Algunas personas afectadas por la vacuna y familiares de los fallecidos implicados en una demanda colectiva contra AstraZeneca, se vieron obligados a abandonar sus reclamos después de que el gigante farmacéutico argumentara que el riesgo de coágulos sanguíneos ya se conocía en el momento en que recibieron las vacunas.
El juicio debía comenzar el viernes en la Corte Superior de Londres, pero a 12 de los perjudicados o a los familiares de los fallecidos se les dijo que era muy poco probable que el caso en su conjunto pudiera prosperar si sus demandas se mantenían porque AstraZeneca publicó un folleto advirtiendo de la posibilidad de coágulos sanguíneos potencialmente mortales a partir del 7 de abril de 2021, unos tres meses después del lanzamiento de la vacuna.
Uno de los que se vio obligado a abandonar es Gareth Eve, el marido de la presentadora de radio de la BBC Lisa Shaw, que murió a los 44 años por complicaciones provocadas por la vacuna. El Sr. Eve compartió su frustración en la plataforma de redes sociales X.
«De todos modos, seguiré presionando para obtener el apoyo que todos merecemos», dijo, etiquetando a la secretaria de Salud, Victoria Atkins, y a varios periodistas de la BBC y la LBC que habían promovido la narrativa «segura y eficaz» sobre la vacuna que mató a su esposa.
En una publicación en la que compartió un enlace a un artículo en The Telegraph, Eve acogió con satisfacción la noticia de que AstraZeneca supuestamente admitió que su vacuna puede causar muertes y daños en los casos en curso.
Dijo: «Desafortunadamente, el caso de mi esposa Lisa ya no puede ser parte de esta acción. Espero que los casos restantes tengan éxito».
Y añadió: «Lo único que pido es la oportunidad de hablar con el Gobierno y con AstraZeneca. Esto se podría solucionar con una conversación. Por favor, tómense el tiempo para escucharnos».
Según se informa, AstraZeneca admitió en documentos judiciales que su vacuna puede causar un tipo de coagulación sanguínea llamada trombocitopenia trombótica, —que mató a varias de las víctimas—, pero argumenta que esto puede ocurrir sin vacunación, algo que los que presentan el caso cuestionan.
Un folleto afirmaba que los coágulos eran «muy raros»
El gigante farmacéutico se remite a un folleto informativo sobre la seguridad del paciente publicado en abril de 2021 que advierte sobre la posibilidad de que se produjeran coágulos sanguíneos «raros», que podrían causar lesiones graves e incluso la muerte.
El documento, que debía estar disponible en los centros de vacunación, advertía que «se observaron casos extremadamente raros de coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas tras la vacunación con la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca».
Los abogados creen que esto podría proteger a la empresa farmacéutica contra los casos presentados por familias cuyos familiares recibieron una dosis suministrada después del 7 de abril de 2021.
Vikki Spit, que todavía está involucrada en el reclamo y cuya pareja, conocida como Z, murió después de recibir la vacuna, confirmó a The Epoch Times que algunas familias se habían visto obligadas a abandonar sus casos.
Su pareja de 20 años, un músico, recibió su única dosis de la vacuna AstraZeneca el 5 de mayo de 2021, pero el lote del que procedía su dosis fue entregado al centro de vacunación antes del 7 de abril, por lo que aún puede reclamar.
La Sra. Shaw recibió su única dosis de la vacuna AstraZeneca el 29 de abril de 2021, —casi una semana antes de que Z recibiera la suya—, pero su esposo retiró su reclamo debido a la fecha de entrega posterior del lote del que recibió su dosis mortal.
La Sra. Shaw y Z estaban en el mismo hospital al mismo tiempo, el Royal Victoria Infirmary en Newcastle, y sus parejas en duelo se hicieron amigos más tarde a través del grupo de apoyo Vaccine Injured and Bereaved UK.
La Sra. Spit dijo a The Epoch Times: «Afortunadamente, sigo con la reclamación. Pero estoy absolutamente devastada por aquellos que se han quedado atrás. Esperamos poder incluirlos de alguna manera».
Dijo que el «tecnicismo» del folleto significaba que «la responsabilidad recae en los afectados y fallecidos por la vacuna» en lugar de en la compañía farmacéutica.
«Creo que para ellos se trata más de la reputación de la marca que del dinero. Podrían darse el lujo de pagar a la gente y llegar a un acuerdo extrajudicial, pero eso significaría admitir responsabilidad, por lo que buscarán cualquier excusa para evitarlo».
La Sra. Spit dijo que también cree que «las compuertas podrían abrirse» para muchas más reclamaciones, que aún no han sido aceptadas, posiblemente porque la causa de muerte en los certificados de defunción de las personas no se ha indicado como relacionada con la vacuna.
«Lo aplicaron primero a las personas mayores, por lo que las muertes fueron menos obvias que cuando se administró a grupos de edad más jóvenes», dijo.
«Es un vacío legal para evitar asumir responsabilidades. Es horrible».
Ley de protección al consumidor utilizada
El gobierno otorgó una indemnización legal a todas las empresas farmacéuticas que fabricaban las vacunas como condición para su suministro, lo que hizo muy difícil demandar a los fabricantes.
La demanda colectiva se está interponiendo en los tribunales civiles, y las víctimas están representadas por la abogada Leigh Day, que argumenta que las vacunas eran un producto «no apto para su propósito» según la Ley de Protección al Consumidor.
El gobierno dijo anteriormente, en respuesta a una petición para revocar la indemnización de los fabricantes, que «no puede comentar sobre las condiciones en las que se suministraron las vacunas contra COVID-19, ya que son confidenciales».
Todas las vacunas fueron autorizadas por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios bajo autorización de uso de emergencia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la propagación del virus COVID-19 como una «pandemia», a pesar de que la OMS había declarado que la enfermedad era una de «consecuencias no graves» justo antes de que se anunciara el primer bloqueo en el Reino Unido.
La vacuna de AstraZeneca fue retirada de su uso en varios países una vez que quedó claro que estaba causando muertes y daños graves a las personas. Su uso en el Reino Unido se retiró para los grupos de edad más jóvenes, y las otras marcas de vacunas, principalmente de Pfizer y Moderna, se ofrecieron a los menores de 30 años a partir de abril de 2021 y a los menores de 40 años el mes siguiente.
Tras dos casos de prueba el año pasado, se presentaron 63 casos en total ante el tribunal, pero ahora 12 han abandonado y 51 reclamaciones están en curso, según personas familiarizadas con el caso que han hablado con The Epoch Times.
La carga de la prueba para quienes deseaban formar parte del caso judicial era alta, ya que la vacuna tenía que haber figurado en el certificado de defunción como causa de muerte en el caso de los fallecidos, o los perjudicados por las vacunas tenían que tener un diagnóstico oficial de un conjunto específico de condiciones con profesionales médicos que estén de acuerdo en que el daño fue causado por las vacunas.
La vacuna de Oxford AstraZeneca no es una vacuna de ARNm sino de vector viral, y se implementó con gran fanfarria en enero de 2021, cuando el gobierno instó a la población del Reino Unido a «dar un paso al frente» y vacunarse, alegando que reduciría la transmisión y protegiendo al individuo.
Desde entonces, el gobierno admitió que las vacunas hicieron poco para reducir la transmisión, aunque los funcionarios sostienen que salvaron «millones» de vidas al supuestamente reducir la gravedad de los síntomas.
Miles de personas rechazadas por pagos del gobierno
Se cree que las familias e individuos involucrados en la demanda judicial, incluidos aquellos que ahora han abandonado, recibieron un pago de 120 mil libras por parte del gobierno a través del Plan de Pago de Daños por Vacunas (VDPS), que solo se otorga en los casos en que se demostró que al menos el 60 por ciento de la discapacidad fue causada por una vacuna.
Miles de personas más han solicitado el VDPS, pero sus solicitudes fueron rechazadas por no alcanzar el umbral del 60 por ciento de discapacidad, a pesar de que pueden quedar con problemas de salud graves y permanentes e incapacitados para trabajar.
El diputado Sir Christopher Chope está intentando que la Cámara de los Comunes apruebe un proyecto de ley privado para reformar el VDPS, pero aún no se debate y es posible que no se le dé tiempo en el Parlamento actual antes de las próximas elecciones generales.
Sir Christopher formuló una pregunta en la que pedía al Ministerio de Sanidad la fecha en que se retiró del uso la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido. La respuesta que recibió de la ministra Maria Caulfield no reconoce ningún problema con la vacuna y afirma que el contrato con el gigante farmacéutico se rescindió porque se consideraba que sus competidores ofrecían una mejor protección.
La respuesta de la Sra. Caulfield dice: «AstraZeneca completó su acuerdo de suministro de vacunas contra COVID-19 con el Gobierno en 2022. Desde el inicio del programa de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en septiembre de 2021, en consonancia con el asesoramiento del Comité Conjunto de Vacunas e Inmunización ( JCVI), las vacunas implementadas en el programa nacional fueron principalmente vacunas de ARNm que se consideró que proporcionaban una fuerte respuesta de refuerzo».
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados de Leigh Day y con AstraZeneca para solicitar comentarios.
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