Desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad.
Almagro remitió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el informe presentado este martes por un grupo de expertos que él mismo designó y que concluye que Maduro, miembros del Gobierno de Venezuela y de sus Fuerzas Armadas han cometido este tipo de crímenes con la «intención política» de ejercer el «control social» sobre el pueblo.
El excanciller uruguayo envió esa información a título individual ya que la OEA no tiene capacidad como institución para presentar un caso ante la CPI y porque ninguno de los países firmantes del Estatuto de Roma (28 en el continente americano), el tratado fundacional de ese tribunal, ha denunciado a Venezuela.
Al haber solicitado Almagro la investigación a título individual, la Fiscalía de la CPI debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces para abrirla.
El informe enviado a la CPI afirma que existe un «fundamento razonable» para considerar que el pueblo venezolano ha sido víctima de «asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual, detenciones, persecución y desapariciones forzosas», y así se lo transmitió Almagro a Bensouda en una carta.
El informe señala como responsables de los crímenes a Maduro, a su vicepresidente, Tareck el Aissami, al ex vicepresidente Jorge Arreaza (2013-2016), al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como a otros líderes chavistas y militares.
«Hay un compromiso esencial que nos impulsa en nuestro esfuerzo por mantener al mundo libre de crímenes contra la humanidad», dijo Almagro en su carta, en la que solicitó a Bensouda que tome en consideración el informe.
Además de la petición a Bensouda, Almagro instó a los países firmantes del Estatuto de Roma que también denuncien ante la Fiscalía de la CPI al Gobierno de Maduro, lo que provocaría la apertura automática de una investigación, aunque hasta la fecha ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo.
La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, y siempre que quede demostrado que la Justicia venezolana no los está investigando.
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