Un proyecto de ley que permitiría a los estudiantes inmigrantes ilegales trabajar en colegios y universidades de California fue aprobado por la Asamblea estatal el 22 de mayo.
Actualmente, los estudiantes deben obtener un permiso de trabajo para ocupar puestos de trabajo en los campus. Eso cambiaría bajo el Proyecto de Ley 2586, presentado por el asambleísta David Álvarez de San Diego.
«Estados Unidos siempre ha prometido que si trabajas duro, tendrás la oportunidad de triunfar», dijo el legislador el 24 de mayo en un comunicado. «Crear estas vías para asegurar el empleo es esencial».
El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 59 votos a favor 4 en contra.
Según el proyecto de ley, las escuelas no pueden descalificar a un estudiante para un empleo por no proporcionar prueba de una autorización de trabajo federal a menos que la ley federal lo requiera específicamente para un puesto o como condición de un subsidio que financie el puesto.
Si el proyecto de ley se promulga, los sistemas de la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de California (CSU) y el Colegio Comunitario de California (CCC) no aplicarían la prohibición federal de contratar a inmigrantes ilegales.
La legislación se basa en la premisa de que las universidades públicas de California deben estar exentas de la Ley federal de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, que impide a los empleadores contratar a sabiendas a inmigrantes ilegales.
Cuando el Congreso aprobó la ley, «no restringió el poder histórico de los estados para determinar las calificaciones laborales de los empleados estatales. Como resultado, la prohibición [de la ley] de contratar a personas indocumentadas no vincula a las entidades gubernamentales estatales», escribió el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA en un memorándum publicado en 2022.
Si se aprueba, los tres sistemas comenzarán a implementar el cambio antes del 6 de enero de 2025.
Un análisis del proyecto de ley citó la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU. de 2023, que estima que California tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios inmigrantes ilegales del país, con alrededor de 83,000 en todos sus sistemas de educación superior.
«Estos estudiantes han cumplido con su obligación y están listos para ser nuestros futuros maestros, científicos, médicos y servidores públicos», dijo Álvarez, el asambleísta.
Si bien la UC no adoptó una postura sobre el proyecto de ley, y el presidente Michael Drake emitió una declaración en enero declarando que no era factible por varias razones.
Según el Sr. Drake, los empleados podrían enfrentarse un proceso penal o civil por participar conscientemente en prácticas prohibidas por la ley federal, y la UC podría incurrir en multas civiles, sanciones penales o ser excluida de contratos federales por violar la ley de reforma migratoria. También podría perder miles de millones de dólares en contratos y subsidios federales sujetos a su cumplimiento.
«Hemos llegado a la conclusión de que la vía legal propuesta no es viable en este momento y, de hecho, conlleva un riesgo significativo para la institución y para aquellos a quienes servimos», dijo el presidente.
Actualmente, el proyecto de ley está a la espera de ser asignado a un comité del Senado estatal.
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