes sociales para identificar a extremistas potencialmente violentos.
La última ley de armas ha resultado en una gran confusión, según un informe de la estación de televisión WKTV, de Utica.
Los jueces de cada condado “tendrán que revisar tres años de redes sociales de cada solicitante y reunirse en persona con cada solicitante”, dijo Dan Sullivan, oficial asistente de licencias de pistolas del condado de Oneida.
“No es una tarea posible”, agregó.
George L. Lyon Jr. del buró de abogados Arsenal Attorneys, especializado en litigios sobre la Segunda Enmienda, dijo que Nueva York está tomando el camino equivocado.
Lyon representa a los responsables de dos nuevas demandas: Una desafía la prohibición del transporte oculto de armas en el sistema de transporte público de Washington, D.C., plagado de delitos; el otro asume los límites de municiones de D.C. para portadores de armas ocultas.
«Es lamentable que Nueva York se remonte a los días de la «resistencia masiva» que se adoptó tras la decisión de Brown en la década de 1950, en Virginia y en algunos estados del sur».
Lyon se refería a la sentencia Brown vs Board of Education, la sentencia de la Corte Suprema de 1954 que anuló las leyes estatales que imponían la segregación racial en las escuelas públicas.
La “resistencia masiva” es una política que Virginia adoptó en 1956 y que fue defendida por el difunto senador estadounidense Harry F. Byrd Sr., un demócrata de Virginia que acuñó la frase. Las escuelas fueron cerradas en el estado para evitar la desegregación. La política logró retrasar la desegregación de las escuelas de Virginia durante una década y aumentó las tensiones raciales.
“Hubiera pensado que Nueva York habría aprendido de Virginia y Arkansas y el resto de los estados… Burlarte de la Corte Suprema no te lleva a ningún lado a largo plazo”, le dijo Lyon a The Epoch Times en una entrevista.
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