Los principales líderes republicanos en tres paneles de la Cámara de Representantes están investigando al Departamento de Justicia (DOJ) en busca de respuestas sobre un presunto «trato favorecedor» que la agencia le dio a Hunter Biden.
En una carta al fiscal general Merrick Garland, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan (R-Ohio), el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (R-Ky.), y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith (R-Mo.) exigieron una explicación sobre varias disposiciones «atípicas» en el acuerdo de culpabilidad del DOJ con el Sr. Biden (pdf).
“Dados los eventos inusuales recientes relacionados con la declaración de culpabilidad del Departamento y los acuerdos de desviación previos al juicio con el Sr. Biden, escribimos para comprender mejor la decisión del Departamento respecto a su firma de acuerdos aparentemente atípicos”, escribieron.
En 2018, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició una investigación sobre el Sr. Biden y, en última instancia, recomendó tres cargos fiscales por delitos graves, según los investigadores y denunciantes del IRS, Gary Shapley y Joseph Ziegler.
Los fiscales en cambio le ofrecieron a Biden un trato que los republicanos denunciaron como un simple «tirón de orejas». En la versión inicialmente presentada al público, el Sr. Biden se declararía culpable de dos delitos fiscales menores y se le eliminaría un cargo de armas de fuego por un delito grave no relacionado a través de un programa de desvío previo al juicio.
A pesar de las críticas, se esperaba que el acuerdo pasara sin problemas por un tribunal federal durante una vista celebrada el 26 de julio. Pero se enfrentó a la oposición de la juez Maryellen Noreika, que consideró que el acuerdo «no era estándar» y señaló que era mucho más amplio que otros acuerdos de este tipo, y mucho más amplio que el acuerdo presentado por primera vez al público.
En lugar de borrar sólo el cargo de armas de fuego, el acuerdo de desviación previa al juicio ofrecido al Sr. Biden por los fiscales del DOJ daría al hijo del presidente Joe Biden inmunidad casi ilimitada de otros delitos fiscales, de drogas o de armas de fuego cometidos entre 2014 y 2019, mucho más amplio que el alcance relativamente limitado del acuerdo presentado inicialmente al público, por el que la desviación previa al juicio sólo se referiría al cargo de armas de fuego del Sr. Biden.
La jueza Noreika dijo que le preocupaba que la naturaleza «amplia» del acuerdo podría limitar las opciones del gobierno para continuar con casos futuros con nuevas pruebas, incluidas posibles violaciones a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros por parte del Sr. Biden.
Acusó a los abogados de intentar que ella «diera su visto bueno» al peculiar acuerdo retorciendo las normas de los tribunales penales federales para dejarla «fuera» del proceso.
En su carta al Sr. Garland, los presidentes republicanos solicitaron una explicación sobre las secciones del acuerdo que les parecían particularmente extrañas o atípicas, lo que, según dijeron, planteaba «serias preocupaciones» sobre el manejo de la investigación por parte del Departamento de Justicia.
Amplia inmunidad legal
Los republicanos plantearon preguntas sobre una sección del acuerdo de desvío previo al juicio que otorgaría a Biden una inmunidad legal amplia por cargos no relacionados con el cargo de arma de fuego, que inicialmente se informó como el único cargo cubierto por el acuerdo de desvío.
“Los Estados Unidos se comprometen a no procesar penalmente a Biden, fuera de los términos de este acuerdo, por cualquier delito federal comprendido en la Declaración de Hechos adjunta… y la Declaración de Hechos adjunta como Anexo 1 al Memorando de Acuerdo presentado este mismo día», decía el acuerdo.
En otras palabras, el estado renunció a su derecho de enjuiciar al Sr. Biden por cualquier cargo relacionado con los hechos presentados ante el tribunal como parte del acuerdo de desviación, que los abogados explicaron más tarde le daría al Sr. Biden inmunidad casi total de enjuiciamiento por impuestos y otros delitos cometidos entre 2014 y 2019. Este alcance era mucho más amplio que el presentado inicialmente al público por el DOJ.
La juez Noreika señaló que esta disposición no tenía precedentes.
Le preguntó al fiscal principal, Leo Wise, si «tenía algún precedente para aceptar no procesar delitos que no tienen nada que ver con el caso o los cargos que se están desviando».
«No estoy al tanto de ninguno, Su Señoría», respondió el Sr. Wise.
«¿[Había] visto alguna vez un acuerdo de desviación donde el acuerdo de no enjuiciar es tan amplio que abarca delitos en un caso diferente?», preguntó la juez.
«No», respondió el Sr. Wise.
Un juez arbitra el incumplimiento de un acuerdo de remisión
Normalmente, los acuerdos de desvío previo al juicio estipulan que cualquier inmunidad provista por el acuerdo puede eliminarse si el DOJ determina que se ha producido un incumplimiento del acuerdo.
En este caso, sin embargo, el DOJ aparentemente está tratando de renunciar a este derecho, solicitando en cambio que la juez Noreika actúe como árbitro de cualquier alegación de incumplimiento.
Eso significa que, a menos que la juez Noreika determine que se ha violado el acuerdo de desviación previo al juicio, “no se pueden presentar cargos penales [contra el Sr. Biden] por el cargo de arma o cualquier otro cargo federal dentro del alcance del acuerdo”.
Este arreglo le pareció extraño a la juez Noreika.
Durante la audiencia, le preguntó al Sr. Wise si él “[tenía] alguna autoridad para que algún tribunal haya aceptado eso o dicho que lo harían”.
«No», confesó el Sr. Wise.
En virtud de la separación de poderes, los tribunales no están autorizados a presentar cargos; esa es una facultad que se deja al poder ejecutivo y a sus oficinas subordinadas. El papel de los jueces y del poder judicial, a su vez, es llevar a cabo el proceso legal después de que los cargos hayan sido presentados por los actores del poder ejecutivo.
Pero ante la naturaleza de este acuerdo, la jueza Noreika dijo: Podría llevarme a «salirse de mi carril en términos de lo que se me permite hacer».
En otras palabras, la jueza Noreika dijo que el acuerdo planteaba preocupaciones constitucionales, ya que podría hacer que tome decisiones sobre si presentar cargos o no, una prerrogativa estrictamente del poder ejecutivo.
Chris Clark, el abogado principal del Sr. Biden, sugirió que el acuerdo era necesario dada la naturaleza «política» del caso, sugiriendo la preocupación de que un DOJ dirigido por los republicanos podría optar por revivir el caso contra el Sr. Biden si la salvaguardia judicial no estuviera en su lugar.
“Preocupaciones graves”
Los republicanos dijeron que, individualmente, estas disposiciones plantearon «serias preocupaciones» sobre el manejo de la investigación al Sr. Biden por parte del Departamento de Justicia.
«Pero cuando se consideran en conjunto, las disposiciones parecen ser aún más preocupantes», escribieron.
En condiciones normales, señalaron los presidentes republicanos, la disposición de inmunidad ofrecida por los fiscales se incluiría en un acuerdo de culpabilidad estándar, que está sujeto a revisión judicial. Sin embargo, los fiscales trataron de incluir el trato en el acuerdo de desvío por separado, en un aparente esfuerzo por limitar el poder de la juez para rechazarlo.
La extraña ubicación de esta disposición de inmunidad en un acuerdo de desvío separado, no revisado judicialmente, dijeron, “beneficia al Sr. Biden”.
Asimismo, escribieron que el DOJ “benefició al Sr. Biden al renunciar a su capacidad unilateral de presentar cargos en su contra si concluye que ha incumplido el acuerdo de desviación previo al juicio.
«En su lugar, se ha impuesto la carga de obtener el permiso del Tribunal de Distrito para presentar cargos, a pesar de que el Tribunal de Distrito normalmente no tiene ningún papel en la vigilancia de un acuerdo de desviación previo al juicio de esa manera. Así, el Tribunal de Distrito es aparentemente eliminado de la ecuación cuando ayuda al Sr. Biden e insertado en la ecuación cuando ayuda al Sr. Biden”.
Los republicanos dijeron que les preocupaba que las afirmaciones del Departamento de Justicia, con respecto a que la investigación sobre el Sr. Biden está «en curso», tienen simplemente la intención de proteger al Sr. Biden de la investigación del Congreso, ya que el Departamento de Justicia tiene amplia inmunidad para cumplir con las solicitudes de información del Congreso sobre las investigaciones en curso.
«En ese sentido, fue notable que el abogado del Sr. Biden declarara en la audiencia que entendía que la disposición de inmunidad en el acuerdo de desvío previo al juicio impediría al Departamento presentar cargos contra el Sr. Biden en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros», escribieron, citando una parte dramática de la audiencia cuando el acuerdo casi se vino abajo debido a un aparente desacuerdo sobre el alcance del acuerdo de desvío. Parecía que el Sr. Clark tenía la impresión de que el Sr. Biden estaría protegido de la persecución debido a violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros por el acuerdo.
«Es difícil entender cómo las partes no llegaron a un acuerdo sobre una cláusula del acuerdo tan fundamental como el alcance de la disposición de inmunidad, y plantea interrogantes sobre las conversaciones mantenidas entre el Departamento y el abogado de Biden en relación con el estado de esas investigaciones», escribieron los republicanos.
Dijeron que estas irregularidades son particularmente preocupantes a la luz del testimonio del Sr. Shapley y el Sr. Ziegler. Los denunciantes han afirmado que el Departamento de Justicia le ha dado consistentemente al Sr. Biden un «trato preferencial» en el transcurso de la investigación sobre él.
Para ello, adjuntaron al escrito una serie de preguntas y solicitudes de documentación.
En primer lugar, solicitaron información sobre la similitud de los acuerdos de desvío adjudicados por un juez en lugar del propio DOJ.
También buscaron información sobre a cuántos casos podría dirigirlos el Departamento de Justicia en los que un acuerdo de desvío otorgaba inmunidad frente a cargos distintos de los que se estaban desviando.
Los republicanos también preguntaron si estas disposiciones fueron sugeridas por la oficina del fiscal federal o por los abogados de Biden.
Por último, solicitaron una serie de documentos relacionados con casos anteriores similares al de Biden.
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